El grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados está trabajando en una ley para que las empresas que deslocalicen su producción o su sede de España, como Ferrovial, tengan que devolver las ayudas públicas con intereses. La idea, aseguran fuentes de la formación, es registrarla en los próximos días como Proposición de Ley.

El texto en el que trabaja el partido morado obligaría a las empresas a devolver "ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país", pagando asimismo los intereses de demora. 

"Los españoles y las españolas salvamos con dinero público de nuestros impuestos a Ferrovial durante la pandemia mediante el mecanismo de los ERTE, por poner tan solo un ejemplo de las múltiples ayudas públicas que ha recibido esta multinacional a lo largo de las últimas décadas", ha recordado el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique.

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Las mismas fuentes del grupo parlamentario recuerdan "la necesidad de que España lidere los esfuerzos en el seno de la Unión Europea para homogeneizar los tipos impositivos en el conjunto de la unión". Sobre todo, en el partido hacen especial hincapié en el impuesto de sociedades, dicen, "para acabar con el dumping fiscal entre Estados miembros".

"Si ahora quieren abandonar el país que les ayudó a crecer y que sujetó su actividad económica en los peores momentos para pagar menos impuestos, por lo menos que devuelvan las ayudas. Estoy seguro de que cualquiera que se autodenomine patriota estará de acuerdo con este planteamiento", recordaba Echenique.

Decisión "nefasta"

Unidas Podemos aprovecha así la polémica en torno al traslado de sede de Ferrovial a Países Bajos para recuperar su mensaje contra el sector empresarial, al que reclama una misma fiscalidad dentro de toda la Unión Europea. En esta línea se pronunció la ministra de Derechos Sociales y secretaria general del partido, Ione Belarra, quien defiende que "no hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas cuando las cosas van mal" para luego, "cuando te van bien, irte a un paraíso fiscal para no pagar impuestos".

A primera hora de este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hizo frente común con los morados mostrando su rechazo a la decisión de Ferrovial, la cual ha tachado de "nefasta". La también ministra de Trabajo ha recordado que "Ferrovial se acogió a varios ERTE" durante la pandemia, en línea con Echenique.

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"Les hemos salvado con dinero público", ha sentenciado minutos antes de hacer un llamamiento a que la multinacional mantenga "todos los puestos de trabajo" que genera en España, así como todas las inversiones que tiene en este país. La vicepresidenta no ha querido ir tan lejos como los dirigentes de Podemos, pero ha señalado que "el Gobierno de España tiene que actuar".

Por su parte, el ala socialista del Ejecutivo considera que la decisión adoptada por Ferrovial no se debe a los argumentos que ha esgrimido la empresa (la falta de "seguridad jurídica" en España), sino que obedece al interés "personal" del presidente ejecutivo de la empresa, Rafael del Pino, para poder sortear el impuesto a las grandes fortunas aprobado a finales de 2022.