El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) da la razón al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y allana el camino para una nueva euroorden por malversación contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y contra sus exconsellers Lluís Puig y Toni Comín (fugados en Bélgica desde octubre de 2017) por su participación en el procés.
En una sentencia hecha pública este martes, el TJUE ha dictaminado que Bélgica no puede denegar la entrega de Puigdemont alegando que el Tribunal Supremo no es competente para juzgarle y que por ello existe un riesgo de que se vulnere su derecho a un juicio justo.
El fallo señala que la justicia belga no es quién para examinar si el Supremo es o no competente para ocuparse del procés. "La autoridad judicial de ejecución no puede comprobar si una euroorden ha sido emitida por una autoridad judicial que era competente a tal efecto en virtud del derecho nacional del Estado miembro emisor y negarse a ejecutarla cuando considere que no es así", apunta.
[El juez Llarena mantiene procesado a Puigdemont por el tipo de malversación más grave]
El único motivo por el que la justicia belga podría negarse a ejecutar una euroorden contra el expresidente catalán es si tiene pruebas de que en España "hay deficiencias sistémicas o generalizadas que afectan a su sistema judicial". O si existen "deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado".
Durante la vista de este caso, la Comisión Europea aseguró que en España no existen problemas generales de independencia judicial, algo que reconoce incluso Bélgica. Únicamente si constata estas deficiencias sistémicas en nuestro país, la justicia belga podría pasar a una segunda fase y analizar "de modo concreto y preciso" si "existen razones serias y fundadas" para crear que Puigdemont corre el riesgo de que se vulnere su derecho a un juicio justo en caso de ser entregado.
El fallo, dictado por la Gran Sala de 15 jueces, recuerda que "los principios de confianza y de reconocimiento mutuos entre los Estados miembros constituyen la piedra angular del sistema de cooperación judicial de la euroorden". La denegación de la entrega "debe tener carácter excepcional".
Fallo vinculante
Llarena ha decidido aplicar la derogación de la sedición a Puigdemont y Comín a raíz de la reforma del Código Penal promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero mantiene el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig por el tipo de malversación más grave. El juez del Supremo dejó sin efecto las euroórdenes contra ellos, pero ha anunciado otras nuevas dependiendo de la decisión de la justicia europea sobre la inmunidad y la cuestión prejudicial que él mismo planteó al TJUE.
La sentencia hecha pública este martes responde precisamente a esta cuestión prejudicial y lo hace avalando las tesis de Llarena. El fallo tiene carácter vinculante, lo que significa que los jueces de Bélgica que tramiten el caso de Puigdemont (y que hasta ahora se han resistido a entregarlo a España) estarán obligados a aplicarlo.
No obstante, en el caso de Puigdemont y Comín todavía falta la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la inmunidad como eurodiputados de Puigdemont y Comín. Esta sentencia todavía no tiene fecha, pero se prevé que se publique durante el mes de marzo. En cambio, la sentencia de este martes sí tendrá un impacto inmediato sobre Lluís Puig, que carece de inmunidad por no ser eurodiputado y está acusado de malversación.
De hecho, Llarena planteó la cuestión prejudicial a Luxemburgo a raíz del caso de Puig, cuya entrega a España fue denegada por el Tribunal de Apelación de Bruselas en enero de 2021. La justicia belga alegó que el Tribunal Supremo no era el competente para examinar su caso y que existía un riesgo de que se vulnerara su presunción de inocencia.
Tras conocer la decisión, Llarena decidió llevar el caso al TJUE para tratar de evitar una resolución similar de la justicia belga en los casos de Puigdemont y Comín, cuyas euroórdenes se habían paralizado por su inmunidad como eurodiputados. El juez del Supremo preguntó también a la justicia europea si puede emitir una nueva euroorden contra Puig.
A esta última cuestión, la justicia europea dictamina que "pueden emitirse varias ordenes europeas de detención y entrega contra una persona buscada con el fin de obtener su entrega por un Estado miembro después de que dicho Estado se haya negado a ejecutar una primera euroorden dirigida contra esa persona". El fallo añade que la ejecución de la nueva euroorden no debe dar lugar a una vulneración de derechos y su emisión debe tener "carácter proporcionado".