Moncloa ni siquiera se toma en serio las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre una supuesta oferta de diálogo para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La estrategia del Gobierno pasa ahora sólo por aprobar en las próximas semanas la proposición de ley para renovar el Tribunal Constitucional en enero, lo antes posible.
Además, una vez que explotó la crisis el lunes por la decisión del tribunal de frenar la tramitación de la reforma, Moncloa dio ayer instrucciones para desinflamar el tono y buscar la salida más rápida posible, cumpliendo los requisitos exigidos por el tribunal con una nueva proposición de ley.
Fuentes del Gobierno admiten que fue un error tramitar la reforma del TC como enmiendas a los cambios del Código Penal. En público no hay tal autocrítica, pero en privado algunos ministros admiten el error de haber propiciado que el PP recurriera y el TC le diera la razón.
[El PSOE presentará esta semana como proposición de ley la reforma que ha tumbado el TC]
Esa forma de legislar se ha repetido en los últimos años, por ejemplo, evitando informes para reformas legales complejas.
También el líder del PP intentó ayer transmitir un mensaje de propuesta de acuerdo y petición de moderar el lenguaje.
Por supuesto, la renovación del CGPJ se da por perdida para lo que queda de legislatura. Como mínimo, no habrá nuevo CGPJ hasta 2024, tras las elecciones generales, lo que supone que estará en situación precaria más de cinco años, todo un mandato completo.
El único objetivo ya del Gobierno es cambiar la mayoría del Constitucional, para que cambie de conservadora a progresista, incluyendo la elección de Cándido Conde Pumpido como presidente durante el mes de enero.
Las condiciones del PP
Fuentes del Gobierno explican que la propuesta del líder del PP incluye una serie de condiciones que son inasumibles para el Ejecutivo y, además, son diferentes a las que durante los últimos cuatro años han puesto para no acordar la renovación.
Esas condiciones incluyen el cambio del sistema de elección de vocales del CGPJ, lo que supone volver unas cuantas pantallas atrás, puesto que el PP ya había renunciado a esa exigencia en los últimos intentos de negociación. Lo mismo ocurre con la petición de que renuncie a reformar normas como el Código Penal para rebajar los delitos de sedición y malversación.
Según el Gobierno, eso sería ceder a la oposición, a la minoría de la Cámara, la capacidad para condicionar la actividad legislativa. Feijóo ya ha ganado la suspensión del trámite de las enmiendas de reforma del CGPJ y el Ejecutivo no le va a conocer ningún triunfo más.
Obviamente, el PP mantendrá su oposición a la aprobación definitiva este jueves en el Senado de la reforma del Código Penal para rebajar los delitos de sedición y malversación. Y quedará a la espera de ver su efecto en causas abiertas o sentencias ya firmes.
También mantendrá su oposición a la reforma de la ley orgánica del CGPJ para facilitar la renovación del Constitucional. De hecho, ya ha anunciado que la llevará al Tribunal, pero ese fallo se producirá ya con mayoría progresista, según el cálculo de Moncloa.
Esa reforma legal facilita que el CGPJ proponga dos magistrados, que unidos a los dos ya propuestos por el Gobierno, renueve los cuatro con mandato “caducado”.
Se rebaja de mayoría cualificada a mayoría simple, se establece un nuevo sistema de votación que no exige acuerdos, se elimina el plácet del TC a los magistrados propuestos y se permite la renovación por partes. También se advierte a los vocales del Consejo por posible responsabilidad si no abordan los nombramientos.
En medio de la crisis institucional, Pedro Sánchez se dio la alegría de ver aprobados definitivamente en el Senado los Presupuestos para 2023, los terceros de la legislatura.