El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culminado este viernes el cambio de normas básicas que establecen el funcionamiento del Estado democrático al impulsar la reducción de penas por delitos de corrupción y las leyes que establecen la designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
Además, lo ha hecho mediante enmiendas a una proposición de ley, que en algún caso es totalmente ajena al asunto; obviamente sin informes de órganos consultivos y con extrema celeridad.
También con recelos y sorpresa de dirigentes del PSOE, especialmente los que se la juegan en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, que temen que puedan pagar el posible rechazo a estas decisiones.
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Respecto a la corrupción, Moncloa ha negociado y pactado con ERC una enmienda a la proposición de ley que elimina el delito de sedición, con el fin de favorecer a los implicados y a los condenados por el procés independentista de 2017 en Cataluña.
La enmienda pactada reduce las penas previstas para la malversación sin ánimo de lucro, es decir, para el uso indebido de dinero público sin que el acusado se llevara el dinero a su bolsillo.
Es el primer Gobierno de la historia constitucional que reduce penas por corrupción. Lo hace para cumplir los acuerdos con ERC, para lo que el Ejecutivo y los independentistas llaman "desjudicializar" el procés y sus consecuencias.
La reforma permitirá que Oriol Junqueras pueda volver a presentarse a las elecciones dentro de un año; beneficiará a Carles Puigdemont y otros huidos (exiliados, según terminología independentista), además, de exaltos cargos catalanes pendientes de juicio.
Está por ver si los tribunales aplican esta reforma legal a casos ya juzgados como el del expresidente del PSOE y la Junta de Andalucía José Antonio Griñán o pendientes de juicio como el de la llamada operación Kitchen, en el que se usaron fondos públicos para encubrir un caso de corrupción del PP.
Para tapar esta operación, el PSOE y Unidas Podemos han presentado una enmienda que endurece el enriquecimiento ilícito de altos cargos. Es un señuelo, porque no hay ningún caso reciente de enriquecimiento ilícito de alto cargo que haya quedado impune o que haya provocado controversia pública. Sí hay casos de malversación sin lucro.
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Reformas en el TC
El otro bloque de reformas se refiere a la renovación del Tribunal Constitucional. Con el argumento de que el PP mantiene bloqueada desde hace cuatro años la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que este órgano retrasa cumplir la ley que le obliga a designar dos magistrados del TC, el Gobierno cambia las reglas para esa elección. Lo hace también con enmiendas a la proposición sobre el delito de sedición que nada tiene que ver con el TC.
Se establecen plazos para esa designación en el CGPJ, con advertencia de responsabilidad penal si no se hace; se rebajan al mínimo las mayorías necesarias y se eliminan garantías como la intervención del TC para certificar la idoneidad de los candidatos.
De esta forma, podrán incorporarse al TC los dos desígnados por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa, Laura Díez.
La conclusión es que el sector progresista tendrá mayoría en el TC en cuanto se apruebe la reforma legal, con Cándido Conde Pumpido como presidente.
Ya antes Sánchez usó procedimientos similares para reducir las funciones del CGPJ sin renovar y luego para permitirle nombrar magistrados del TC. Y antes quiso rebajar la mayoría para renovar el CGPJ, pero Bruselas se lo impidió.
La proposición de ley, pese a afectar a normas básicas de la democracia, se tramitará con urgencia en el Congreso y el Senado, con la intención de estar en vigor a principios de 2023.
La reforma de la malversación la han negociado Moncloa y ERC desde hace meses. Sin embargo, los portavoces del PSOE y del Gobierno siempre lo han negado hasta ahora.