El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que se llevará a cabo la rebaja del delito de sedición. Lo impulsará el PSOE, en el Congreso de los Diputados, registrando este viernes una iniciativa legislativa junto a Unidas Podemos.
Sánchez ha anunciado, en una entrevista en La Sexta, que será renombrado en el Código Penal como un delito de desórdenes públicos agravados. Ha defendido que es un compromiso al que ya llegó en su discurso de investidura, con el objetivo de que sea "homologable a otras democracias europeas".
El presidente ha puesto el ejemplo de países como Alemania, Francia o Bélgica como modelo a seguir. En el caso alemán, el delito está tipificado con cinco años de prisión.
Esa tipificación de cinco años es justo por la que aboga ERC. Por ejemplo, su presidente, Oriol Junqueras, podría ser candidato en las generales de 2023 si la sedición se rebajase a cinco años.
Sánchez, de todas formas, ha rechazado que la reforma se lleve a cabo para complacer a los independentistas catalanes. Ha defendido que siempre se ha posicionado a favor de llevar a cabo la modificación en cuanto hubiera "una mayoría parlamentaria" para hacerlo. La ha calificado como una "medida de distensión".
Ante la pregunta del periodista Antonio García Ferreras de si ello exoneraría al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Sánchez se ha mostrado tajante. "Tendrá que rendir cuentas, son delitos que continúan estando presentes en el Código Penal", ha dicho.
Otra de las defensas que ha esgrimido Sánchez para justificar la reforma, es que ha recordado que se trata de un delito que se arrastra desde el siglo XIX. Sin embargo, no ha mencionado que, desde entonces, se han llevado a cabo numerosas modificaciones del Código Penal.
Una de las más importantes tuvo lugar en 1995, con el PSOE en el Gobierno. Además, el suyo es el partido que más años ha gobernado y nunca hasta ahora había llevado a cabo tal modificación.
"Nada que ocultar"
Ferreras también ha preguntado a Sánchez si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dimitirá por la polémica que está reavivando estos días por los sucesos acontecidos el pasado verano en la valla de Melilla. El presidente ha respondido con un "no" rotundo.
El pasado 24 de junio, un grupo de inmigrantes intentó un asalto masivo a la valla y los hechos acabaron con 23 inmigrantes y dos gendarmes marroquíes muertos. Una reciente investigación de la cadena británica BBC parece apuntar a que hubo cadáveres que fueron arrastrados de la parte española de la valla a la marroquí y la Fiscalía española ha pedido todas las imágenes a la Guardia Civil.
Sánchez ha dicho que en la tragedia de Melilla "no tenemos nada que ocultar" y que Marlaska muestra un "respeto escrupuloso con la legalidad democrática", "colaborando y rindiendo cuentas en el Parlamento".
[La Fiscalía pide a la Guardia Civil todas las imágenes de la tragedia de la valla de Melilla]
Ha querido comparar la respuesta de su Gobierno, que califica de transparente, con la "opacidad" que llevó a cabo el anterior Ejecutivo, de Mariano Rajoy, en un suceso similar en 2014. Se refería a la tragedia de la playa El Trajal, en Ceuta, donde fallecieron 15 personas.
El presidente del Gobierno ha dicho que el ministro del Interior irá a las Cortes generales a dar las explicaciones correspondientes si los grupos piden su comparecencia, algo que ya ha sucedido.
No ha querido reconocer ningún error, ni por parte de España ni por parte de Marruecos, y se ha limitado a decir que fue "una tragedia que lamentamos" y de la que los únicos responsables son "las mafias que trafican con seres humanos".
En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno ha reconocido que el impuesto a la banca es "en principio temporal". De hecho, hoy se ha conocido que será extensible también a entidades extranjeras que operen en España, a pesar de las alertas del Banco Central Europeo.