Las enmiendas a la Ley Trans que el PSOE registró este lunes no han servido para acallar el debate interno en el partido, más bien todo lo contrario. Las feministas clásicas de la formación, agrupadas en torno a la asociación FeMeS, han emitido este martes un contundente comunicado en el que califican como "irresponsabilidad política" someter a aprobación el proyecto de ley que partió del Consejo de Ministros.
Denuncian un proceso oscurantista en la tramitación de la norma y arremeten contra la postura del partido frente a la cuestión fundamental de la autodeterminación de género y otras como la hormonación y cirugía en el caso de los menores y la Propuesta de Régimen Sancionador, que califican como una suerte de Ley Mordaza.
Con esas enmiendas, que tildan de "inaceptables", aseguran que "pasaremos de la opacidad en la elaboración de un proyecto de Ley, sin escuchar a los profesionales de la salud y la educación, a las familias ya afectadas por el contagio social trans y al movimiento feminista, a una mordaza impuesta a toda la ciudadanía".
Que FeMeS fije así su postura no es algo menor. La asociación congrega entre sus filas a unas 800 feministas del PSOE, todas militantes, entre las que destacan la consejera de Estado Amelia Valcárcel, la exministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández, la jurista Altamira Gonzalo y la exsecretaria de Igualdad del PSPV-PSOE, Rosa Peris, entre otras.
A pesar de que, tal y como ya contó este diario, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trató de llegar a una postura común con la exvicepresidenta y líder oficiosa del sector feminista Carmen Calvo, con los ministros Pilar Llop y Félix Bolaños como mediadores, el pronunciamiento de FeMeS evidencia que no se llegó a buen puerto. El cisma en el PSOE está lejos de cerrarse.
El punto que más molesta a estas feministas es la cuestión de la autodeterminación. Aunque el PSOE sí que la ha acotado en sus enmiendas -al decir que los menores de 16 años tienen que pasar por el juez para cambiar de sexo-, consideran que se queda corto y que se trata de poco más que de un maquillaje.
"Ni alteran ni modifican sustancialmente lo relativo a la autodeterminación de género para adultos y menores, al no introducir el PSOE ningún requisito legal para el tramo de personas mayores de 16 años. No existe ninguna garantía jurídica en este proceso de cambio registral de sexo", afirman en el comunicado.
También critican que no se prohíbe, tal y como se hace en otros países del entorno europeo, la hormonación ni la cirugía de reasignación de sexo para menores de edad. Otro de los puntos negros, según su opinión, es que tampoco se enmienda nada de lo que afecta a la Propuesta de Régimen Sancionador y la "inversión de la carga de prueba".
Este régimen sancionador busca amonestar algunas prácticas como las terapias de conversión. El problema es que las feministas consideran que es poco garantista por ser demasiado amplio tal y como está planteado y que puede derivar en castigar la propia opinión personal. Además, al invertir la carga de prueba, quien sea acusado de LGTBfobia tiene que demostrar su inocencia, y no al revés.
"Las enmiendas sobrepasan las líneas rojas", señalan. "Las consideramos inaceptables porque deja a los profesionales de la salud y el profesorado a los pies de los caballos, se desentienden de las familias que ya describen y cuestionan cómo se está abordando el contagio social de 'lo trans' en menores y adolescentes", subrayan. Y añaden: "El Grupo Socialista parece dar la espalda al movimiento feminista".
A la Comisión de Igualdad
Al anunciar sus correcciones, el PSOE se comprometió a no prorrogar más veces el plazo para presentar enmiendas en el Congreso de los Diputados, por lo que la Ley Trans aterrizará este miércoles en la Comisión de Igualdad que se encargará de su tramitación y aprobación. La misma está presidida, precisamente, por Carmen Calvo.
Conscientes de que con las enmiendas registradas ya no hay vuelta atrás, las feministas clásicas del partido ven en dicha Comisión la última oportunidad para que se tengan en cuenta sus planteamientos antes de la aprobación de la norma.
Exigen un debate pausado y plural en la misma, en el que se escuche a los expertos "del ámbito psicosocial, sanitario y educativo"; que se analicen en detalle las experiencias de Reino Unido, Suecia, Francia y "otros países que han frenado esta deriva inhumana" y que se escuche "a las madres y padres de hijos e hijas que han sufrido esta moda social inducida por los más oscuros intereses patriarcales".
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También piden que se abra un periodo de comparecencias en la Comisión que no esté condicionado por ninguna urgencia de calendario impuesta. Se refieren a las prisas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que exigió al PSOE que se comprometiese a tener la tramitación finalizada el próximo 18 de noviembre, como tarde, para que así entre en vigor antes de finalizar el año. Con ello se acortaría a dos semanas un debate que puede durar hasta dos meses.
El PSOE ya rechazó esta urgencia en declaraciones a este diario. "Lo vamos a hacer lo antes posible, pero vamos a tener el calendario que sea más propicio, no vamos a sacar nada adelante sin las garantías necesarias", aseguraron fuentes socialistas.
"Ningún Gobierno debe legislar de espaldas a la ciudadanía", siguen desde FeMeS, y "ningún Parlamento debe validar tramitaciones legislativas oscurantistas, negando la posibilidad de un debate plural y diverso".