Cuando faltaba únicamente la rúbrica del PP, el pacto para renovar el Poder Judicial saltó por los aires. Tras una conversación telefónica mantenida en la tarde de este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, las negociaciones quedaron "suspendidas".

El compromiso del Ejecutivo con ERC para reducir las penas del delito de sedición manifestado poco antes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, terminó provocando un cisma en el Partido Popular, que exige participar en la reforma del Código Penal.

"Feijóo ha ofrecido al presidente Sánchez abordar juntos cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, tal y como el propio presidente Sánchez prometió a los españoles cuando se presentó a las últimas elecciones", informó el Partido Popular en un comunicado. 

"Las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional", remarcó el principal partido de la oposición. 

Para la formación conservadora es una "una incongruencia insalvable" que el Gobierno quiera a la vez "reforzar" y "desproteger al Estado". Es decir, que se comprometa por un lado con el PP a dotar de más independencia a la justicia mientras que, por el otro, cede ante Esquerra para acometer cambios en el delito de sedición.

"Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España", opinó Génova.

Los populares, además, desvelaron que el responsable de negociar por parte del PSOE, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, les "había trasladado que no estaba en sus planes (los del Gobierno) acometer esa modificación" penal.

Comunicado del PSOE

Mientras tanto y desde Ferraz, fuentes socialistas criticaron que "Feijóo demuestra una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto". 

El Partido Socialista acusó al PP de "volver a romper las negociaciones. En esta ocasión con un acuerdo listo y preparado para ser firmado". Además, denunció que la actitud "obstruccionista" de los populares es "muy grave y está dañando el funcionamiento normal de la justicia". 

[Pedro Sánchez y Feijóo desligan el acuerdo del CGPJ de la reforma del delito de sedición]

Según relató el PSOE, fue Sánchez quien telefoneó a Feijóo para formalizar el acuerdo. Sin embargo, defendió la formación, el presidente del PP "ha utilizado una nueva excusa para bloquear la renovación del CGPJ, rompiendo así la negociación e incumpliendo con la Constitución una vez más".

En el comunicado que emitieron los socialistas recordaron que "la agenda legislativa del Gobierno no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación en las últimas semanas". En cualquier caso, concluyeron, "no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución". 

La cronología

Recientemente, EL ESPAÑOL avanzó la preocupación que se había instalado en Génova por la reforma de la sedición y sus consecuencias. "Si el acuerdo pasa de esta semana se va a mezclar con un debate con el que no podremos dar un paso más", admitía una fuente de la dirección del PP a este periódico. 

Finalmente, y pese a los intentos de ambas partes por encapsular las conversaciones del Poder Judicial de cualquier factor externo, las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Pleno que debatía este jueves las enmiendas a los Presupuestos, fueron el detonante que fagocitó un pacto que ya encaraba el compás definitivo.  

"Lo traeremos a esta Cámara, que tendrá que decidir sobre esta cuestión", dijo la también vicesecretaria del PSOE en su réplica a ERC en una clara referencia al delito de sedición. Minutos después, y tras el revuelo generado, reculó ante la prensa e indicó que se habían "malinterpretado" sus palabras y que la modificación penal se haría "cuando exista una mayoría suficiente, cosa que hoy no ocurre". 

A esa hora el equipo negociador del PP ya había lanzado su órdago al Gobierno: si no daba marcha atrás en sus planes para reducir el delito de sedición, no habría acuerdo para renovar la justicia. Algo que, de forma paralela, trataron de desmentir desde la dirección popular. 

En  aras de preservar la negociación, Feijóo procuró no confirmar en qué punto se encontraban las conversaciones durante su participación en un acto en Santander. Tan sólo se limitó a decir: "Hay contradicciones en horas, necesitamos saber si el Gobierno está dispuesto a proteger la democracia española o está dispuesto simplemente a sobrevivir como Gobierno".

El presidente popular, por otro lado, quiso marcar distancias con el PSOE en este asunto, ya que apuntó que si llega a la Moncloa endurecerá el Código Penal. "Estamos a favor de concretar con mayor exactitud esos delitos, ser contundente en la tipificación de los mismos y en el agravamiento de las penas. Una simple convocatoria de un referéndum ilegal ha de tener una sanción clara y contundente en el Código Penal", afirmó Feijóo. 

La intervención de Sánchez

Prácticamente de forma paralela tuvo lugar una comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Petroria (Sudáfrica), donde se encontraba de viaje oficial. "Hago un llamamiento al PP para que cumpla con la Constitución", proclamó tras dejar claro que una cosa era "la agenda legislativa", donde entraba la reforma del delito de sedición, y otra "el cumplimiento de la Constitución". 

El jefe del Ejecutivo desacargó toda la presión sobre Feijóo y le emplazó a dar su visto bueno a un pacto que ya estaba "listo y preparado": "Hago un llamamiento al PP para que cumpla con la Constitución", decía Sánchez, que también recordaba la urgencia de acabar "con una crisis institucional sin precedentes en España".

En ese momento, fuentes de Moncloa y de la ejecutiva socialista se afanaron por negar en los pasillos de la Cámara Baja que el pacto judicial con el PP pendiera de un hilo por el embrollo de la sedición. 

Finalmente, la llamada telefónica entre Sánchez y Feijóo confirmó los peores augurios: el pacto se había truncado. Al constatar el PP que la intención del Gobierno es seguir adelante en su compromiso con Esquerra, decidió dejar la negociación en punto muerto. Aunque para el PSOE la ruptura es total. 

"Es importante señalar que para aquellas personas con causas abiertas por delito de sedición actualmente las penas ya pueden verse reducidas con la única condición del arrepentimiento y el compromiso de no reincidir. Luego entonces, el único propósito del Partido Socialista con esta modificación, todo parece indicar, es un compromiso unilateral con el independentismo", argumentó el PP para explicar su decisión.

A juicio de los conservadores, la intención del Gobierno de incorporar a la agenda política la reforma del Código Penal sólo puede obedecer a dos motivos: "O exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno".

El Partido Popular subrayó que es un "un partido de Estado, que no antepone el interés general a ningún interés personal o partidista". En este sentido, trasladó que su vocación de acuerdo es "tan firme" como su convicción de que no se puede "seguir avanzando mientras Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo".