Este miércoles, Pedro Sánchez se reunirá con Olaf Scholz en La Coruña, en una Cumbre Hispano-Alemana de máxima importancia. Ambos gobernantes prepararán conjuntamente el Consejo informal que se celebrará los dos días siguientes en Praga, en el que los Estados miembros de la Unión Europea se juegan el futuro inmediato de sus economías, ante la crisis económica que sufren y la energética que se agravará con la llegada del invierno.
Ambos presidentes se pedirán apoyo mutuo, si bien desde el entorno de Sánchez se admite que hay "dificultades" en lo que quiere España y, quizá, demasiada coincidencia en lo que pide Alemania. Moncloa quiere ayuda de Scholz para que las reglas fiscales europeas se relajen, a lo que no parece dispuesto. El canciller ya dejó claro el pasado mes de enero que no lo apoya, y lo hizo a la cara de Sánchez, a su lado en las escalinatas de Moncloa.
"Nosotros miramos al pasado para aprender de cara al futuro, y deseo recordar que el pacto de cohesión fue el que sirvió de base para crear el instrumento de los fondos de recuperación", aseguró al ser preguntado por la prensa española a propósito de sus diferencias con Sánchez. El presidente español tragaba saliva a su lado...
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Por su parte, Scholz buscará con Sánchez reafirmar el eje Madrid-Berlín en lo tocante a las interconexiones energéticas. Y eso le resultará muy fácil.
Efectivamente, a ambos países les conviene que Francia ceda en el proyecto de gasoducto Midcat. Berlín lo desea ya para impulsar el suministro energético hacia el centro de Europa cuanto antes -y deshacerse de su dependencia de Rusia-. Madrid lo quiere para colocarse en cabeza de la apuesta europea por el hidrógeno verde, ya que la infraestructura sólo se construirá si es compatible para ambas fuentes de energía.
Dos bazas 'ganadoras'
Pero Scholz juega con que es España la que más interés tiene en dejar de ser "una isla energética". Y que ni puede construir la infraestructura por sí misma -hace falta que Emmanuel Macron ceda definitivamente- ni podría pagarla.
La inversión de unos 3.000 millones comprometería las cuentas públicas de nuestro país, y el Gobierno reclama que sea financiada con fondos comunitarios... o en el peor de los casos, que las inversiones en infraestructuras verdes no contabilicen en las reglas fiscales, cuando éstas vuelvan a estar vigentes, en apenas un año.
Según fuentes de Moncloa, consultadas por este periódico, éste es un tema "difícil" y con pocos puntos de acuerdo posibles. Apuna el entorno de Sánchez que la posición a este respecto de los liberales de Christian Lindner en la coalición de Gobierno alemana tiene mucho peso.
Pero se quiere jugar con dos bazas. La primera carta ganadora es que la crisis económica también afecta a Alemania, que España es su primer suministrador de bienes y servicios y el intercambio comercial anual entre ambos países es de más de 70.000 millones. Es decir, que ambas economías están fuertemente ligadas.
Por eso, apuntan las fuentes, la posición de Berlín ha ido abriéndose, desde el "no" absoluto a retocar el Pacto de Estabilidad a admitir que precisa de una reforma "para amoldarlo a la situación pospandemia" y, más ahora, con la guerra de Ucrania. Cuando Scholz vino en enero a Madrid ya se le insistió en que "no una es cuestión de norte y sur, o buenos y malos".
De hecho, Calviño logró presentar un documento conjunto en favor de la reforma de las reglas fiscales, en abril, con Sigrid Kaag. La ministra de Finanzas de Países Bajos se abrió también a la reforma de las reglas fiscales, a pesar de formar parte del Gobierno más duro con los "manirrotos del sur".
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La segunda baza es que hasta Bruselas le ha sacado tarjeta amarilla a Scholz tras su última iniciativa. A finales de la pasada semana, el canciller anunció un paquete de medidas por valor de 200.000 millones de euros, financiadas con créditos para "evitar que las empresas alemanas caigan".
Aprovechando sus cuentas públicas saneadas, el Estado alemán financiará un tope al precio de la electricidad y el freno al precio del gas, para cuya preparación se ha creado una comisión que presentará propuestas en breve. "Los precios deben bajar. Para que lo hagan, abriremos un gran paraguas de protección para que los jubilados, los empleados, las familias, la gente del campo y de la ciudad, para que todos salgan adelante y puedan pagar sus facturas," aseguró.
Bruselas ha alertado de que, más allá de la excepcionalidad de la situación, estas ayudas podrían incumplir las normas del mercado único. Y fuentes de Moncloa recordaban que "el problema es de todos y la solución ha de ser común". Es decir, que si España está siendo solidaria compartiendo las ventajas de su mejor preparación para afrontar la crisis energética, Alemania no puede aprovechar su mayor músculo para darle ventaja a sus empresas sobre las del resto.
Los planes de la cumbre
La clave de la Cumbre estará en estos acuerdos y desacuerdos que mantienen dos gobernantes amigos en lo personal, pero con ideas muy distintas en lo económico. Scholz es socialdemócrata, pero siempre fue calificado de "halcón" cuando ejercía de ministro de Finanzas en la última gran coalición de Angela Merkel. Y además, esa cartera hoy la ocupa el liberal Lindner.
Hay pocos discursos en los que Sánchez no destaque que le ha tocado gobernar en una legislatura que ha encadenado "graves crisis una detrás de otra", todas ellas imprevisibles. A la pandemia y la guerra de Ucrania -y las consecuencias socioeconómicas de ambas-, las dos globales, le añade la erupción hace un año del volcán Cumbre Vieja en La Palma y "la crisis climática, con los efectos directos, ya este verano, del cambio climático" sobre nuestro país.
Es cierto que la excepcionalidad ha sobrevolado los cuatro años de su mandato. Pero también lo es que ha navegado con el grifo de la deuda pública abierto a chorro por la Unión Europea. Las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad se suspendieron en 2020, nada más iniciarse la legislatura, con la llegada de la Covid, y no regresarán hasta 2024.
Esto le ha permitido al Gobierno de coalición una movilización de recursos en formas de ayudas, subvenciones, bonos y subsidios nunca vista. Pero, dado el flojísimo ritmo de consolidación fiscal -que ya le ha afeado la Comisión Europea en dos ocasiones-, también ha colocado a España en una situación crítica, con una deuda en el 117% del PIB.
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Intentos fallidos
Al menos, dos veces lo ha sugerido el entorno de Sánchez o él mismo: la primera, en el congreso del PSOE, en octubre de 2021, por boca del exvicepresidente de la Comisión Joaquín Almunia. El también exministro y ex secretario general del partido planteó la posibilidad de convertir en ayudas (y no deuda) la segunda parte de los NextGenerationEU, o mantener el mecanismo de deuda mancomunada entre los Veintisiete, inaugurada con esos fondos de recuperación tras la pandemia.
La segunda, por el entorno más cercano al presidente, el pasado mes de marzo. Entonces, desde Moncloa se aseguró que Sánchez ya trabajaba en un nuevo "megafondo europeo" para ayudar a los Estados miembros a afrontar los gastos que imponía la guerra, ante el estrangulamiento de los márgenes fiscales de muchos de ellos... sobre todo, de España.
Según confirmó entonces este diario en el entorno del presidente del Gobierno, Sánchez quería impulsar este "megafondo" comunitario para financiar los gastos sobrevenidos en Defensa, energía y ayuda militar y financiera a Ucrania. Pero no resultó.
Este miércoles, junto a Sánchez viajarán a la ciudad gallega ocho de sus ministros -las tres vicepresidentas, José Manuel Albares, Margarita Robles, Reyes Maroto, José Luis Planas y Joan Subirats-, que mantendrán reuniones bilaterales con sus contrapartes alemanas.
El objetivo confesado es llegar a acuerdos concretos en materia sociolaboral y de formación, y además, de la importante cita, según fuentes de Moncloa, se espera que salga un ambicioso Plan de Acción conjunto y una declaración de ambos gobiernos con mucho peso político. Pero la finalidad real de la cumbre va muchísimo más allá...