El grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han llegado a lo que parecía imposible: un punto de encuentro. Ambos han coincidido en impulsar modificaciones a las legislaciones vigentes para que expulsar a los okupas en menos de 48 horas.
El PSOE ha propuesto una modificación legislativa para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas, desde que lo pide el propietario o recibe el atestado policial, tanto en los casos de allanamiento de morada como de usurpación.
La propuesta es muy similar a la que ha estado exigiendo el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, que pide un cambio en las leyes que combaten la okupación, concretamente una modificación del Código Penal. También es muy parecida a una propuesta planteó en su día el PP de Casado.
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Ahora, el PSOE eleva esa petición en forma de enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por el que se introduce un nuevo artículo 544 sexies que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Concretamente, el Grupo Socialista recomienda que "en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial".
Ayuso
El proyecto es, a fin de cuentas, muy similar al que ha prometido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, anunció su puesta hace unas semanas y, allí, manifestó la necesidad de una modificación en el Código Penal.
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Hasta este momento, los propietarios de una primera vivienda deben demostrar que el okupa ha accedido ilegalmente a la vivienda, y que no han cedido su uso. Desde el Gobierno madrileño han propuesto un desahucio inmediato.
También han planteado el desalojo de aquellos que no presenten algún título o documento que acredite que el propietario ha consentido que resida en la vivienda. Por ello, todo aquel que no tenga la capacidad de justificar su presencia en el hogar dispondrá de 48 horas para presentarlo antes de ser expulsado.
Proyectos similares
Que ahora el PSOE eleve esta petición hasta la Cámara Baja puede ser sinónimo de que salga adelante, pero no de que han sido los primeros en sugerirlo. Además de Isabel Díaz Ayuso y el exlíder del Partido Popular, Pablo Casado, en 2020, hay más grupos que han planteado medidas similares.
La formación que en el Congreso lidera Francesc Homs justificó su iniciativa porque, debido a la crisis económica y a los desahucios que ésta ha provocado, "han aparecido fenómenos de ocupación ilegal premeditada con finalidad lucrativa", cuyos autores cobran una especie de alquiler a "personas y familias vulnerables".
La Policía Nacional acude a desalojar a un grupo de okupas en un inmueble.
Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, impulsó una iniciativa autonómica para forzar un debate en el Congreso con el fin de endurecer la legislación contra la okupación en la que, entre otras medidas, planteaba que se pudiera restituir la vivienda en 48 horas al propietario.
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Más allá de estas propuestas llega la presentada por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo este mes de mayo. En ese momento, el PP en el Congreso presentó una proposición de ley para recuperar el delito de usurpación de inmuebles, con penas de entre tres y cinco años de cárcel. Estas penas se verían agravadas cuando la okupación haya sido realizada por redes de carácter "mafioso".
El PP también pretende facilitar con esta Ley que el desalojo de los okupas pueda llevarse a cabo de forma inmediata, cuando se constate un "delito flagrante", y en todo caso en un plazo máximo de 24 horas.