Desde diciembre de 2021, en que se dio a conocer el primer borrador del plan antitabaco del Gobierno, nada se sabe de la ley, que vienen reclamando insistentemente los sanitarios.
La normativa, pionera en muchos sentidos, plantea la posibilidad de prohibir fumar en playas, coches privados o terrazas, y también introduce nuevos impuestos para las cajetillas.
Aplaudida por el mundo sanitario y recibida con cierto escepticismo por la ciudadanía, el Ministerio de Sanidad guardó el proyecto en un cajón. Ya la han adelantado en su tramitación parlamentaria otras leyes más ideológicas como la de eutanasia o el cannabis terapéutico. Incluso otras que no tienen relación con el ámbito sanitario, como la Ley de Memoria Democrática.
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España lleva más de una década sin modificar su estrategia contra el tabaco, lo que implica un retraso para adaptarse a las nuevas formas de fumar con vapeadores o quemadores.
La premura que ha mostrado el Gobierno para agilizar otras leyes que tienen que ver con el ámbito sanitario, como la de la Eutanasia o las reformas en la legislación del aborto, contrasta con la lentitud para la del tabaco.
En lo que lleva de legislatura, Pedro Sánchez ha puesto en marcha una ley que convierte la eutanasia en un derecho fundamental de los españoles, la reforma de la ley del aborto, la legalización del cannabis terapéutico y la conocida como ley Trans.
Se trata de leyes mucho más complejas, sobre todo teniendo en cuenta que la ley del tabaco será en realidad una actualización.
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Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL confirman que el documento elaborado por la Ponencia técnica del Tabaco del Ministerio de Sanidad está terminado. Desconocen por qué no se le da luz verde.
Consenso profesional
El proyecto tiene el visto bueno prácticamente de todos los agentes implicados: profesionales sanitarios, industria, pacientes… Algunas medidas son polémicas, como prohibir fumar en coches de particulares, pero organismos como el Consejo General de Enfermería llevan años solicitándolo, apoyándose en los perjuicios que supone el tabaco para los menores de edad.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria se acaba de sumar a las voces que reclaman al Ministerio de Sanidad el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo que ya está diseñado.
La sociedad, en una carta remitida a Carolina Darias, reprocha al Gobierno su tardanza en habilitar un plan que no se actualiza desde hace diez años y que debía de estar vigente ya.
Cuando José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010 la ley por la que se prohibía fumar en espacios públicos cerrados, incluyendo hostelería, España se puso a la cabeza de la lucha contra la nicotina.
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Desde entonces no se han actualizado las normas y España ha caído del séptimo puesto al décimo en el ranking de políticas para el control del tabaco.
Desde la sociedad científica médica aseguran que eso es culpa de la falta de regulación y, por ello, apremian al Ministerio a poner en marcha el plan que contempla medidas como el etiquetado neutro de las cajetillas de tabaco o el incremento del precio mediante más impuestos.
La necesidad de implementar estas medidas ha llegado, incluso, hasta organismos internacionales sanitarios como la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. La institución que preside Luis Eugenio de Souza también mandó una carta al presidente del Gobierno el pasado mes de julio para reclamarle el plan.
La Federación aseguraba en su comunicado que existe una "gran preocupación en el sector", porque el proyecto lleva parado más de un año. "Hemos escuchado de profesionales de la sanidad pública española y sus asociaciones que están decepcionados al ver la iniciativa estancada", puntualizaba.
Temor a un paso atrás
El miedo transmitido por las asociaciones de especialistas de salud pública sobre la posibilidad de que el ambicioso plan acabe en nada no son simples elucubraciones. A principios del mes de julio, la Asociación Española contra el Cáncer y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo mostraron su preocupación ante la pasividad de que Sanidad diera marcha atrás en las partes más controvertidas del plan.
Mientras que España decide no avanzar en la lucha contra el tabaco, otros países están dando pasos. La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos ha avanzado que reducirá los niveles de nicotina en los cigarrillos "en un esfuerzo" por reducir los efectos en la salud de una adicción que se cobra 480.000 vidas al año en el país.
Aunque la FDA todavía está estudiando en qué porcentaje reducirá la presencia de nicotina, los expertos proponen una reducción inmediata del 95%. En un ensayo de 6 semanas se pudo observar que los cigarrillos con nicotina reducida versus los cigarrillos con nicotina estándar redujeron la exposición y dependencia de la nicotina y la cantidad de cigarrillos fumados.
Hace unas semanas se presentó el informe Índice global de interferencia de la industria tabaquera en 2021, elaborado por el Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco. El organismo insiste en su último estudio en que la industria hace presión a los gobiernos para "evitar cualquier medida contraria a sus intereses".
Los expertos en Salud Pública, muy implicados con el proyecto, insisten en lo beneficioso de poner "ya" en marcha el plan, sin más dilaciones. En España, según la última Encuesta Nacional de Salud, fuma diariamente casi un 20% de la población adulta y un 2,3% lo hace de forma ocasional.
El porcentaje de fumadores diarios es del 16,4% entre las mujeres y de 23,3% entre hombres. Además, en la población entre 25 y 64 años, la prevalencia del consumo diario de tabaco sube hasta el 32,3%.
La Unión Europea tiene fijado el objetivo de reducir los consumidores de tabaco a un 5%, cifra que en España parece difícil conseguir si no se aplican planes como el que Darias tiene guardado en su despacho.