El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido aprobar definitivamente este miércoles su "contrarreforma" del Poder Judicial, en el último Pleno del curso político que ha resultado especialmente accidentado en la Cámara Alta.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha salido adelante por 147 votos a favor y 110 en contra, aunque con varias confusiones en la votación. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otro senador del mismo partido han votado por error a favor de la iniciativa impulsada por los socialistas.

Y a su vez, dos senadores del PSOE han votado en contra del texto, también por error. De este modo, el resultado final de la votación no se ha alterado, pues los dos votos erróneos del PP se han visto contrarrestados por los dos votos equivocados del PSOE.

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El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, se ha encargado de poner en evidencia la confusión sufrida por el líder del PP, en un mensaje publicados en las redes sociales: "Feijóo vota a favor de la reforma legal para desbloquear CGPJ y TC. No se equivoca cuando acierta, sino que acierta cuando se equivoca… En fin. Esta es la oposición que tenemos…", ha escrito.

Simancas ha olvidado advertir que también se han equivocado al votar dos senadores socialistas.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado con humor lo ocurrido, en otro mensaje de Twitter.

"Hoy he pasado el mal trago de debutar en el nutrido club de parlamentarios que se equivocaron en una votación", ha escrito Feijóo, "al menos es un alivio saber que también le ha ocurrido a más de un presidente del Gobierno".

El texto aprobado definitivamente hoy por la Cámara Alta permitirá al PSOE hacerse con el control del Tribunal Constitucional, que en los próximos meses debe dictar sentencia sobre cuestiones tan trascendentes como la Ley Celaá de educación o la Ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Alto Tribunal también tendrá que pronunciarse, en los próximos meses, sobre la nueva Ley impulsada por la Generalitat para burlar las sentencias que garantizaban al menos el 25% de enseñanza en castellano en Cataluña.

El PSOE impulsó el año pasado una primera reforma de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, por la que retiró al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las competencias para efectuar nombramientos de jueces y magistrados, mientras se encuentre en funciones. Los socialistas pretendían forzar así al PP para negociar la renovación de los miembros del CGPJ.

Sin embargo, el PSOE registró el pasado 24 de junio en las Cortes una nueva reforma del Poder Judicial, para permitir al CGPJ en funciones nombrar exclusivamente a sus dos representantes en el Tribunal Constitucional (los otros dos serán designados directamente por el Gobierno).

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Esta "contrarreforma" judicial fue aprobada por el Congreso el pasado jueves, al concluir el Debate sobre el estado de la Nación, y ha quedado aprobada definitivamente este miércoles en el Senado por el procedimiento de lectura única. Una tramitación exprés que permitirá al Gobierno forzar la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducó el pasado 12 de junio.

Los socialistas han desechado así la propuesta de pacto que el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, trasladó al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Los populares proponían renovar ya el CGPJ con la actual normativa (por la que todos sus vocales son designados a propuesta de los partidos políticos), con el compromiso de impulsar en el plazo de seis meses una reforma legal para avanzar en la "independencia" de este órgano: el nuevo texto establecería que al menos una parte de sus vocales sean elegidos directamente por los jueves, tal como reclama la Comisión Europea.

El PP también proponía varios mecanismos para establecer límites a las "puertas giratorias" en la Justicia: el cargo de vocal del CGPJ y de fiscal general del Estado no podría ser ocupado por quien haya desempeñado un puesto de carácter político durante los últimos cinco años. 

Nuevo fiscal general

Del mismo modo, de acuerdo con la propuesta del PP, los jueces y magistrados que hayan ocupado un cargo de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reincorporarse al servicio judicial antes de un plazo de dos años. Algo que afectaría, por ejemplo, al actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que mantiene su plaza de magistrado en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado hasta ahora esta propuesta de pacto y ha impulsado su "contrarreforma" judicial, para hacerse con el control del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, la dimisión de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, anunciada este martes alegando "motivos de salud", ha facilitado su relevo por el que hasta ahora era su número 2, Álvaro García Ortiz. Un hombre que los populares consideran como "cercano al PSOE".