La futura Ley de Memoria Democrática sólo investigará crímenes ocurridos hasta 1978, el año en el que entró en vigor la Constitución. No obstante, un grupo de expertos analizará "técnicamente" las supuestas vulneraciones de derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando el socialista Felipe González ya llevaba más de un año en la Moncloa.
Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes gubernamentales. El Gobierno recula e incide ahora en que el ámbito temporal de la ley, realmente, sólo alcanza hasta 1978 y que será un estudio de carácter técnico —reiteran estas tres palabras— el que abordará las violaciones de Derechos Humanos ya en la Transición.
Dichas fuentes ponen de ejemplo el caso de Yolanda González, una líder estudiantil y militante comunista asesinada por un grupo de extrema derecha en 1980.
Este comité —que estará integrado por historiadores y académicos, con un criterio de elección que Moncloa aún no ha aclarado— podrá proponer vías de "reconocimiento y reparación" de estas víctimas, como indemnizaciones u homenajes, pero en ningún caso, serán acciones de tipo judicial.
Las hipotéticas investigaciones de carácter penal las efectuará la Justicia, insisten las mismas fuentes. Por ello, subrayan que la futura Ley de Memoria contempla la creación de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, especializada en este ámbito.
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Este lunes por la tarde, por 19 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, la Comisión Constitucional ha sacado adelante su dictamen a favor del proyecto de Ley de Memoria. La norma deberá aún aprobarse en el Pleno del Congreso de los Diputados. El Gobierno ya tiene amarrada una mayoría a su favor. Incluso, está convencido de poder aunar más de 176 escaños.
En la comisión, Ciudadanos, PP, BNG, Junts y Vox han votado en contra. Esquerra Republicana, cuyo apoyo no era ya necesario, se ha abstenido. Los republicanos catalanes pedían, entre otros extremos, la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, algo que no se producirá.
Pero sí han conseguido que la norma, que, como adelantó EL ESPAÑOL, considera "víctimas" a las lenguas y culturas catalana, vasca y gallega, también lo haga con la aragonesa, occitana y asturiana. No obstante, Esquerra la sigue viendo insuficiente.
De momento, PNV, Bildu, PSOE, Podemos, Coalición Canaria, PRC, Teruel Existe, Compromís y Más País darán su sí a la norma en el Pleno del Congreso.
Medidas
Además de la creación de una Fiscalía especializada, la ley también contempla la posibilidad de disolver las asociaciones que hagan apología del franquismo. Y decreta la ilegalidad del régimen y de todas sus resoluciones judiciales.
Aunque no deroga la Amnistía de 1977 —fuentes socialistas destacan que tuvo efectos positivos durante la Transición—, sí considera que la norma debe interpretarse bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario.
Valle de los Caídos.
La Ley de Memoria también contempla la creación de un banco de víctimas de ambos bandos o la eliminación de más de una treintena de títulos nobiliarios. Y renombrar el Valle de los Caídos a Cuelgamuros, como una de las medidas para "resignificarlo". También serán trasladados los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange y fusilado por las tropas republicanas en 1936.
Una vez se apruebe la ley, el Ejecutivo ofrecerá a su familia la posibilidad de sacar sus restos del Valle o, si no, serán trasladados, para evitar que gocen de un lugar "preeminente". Ahora, descansan junto al altar mayor, al lado de donde lo hacían los de Francisco Franco hasta su exhumación en 2019.
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A juicio del Gobierno, actualiza cuestiones que estaban pendientes desde hace 15 años, cuando se aprobó, en 2007, la Ley de Memoria Histórica, una de las medidas estrella del Gobierno de José Luis Zapatero. Según fuentes gubernamentales, también recoge ciertos avances en esta materia que ya contemplan normativas autonómicas.
Comisión hasta 1983
Fuentes del Gobierno también desvinculan a los GAL (los Grupos Antiterroristas de Liberación auspiciados por el Ejecutivo de Felipe González) de este estudio técnico que prevé la futura ley.
Así lo confirmaban a este periódico, hace varios días, desde EH Bildu, con quien el Gobierno pactó ampliar este periodo un año; desde 1982 hasta el 31 de diciembre de 1983. Otras voces del Ejecutivo de coalición se atribuyen incluso este alargamiento, para evitar críticas al Partido Socialista por excluir los primeros meses de González en la Moncloa.
La intención de Bildu es incluir la denominada guerra sucia contra ETA en el marco de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Y, consultados por este diario, ciñen el objeto de estudio de este comité a, principalmente, agresiones de los aparatos policiales tras la muerte de Franco.
No obstante, y aunque no vayan a investigarse bajo la Memoria Democrática, antes de que finalizase 1983 fueron secuestrados, torturados y asesinados por los GAL Lasa y Zabala. Y fue secuestrado también Segundo Marey.