El PSOE y sus socios decretan que la lucha antifranquista fue lo que puso fin a la dictadura

Así, la futura norma incluirá el siguiente articulado: "Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación del Estado social y democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978 tras la Transición democrática".

La redacción edulcora la realidad del fin de la dictadura. Francisco Franco murió de viejo en su cama y fueron las élites franquistas las que, tras hacerse el harakiri en las Cortes, dieron el primer paso para abrir el camino hacia la democracia. Las dos principales figuras de la Transición fueron el rey Juan Carlos I —nombrado sucesor por Franco— y Adolfo Suárez, destacado hombre del régimen.

El contenido de la enmienda contrasta con la posición tradicional de Podemos y de su exsecretario general, que no se cansaba de repetir que la Transición fue "pilotada" por "las élites del franquismo", mientras que la izquierda no gozaba de poder alguno, pese a contar con "legitimidad".

Hasta la inclusión de esta enmienda que ahora secundan los socialistas, el artículo de la Ley de Memoria Democrática tan sólo contemplaba el "repudio" y la "condena" al golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y a la posterior dictadura franquista. Todo ello, "en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas".

Euskera y catalán, "víctimas"

Ésta no es la única enmienda polémica que modifica la Ley de Memoria Democrática, que aún se tramita en el Congreso de los Diputados y que, según los cálculos del Gobierno, será aprobada en el Pleno de la Cámara el próximo 14 de julio, antes de pasar al Senado.

Tal y como ha avanzado EL ESPAÑOL, una enmienda pactada entre socialistas, Podemos y los posconvergentes del PDeCAT considerará "víctimas" a las lenguas y culturas vasca, catalana y gallega, después de que sus hablantes "fueran perseguidos por hacer uso de ellas".

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Ambos socios de Gobierno también han acordado suprimir más de una treintena de títulos nobiliarios concedidos hasta el año 1978. Y renombrar el Valle de los Caídos —que acogía hasta 2019 los restos mortales de Franco— a Cuelgamuros, al que pretenden "resignificar" para convertirlo en un "lugar de memoria democrática".

Asimismo, la norma contempla "la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto", en una más que clara alusión a la tumba de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, fusilado por los republicanos en 1936 y que descansa en el altar mayor de la basílica, junto a donde se ubicaban los restos del dictador.

Acelerón a la ley

En las últimas semanas, PSOE y Podemos han acelerado la tramitación parlamentaria de la futura Ley de Memoria Democrática, tras meses paralizada en el Congreso de los Diputados. 

El Ejecutivo no cuenta aún con el apoyo de ERC, pero suma el sí de PNV. Y el de EH Bildu. Este martes, el PSOE pactó con estos últimos la creación de una comisión independiente que investigue el franquismo. Pero el objeto de su análisis no finalizará en 1975, fecha de la muerte del dictador, sino en 1983. Es decir, cinco años después de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978. Su investigación incluirá, por tanto, los gobiernos de Unión de Centro Democrático (UCD) y el primer año del socialista Felipe González en la Moncloa.

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Según expresó Bildu en un comunicado, "extender el límite temporal de aplicación de la Ley de Memoria hasta finales de 1983" es un "avance relevante" que permitirá "abrir vías de reconocimiento y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos más allá del 1978, en el posfranquismo; víctimas todas ellas abandonadas y olvidadas por las instituciones hasta ahora".