El Parlamento Europeo deja a Carles Puigdemont en el limbo al no validar su credencial de eurodiputado. El comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ha llegado a la conclusión (por 20 votos a favor y una abstención) de que no es posible verificar el acta parlamentaria del expresidente catalán ni tampoco las de sus exconsellers huidos en Bélgica Toni Comín y Clara Ponsatí, ni del eurodiputado de ERC Jordi Solé.
En los cuatro casos, la Eurocámara no ha recibido a día de hoy de la Junta Electoral Central la notificación ni la documentación que demuestre que se han cumplido los requisitos exigidos para la acreditación de sus actas parlamentarias.
"Les falta uno de los procedimientos, que es el de acatar o jurar la Constitución, y eso es lo que impide que pueda haber una notificación formal por parte de la Junta Electoral", ha relatado el presidente del comité de Asuntos Jurídicos y eurodiputado de Cs, Adrián Vázquez, en una rueda de prensa.
Ante la imposibilidad de verificar las cuatro acreditaciones, la Eurocámara tiene previsto enviar un requerimiento formal a la Junta Electoral para que envíe la documentación requerida o "en caso de que eso no sea posible, la explicación por su falta y las consecuencias que de ello se deriven conforme a la legislación nacional".
Según la legislación española, la Junta Electoral Central debe declarar vacantes los escaños correspondientes a los eurodiputados que no acaten la Constitución y suspender todas las prerrogativas que les correspondan por razón de su cargo.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dictaminado en el caso de Oriol Junqueras que para obtener el acta basta con haber sido elegido y no hay que cumplir requisitos nacionales adicionales. Este fallo fue en el que se basó el anterior presidente de la Eurocámara, David Sassoli, para reconocer a Puigdemont como eurodiputado pese a no haber viajado a Madrid a acatar la Constitución.
El comité de Asuntos Jurídicos considera no obstante que esta sentencia "no elimina los requisitos fijados por el derecho de cada Estado miembro para adquirir la condición de eurodiputado, ni por extensión la necesidad de recibir notificación oficial de las autoridades competentes antes de conceder la condición plena de diputado", ha explicado Vázquez. Una interpretación que se basa en un informe de los servicios legales de la Eurocámara y un segundo estudio de asesores externos.
¿Cuál sería entonces la consecuencia última de la falta de acreditación de Puigdemont y el resto de afectados? ¿Podrían acabar perdiendo su condición de eurodiputados? "La respuesta a eso nos la tendrá que dar la Junta Electoral Central, porque ahora lo que entra en juego es la legislación nacional, no la legislación de esta Cámara", ha insistido el presidente del comité de Asuntos Jurídicos.
En todo caso, Vázquez ha resaltado que la verificación de las credenciales es un requisito obligatorio en el Parlamento Europeo para todos los diputados. Hasta que no se haya completado, los parlamentarios se encuentran en una "situación de temporalidad, no definitiva".
El objetivo final es que los electos no incurran en casos de incompatibilidad o conflicto de intereses. La revisión se ha retrasado en esta legislatura debido al Brexit y a las restricciones por la pandemia de Covid-19. Pero nunca se había dado un caso similar al de Puigdemont, Ponsatí, Comín y Solé.