El separatismo se remite a la investigación de The New Yorker: la empresa fabricante de Pegasus –el software del espionaje– sólo negocia con gobiernos y fuerzas de seguridad del Estado. De ahí que los dirigentes independentistas miren a La Moncloa y el CNI. De momento, PSOE y Podemos callan. Recogen información mientras la bola se va haciendo cada vez más grande.
La lista de políticos y activistas investigados ilegalmente ya casi alcanza las setenta personas. Entre ellos, los expresidentes de la Generalitat de Cataluña, Arnaldo Otegi, diputados en el Parlament o agitadores de la CUP.
Gabriel Rufián, líder de ERC en el Congreso, ya ha puesto el punto de mira en Pedro Sánchez. Lo ha hecho, de momento, de manera impersonal: "Nos han difamado, nos han pegado, nos han juzgado, nos han encarcelado y nos han espiado. Simplemente porque no nos pueden ganar. Qué triste tener que gobernar así".
El verbo elegido no resulta inocente: "Gobernar". Y Sánchez, cuando se produjo el espionaje, según The New Yorker, ya estaba al frente de Moncloa. Hablamos de los años 2019 y 2020. El actual presidente alcanzó su cargo en junio de 2018 mediante la moción de censura a Mariano Rajoy.
Jaume Alonso-Cuevillas, abogado que asumió la defensa de Puigdemont en 2017 y hoy diputado de Junts per Catalunya en el Parlament, ha ido más allá. Sarcástico, ha escrito en su cuenta de Twitter: "La mesa de diálogo era con el CNI". Los afectados buscan que la Justicia investigue a Félix Sanz Roldán, jefe de los servicios secretos españoles por aquel entonces, aunque dejó su cargo el mismo 2019.
Este periódico ha intentado sin éxito recabar opiniones sobre lo sucedido en el seno de PSOE y Podemos, que se resisten a ofrecer un discurso sobre lo que ya ha tomado el nombre de Catalangate.
No obstante, es palpable la inquietud en las dos formaciones que conforman la coalición, ya que la gran mayoría de las víctimas del espionaje sostiene a Sánchez en el Congreso con sus escaños.
De hecho, no es aventurado afirmar que, de haber un gobierno de signo contrario, el independentismo habría reaccionado con mayor fiereza, tal y como ocurrió con los escándalos atribuidos al último ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz.
Las características de los espiados –una mezcla de líderes y activistas separatistas, casi todos catalanes– permite dilucidar que el objetivo de quien orquestó el seguimiento no fue otro que averiguar el devenir del procés.
La herramienta utilizada, Pegasus, no sólo granjea el rastreo de fotografías y mensajes. También permite al espía activar la cámara y el micrófono en el móvil de sus víctimas para recabar material adicional. Incluso desbloquea el reconocimiento de la ubicación.
Tal y como explica la mencionada investigación de The New Yorker y el grupo de expertos de la universidad de Toronto Citizen Lab, el software de la empresa israelí NSO sólo puede ser adquirido por gobiernos. De hecho, esa compra requiere una autorización del propio Ministerio de Defensa de Israel.
A lo largo de los próximos días, en las distintas comparecencias, los representantes del Gobierno se verán obligados a responder a las preguntas de la prensa. También de los representantes del independentismo en el Congreso, que ya preparan una batería de medidas para llevar el Catalangate al Parlamento.