La Fiscalía Anticorrupción interrogó el pasado miércoles al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en calidad de testigo, en relación al contrato de emergencia para el suministro de material sanitario con el que se relaciona a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presenta regional. Durante su intervención defendió la legalidad de la adjudicación y la tramitación del acuerdo que alcanzó el consistorio.

Según fuentes cercanas al consejero contaron a Europa Press, el máximo responsable de la Sanidad madrileña acudió a declarar como testigo en relación al contrato por valor de más de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 que fue adjudicado en abril de 2020 a la Priviet Sportive, S.L., cuyo administrador único es Daniel Alcazar, al que se relaciona con el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

Se trata de un contrato para el suministro mascarillas FFP2-3 para el pabellón 10 del Ifema del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) por el que el hermano de la presidenta regional habría recibido 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive.

Actuación "honrada"

El consejero madrileño ha explicado reiteradamente que se actuó en todo momento de forma "honrada" y todos los contratos de emergencia se tramitaron con "transparencia" y fueron "acordes" a la legislación sobre contratación en el sector público, siempre "ajustados a procedimiento".

En este sentido, ha defendido que desde la Consejería de Sanidad se contactó únicamente con la empresa adjudicataria del contrato de emergencia con el que se relaciona al hermano de la presidenta regional pero no se podía conocer la vinculación posterior que esta pudiera tener con sus proveedores y que él se enteró meses después por la prensa de la posible relación familiar.

"Tomás Díaz Ayuso (hermano de la presidenta) no influye en que el Sermas cierre esa contratación con la empresa. Estábamos viviendo una situación extremadamente grave cuando se formalizó ese contrato. Estábamos por encima de los 15.000 ingresados y por encima de los 4.000 fallecidos", aseguró Ruiz Escudero.

Diligencias procesales

La Consejería de Sanidad ya remitió a la Fiscalía toda la documentación relacionada con este contrato, desde la contratación y recepción de la oferta a cómo pasó valoración del secretario general del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), aprobación de la viceconsejera, las cifras de la intervención o la dación de cuentas al Consejo de Gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción abrió en febrero diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas. De hecho apuntaba que no trasladaba el asunto a la Fiscalía del Supremo, donde es aforada Ayuso, porque de los hechos denunciados no apreciaba de momento indicio verosímil de delito por parte de ella.

En este sentido, investiga la parte referida a delitos relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.

La Fiscalía Europea, por su parte, sostiene que el contrato fue financiado íntegramente con fondos europeos y que por tanto el perjuicio ocasionado al patrimonio de la Unión Europea ascendería a 1.512.500 euros. Entiende así que puede haber dos delitos, uno de fraude a los presupuestos de la UE y un delito de malversación.

La Cámara de Cuentas aprobó el pasado 23 de marzo el informe de fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno regional mediante el procedimiento de emergencia durante la pandemia, en el que se incluye el vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aclaró que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive por las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario, en concreto mascarillas en China, y por su traslado a Madrid.

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