Isabel Díaz Ayuso se ha congraciado con Vox en la Comunidad de Madrid tras los enfrentamientos que siguieron a las elecciones de Castilla y León. Entonces, Rocío Monasterio se desmarcó de la ley estrella de la presidenta en materia fiscal, pensada para bajar impuestos y contrarrestar la mal llamada "armonización" que pretende imponer el Gobierno de Sánchez... y que supondría todo un "hachazo fiscal".
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el acuerdo entre PP y Vox, entre Ayuso y Monasterio, concretamente, se produjo este pasado martes. La entrada de Vox en el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco ha ayudado al deshielo. Y el consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, ha guiado las conversaciones, que han transcurrido con "fluidez", según las fuentes consultadas en el Gobierno madrileño.
El partido de Santiago Abascal se había desmarcado de la norma que impulsa Ayuso con el argumento de que ellos son un partido contrario al Estado de las Autonomías y que esa ley tiene "marcado carácter autonómico". "Vox no va a colaborar para que Madrid se convierta en una Comunidad independentista", dijo Monasterio. Por eso presentaron como alternativa una ley propia para bajar impuestos.
Desde el PP de Madrid consideraban que este cambio de rumbo era una "pataleta" para "presionar" de cara a entrar en la Junta de Castilla y León. Y así parece confirmarse: Juan García-Gallardo ha sido investido como vicepresidente de los castellanoleoneses, y las desavenencias han desaparecido.
Rocío Monasterio dice ahora que tiene claro "que hay que llegar a acuerdos con el Partido Popular", y que "cuando se active [la Ley de Autonomía Financiera] nos sentaremos a hablar con ellos a ver cómo la quieren plantear". Pero no sólo lo sucedido en Castilla y León explica este congraciamiento tan repentino...
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.
Dos concesiones
El cambio de postura de Vox ha venido propiciado por dos concesiones de Isabel Díaz Ayuso. La primera, la de comprometerse a reducir la Cámara regional de 136 a 91 diputados (el PP era partidario, en un principio, de dejarla en 101), aunque la izquierda parece dispuesta a bloquearla (se necesitan dos tercios, 91 parlamentarios, para acometer una reforma del Estatuto de Autonomía, y la derecha sólo suma 78).
Sólo Juan Lobato, el líder del PSOE de Madrid, se ha abierto a negociar: apoyará la iniciativa si se enmarca dentro de una reforma estatutaria más amplia que acoja propuestas socialistas porque, dice, "hay mucho que actualizar".
Desde Puerta del Sol, no obstante, recalcan que la reducción de la Cámara regional era una iniciativa con la que Isabel Díaz Ayuso se presentó a los comicios de mayo de 2021, aunque sin especificar en cuántos diputados se materializaría la resta.
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, interviene en un pleno.
La segunda concesión de la presidenta madrileña tiene que ver con las leyes LGTB. Vox es partidario de suprimirlas, mientras que el PP cree suficiente reformularlas para "poner coto a las denuncias falsas" y que éstas "no causen más perjuicio a las verdaderas víctimas", así como "evitar más daño a inocentes".
Esto se traduce en una probable modificación de las leyes de género y LGTB de Madrid. En concreto, el artículo 48 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, así como el 66 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia. Estos puntos son los que recogen la "inversión de la carga de la prueba"; un concepto jurídico que implica trasladar al demandado la obligación de justificar su inocencia, invirtiendo así el onus probandi.
Esta reforma, aparcada durante meses por el Gobierno regional, ha sido retomada este miércoles por el portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, que ha reconocido que existe la intención de "subsanar" algunas deficiencias en la redacción de esas leyes y abordar así algunos de los "temas más conflictivos".
El propio portavoz de Díaz Ayuso ha reconocido en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la relación entre PP y Vox se había enfriado recientemente: "Tuvimos un momento muy bueno, cuando se aprobaron los Presupuestos y la Ley Maestra". Pero las elecciones en Castilla y León acabaron con el idilio.
De hecho, dos días después de los comicios (como "táctica de presión" para entrar en la Junta, según analizaban los populares madrileños) Rocío Monasterio presentó una enmienda a la totalidad de la Ley de Autonomía Financiera. Y toda la izquierda madrileña -Más Madrid, PSOE y Podemos- se mostraba presta a apoyarla.
La recomposición de la relación PP-Vox se ha producido ahora, cuando resta poco más de un año de legislatura y Ayuso ya ve con buenos ojos la entrada de Vox en "municipios importantes" de Madrid en 2023.