El retraso de las medidas anticrisis del Gobierno agrava la tensión social en la calle

Las consecuencias de la guerra en Ucrania han desbordado todas las previsiones del Gobierno. Los estragos en el este de Europa, sumados a la Covid-19 y a la crisis energética, han disparado los precios de la cesta de la compra, la gasolina y la luz.

En cuestión de semanas, la tormenta perfecta se ha instalado en la Moncloa, que ya ultima un paquete de medidas anticrisis que, esperan, sirva de freno de emergencia a la inflación y la desescalada económica.

Dentro del Ejecutivo tienen clara la fecha: 29 de marzo, a la espera de lo que decida el Consejo Europeo esta semana. Fuera de Moncloa, sin embargo, la calle cree que ya es tarde. Así puede deducirse de las concentraciones acaecidas en los últimos días.

De hecho, también lo piensa parte de la cúpula del PSOE. Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes del partido, la larga espera de Pedro Sánchez hasta aprobar sus medidas extraordinarias ha generado incomprensión en Ferraz, donde empieza a cundir el nerviosismo ante una crisis que se ven incapaces de resolver por la vía rápida. La oposición también ha puesto el grito en el cielo.

De momento, el presidente ha garantizado bajadas en la luz, el gas y los hidrocarburos al margen de lo que acabe decidiendo el cónclave europeo, pero sin determinar cómo. Llamando a la paciencia y a la espera. En paralelo, la tensión sigue escalando.

Poco a poco, los dos últimos años han ido dibujando una situación de muy difícil gestión para el Gobierno, atizado por la pandemia nada más ser investido y lastrado por la invasión rusa en un momento de recuperación económica. Paralelamente, la derecha sigue comiendo el terreno a la izquierda en el campo y los barrios obreros, como pudo verse en las elecciones de Madrid y Castilla y León.

A su vez, en los últimos días, la inflación galopante en los mercados y la polémica cesión ante Marruecos sobre el Sáhara Occidental han coincidido con las movilizaciones en la calle, empezando por la huelga de los transportistas y terminando con la protesta del mundo rural este mismo domingo. La respuesta oficial: acusar a los manifestantes de dejarse espolear por la "ultraderecha".

Ánimos caldeados

Hace diez días, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, harta de la subida de precios del combustible, convocó un parón no secundado por las asociaciones mayoritarias del sector.

Las imágenes, con chalecos amarillos, recuerdan a la protesta que hace cuatro años puso en jaque al gobierno francés de Emmanuel Macron y que luego se extendería por otros países como Bélgica, Países Bajos o Alemania. La huelga, “minoritaria” según el Gobierno, ha puesto contra las cuerdas a toda la cadena nacional de suministros.

No pasaron ni 48 horas y a la crisis del transporte se sumó a otro desafío gubernamental, el de la cesión ante Rabat en la cuestión del Sáhara Occidental y el retroceso de las relaciones diplomáticas entre España y Argelia.

Otros dos días y la mayor manifestación de los últimos años, que reunió a más de 150.000 agricultores, ganaderos y cazadores en Madrid para clamar contra el Gobierno. Los motivos: la subida del precio de la luz, el gas, la gasolina y la cesta de la compra, entre otros.

La oportunidad tampoco ha pasado desapercibida para la oposición, que ha visto en el descontento generalizado una posibilidad de crecimiento. En este caso, representantes del PP, Vox y Ciudadanos se han dejado ver apoyando al mundo rural, la primera vez que coinciden desde el mes de noviembre. Entonces quedó claro, sobre todo entre PP y Vox, que Pablo Casado y Santiago Abascal iban a competir sin cuartel por capitalizar este descontento.