Después de varios meses de subida constante del precio de la luz, colectivos y entidades sociales y ecologistas han convocado para este jueves 28 de octubre la primera gran manifestación en Madrid contra las eléctricas y para exigir al Gobierno que asuma su responsabilidad y fije los precios de luz y gas.
La manifestación será a las 18:00 horas en la plaza de la Villa de Madrid con el objetivo de denunciar la subida de los precios de la luz y del gas, de la que culpan a las eléctricas, y exigen una tarifa progresiva en función de los ingresos de los hogares así como un sistema de fijación de los precios de la energía.
Entre los convocantes están Ecologistas en Acción, Alianza contra la Pobreza Energética, Greenpeace, Fridays for Future Madrid, Amigos de la Tierra, Yayoflautas Madrid, CGT, Anticapitalistas y los sindicatos de inquilinos de Cataluña y Madrid.
Tarifa en función de la renta
En el manifiesto, los convocantes exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con sus promesas y compromisos y obligue a las eléctricas a consultar a los servicios sociales sobre la situación de las familias antes de cortar la luz, el agua o el gas y se les garantice el suministro mientras estén en situación de vulnerabilidad y durante el tiempo que sea necesario.
Critican, además, que el mínimo vital eléctrico aprobado por el Gobierno sólo afecta al suministro eléctrico (no a los otros suministros esenciales) y limita a un plazo de 10 meses la prohibición de cortes, sin atender a la situación de las personas transcurrido ese tiempo.
En el texto se pide una tarifa progresiva en función de los ingresos de los hogares y adaptada a las necesidades particulares de las personas más vulnerables, pues consideran que medidas como el bono social son "parches" que no protegen a todos los que sufren pobreza energética.
Fijación de precios
En cuanto al sistema de fijación de los precios de la energía, consideran que es "crucial disputar el poder al oligopolio energético", que dicen que está integrado por Endesa, Iberdrola y Naturgy, para avanzar hacia un modelo controlado por la ciudadanía, en el que cada tecnología tenga un precio acorde a sus costes reales.
También propone apostar por el autoconsumo, las comunidades energéticas y las cooperativas, así como por la inversión pública y local. Asimismo, piden que en los fondos para rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de edificios se prioricen las actuaciones y ayudas a las comunidades más vulnerables, donde las viviendas son más ineficientes energéticamente y las personas disponen de menos capacidad económica para reformarlas.