La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que varias Comunidades Autónomas de España tienen en sus neveras vacunas a punto de caducarse. Hecho que le han trasladado las propias Comunidades Autónomas, pero del que su departamento no tiene constancia al no contar con un registro de las vacunas almacenadas por su fecha de caducidad.
Los datos se conocen después de que la Administración catalana haya publicado que en sus neveras se han caducado 69.000 dosis de vacunas contra la Covid-19. La titular de la cartera ha dejado ver que el caso catalán es algo asilado y que, en el resto de las regiones, se va a solucionar pinchando esas dosis a punto de caducarse a los nuevos grupos de edad que se están incluyendo en la campaña de vacunación.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Darias ha explicado que, aunque no tengan constancia de más vacunas caducadas, "otras Comunidades Autónomas nos han comunicado que tenían vacunas a punto de vacunarse, pero que las están incorporando a la estrategia".
Según ha alegado Darias, el constante cambio de la campaña de vacunación (se acaba de aprobar una tercera dosis de Pfizer para las personas que estén ingresadas en residencias de ancianos y grandes vulnerables) hace que estas vacunas encuentren una salida.
Además, Darias ha confirmado que su departamento pausará en el próximo mes de noviembre nuevas entregas de vacunas de Pfizer. La ministra ya había anunciado este hecho hace unas semanas, pero las directrices de la compañía por su acuerdo de compra lo habían impedido.
"Estamos cuadrando las vacunas que hay en nevera para ponerlas y distribuirlas lo mejor posible", ha explicado la ministra quién ha asegurado que "perder vacunas, no es agradable".
La ministra ha insistido en seguir almacenando vacunas porque todavía existe la posibilidad de terceras dosis o dosis de recuerdo a diferentes grupos de población. Hay que recordar que, en estos momentos, la Ponencia de Vacunas está debatiendo la posibilidad de inocular una segunda dosis de Janssen y de pinchar una tercera dosis a los mayores de 80 años, como han pedido varias autonomías.
Comité de expertos
En otro orden de cosas, el Ministerio y las Comunidades Autónomas han dado luz verde al denominado Comité de Evaluación del Desempeño del Sistema Nacional de la Salud durante la pandemia. El órgano evaluador había sido anunciado por Salvador Illa cuando todavía era ministro de Sanidad, pero que no se aprobó su puesta en marcha hasta siete meses más tarde.
Las regiones han aprobado que sean cuatro los expertos que coordinen los equipos de campo para los que la ministra de Sanidad no ha puesto un límite de personas. Así, habrá cuatro coordinadores: la economista Rosa Urbanos Garrido; el experto en Medicina Preventiva, Fernando Rodríguez-Artalejo; la profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Carmen Pérez Romero; y el profesor en Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Barcelona, Xurxo Hervada Vidal.
Entre sus funciones, tendrá que definir los criterios para seleccionar a los evaluadores especializados y elaborar un listado de los profesionales que respondan a dichos criterios, definir también los criterios para seleccionar a la Secretaría Técnica de este marco, planificar y coordinar el proyecto de evaluación independiente "ofreciendo el apoyo necesario a los evaluadores, estimar el presupuesto de la evaluación y ser los interlocutores con el CISNS".
Control de opioides
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud también ha dado el visto bueno al nuevo Plan de optimización de la utilización de analgésicos opioides en el dolor crónico no oncológico (DCNO) en el Sistema Nacional de Salud.
El proyecto pretende "optimizar la prescripción" y evitar posibles situaciones de utilización inadecuada de estos medicamentos mediante 19 medidas enmarcadas en 5 ejes de actuación que van desde su prescripción hasta la vigilancia el consumo.
El Plan, ha explicado la ministra Carolina Darias, presenta un enfoque preventivo para evitar alcanzar situaciones como las que se están produciendo en otros países como EEUU y Canadá, en los que el consumo de opioides se ha convertido en un problema de salud pública.