La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha lanzado su enmienda a la totalidad frente a la de Hacienda, María Jesús Montero... y quizá, sobre todo, frente a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. La primera es secretaria general de Podemos y dice que "los Presupuestos están muy lejos" de ser aprobados; las otras dos, trabajan bajo la bandera del PSOE y anuncian que irán al Consejo de Ministros "en una semana, a lo sumo dos".
Lo cierto es que la ley de Presupuestos Generales del Estado aún está en el primer borrador. Y los morados anuncian guerra, porque le quieren añadir "más ambición fiscal" de la que ven en el PSOE. Es decir, impuesto de sociedades al 15% mínimo y una subida del IRPF "para los más ricos", es decir, a las rentas superiores a 130.000 euros anuales, como consta en el acuerdo de coalición... aunque las socialistas prefieren retrasarlo.
Belarra ha sacado la bandera de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), presumiendo de que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ha logrado imponer a la primera, incluso saltándose su catecismo del "acuerdo con los agentes sociales".
Extracto del capítulo fiscal en el programa de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
Según la líder de Podemos, la presencia de los morados en el Gobierno es buena "porque conseguimos estas cosas". Y ahora que toca hablar de Presupuestos, la ministra de Derechos Sociales ha advertido, en una entrevista en La hora de La 1 de TVE, de que Podemos quiere subir impuestos "como está firmado". Es decir, más impuestos a las empresas, y "un esfuerzo a los que tienen más" para "poder financiar el escudo social".
La ley más importante del año, como es conocida, lo es porque bajo su manto se tejen las guías de la política que el Ejecutivo desplegará en 2022. Y al ser éste el Gobierno con el menor apoyo parlamentario de la democracia, la negociación de las cuentas públicas es aprovechada cada ejercicio para apretarle por parte de los socios y aliados. El objetivo, forzar a los socialistas a que "cumplan lo que está firmado". Y en este curso lo que toca es subir impuestos.
Y hacerlo ya, sin esperar a las conclusiones del comité de expertos formado por Montero y que tiene hasta finales de febrero, es decir, dentro de cinco meses largos, para presentar su propuesta de "reforma fiscal". Ese es el término que recoge el pacto de gobierno de coalición progresista sellado, en diciembre de 2019, por el abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Conscientes de que será imposible forzar a que el PSOE haga ya esos deberes completos, los morados aprovechan "un consenso internacional" para que, al menos, se mande un mensaje "de centro izquierda moderado", apuntan las fuentes con sorna: armonizar el impuesto de sociedades al 15% mínimo para las grandes empresas, y al 18% para las entidades financieras -el demonio, según Podemos- y las de hidrocarburos -ésas que provocan el cambio climático, según también los socialistas-.
Hacienda dice que "se puede estudiar", para no conceder la carta antes de sentarse a negociar. Pero lo cierto es que Belarra tiene el discurso aprendido.
En su entrevista en TVE, este miércoles -aprovechando que, como hay hiperpoblación de ministros en este Gobierno, esta semana no había preguntas para ella en la sesión de control-, la heredera de Iglesias en Podemos ha recordado que la "armonización internacional del impuesto de sociedades" es un consenso alcanzado ya por la OCDE (a la que pertenece España), el G20 (donde nuestro país tiene asiento como invitado permanente) y anunciado por el mismo Gobierno de Estados Unidos.
Acuerdos internacionales
Es decir, que la idea "que lleva defendiendo Unidas Podemos desde hace años" ya es un plan aprobado por gobiernos de toda ideología en el mundo desarrollado y que "es necesaria para seguir financiando políticas sociales que protejan a los más vulnerables". Es decir, que la enmienda ejercida como oposición interna del Gobierno no es más que un empujón a su socio Sánchez para que Joe Biden no le pase por la izquierda.
El pasado mes de julio, los países que debatían en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llegaron a un acuerdo para reformar el sistema fiscal internacional. El pacto incluye, como estaba previsto, un tipo mínimo de Impuesto de Sociedades a nivel global del 15%, según anunció el organismo.
La declaración sobre fiscalidad fue signada por 130 países del mundo, representantes del 90% del producto interior bruto (PIB) a nivel mundial. Y entre ellos se encontraban la misma China y el propio Estados Unidos -las dos superpotencias que compiten entre sí por la hegemonía económica mundial-, así como el resto de potencias europeas, entre ellas España.
Diez días después, eran los ministros de Finanzas del G20 los que acrodaron algo muy similar. Imponer un impuesto mínimo a nivel global para las grandes empresas. Hasta 131 países sellaron un principio de acuerdo para imponer un impuesto de sociedades común del "15% como mínimo" y garantizar que las grandes empresas "paguen los impuestos donde generan sus ventas" para evitar que se tribute en un país distinto de donde se genera el negocio y pagar así menos impuestos.