Nuevo revés para Carles Puigdemont en su ofensiva política y jurídica para tratar de desacreditar a España en la Unión Europea. El Tribunal General de la UE (TJUE) ha tumbado este miércoles la campaña de recogida de firmas que pretendía lanzar el Consell per la República -dirigido por el expresidente catalán- y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) con el fin de forzar a Bruselas a sancionar a España por supuestas vulneraciones de los derechos de los catalanes.
La iniciativa llevaba por título "derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas" y entre sus firmantes estaba también la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie. Los promotores pretendían recabar un total de un millón de firmas en al menos siete Estados miembros contra España.
En su exposición de motivos, el Consell per la República y la ANC sostenían que, en su respuesta al movimiento separatista catalán, España ha vulnerado principios básicos de la Unión Europea como la independencia e imparcialidad de los tribunales, la separación de poderes, la libertad de reunión, la libertad de expresión, el derecho a elecciones libres, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad de trato.
Por todo ello, la iniciativa ciudadana reclamaba a la Comisión y a la Eurocámara que actuaran contra España, aunque no concretaba exactamente cómo.
"Pretendemos que tanto la Comisión como el Parlamento tengan un acabado conocimiento de la situación actual en España, sus riesgos sistémicos, la falta de cumplimiento de normas y principios rectores del derecho de la Unión, la necesidad de activar mecanismos que permitan ayudar a la mejora de la calidad democrática en España y, de esa forma, garantizar los derechos y libertades de las minorías y del conjunto de los ciudadanos españoles a través del derecho y los instrumentos de la Unión", señala el texto.
En una decisión adoptada el 3 de julio de 2019, el Ejecutivo comunitario rechazó el registro de esta recogida de firmas escudándose precisamente en su indefinición. Bruselas alegó que los promotores "no invitan a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión". "Por estos motivos, la iniciativa ciudadana propuesta está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión".
La ANC y el Consell per la República presentaron un recurso contra esta decisión ante el Tribunal General que está firmado por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. Su argumento central es que Bruselas se escuda en excusas técnicas porque en realidad no quiere ejercer su función de vigilancia del respeto del Estado de derecho por parte de las autoridades españolas.
En su sentencia de este miércoles, la justicia europea desestima los argumentos de Boye y tumba definitivamente la iniciativa de Puigdemont contra España. "El Tribunal General considera que manifiestamente no se invitó a la Comisión a que presentara una propuesta de acto jurídico de la Unión, por lo que la citada institución consideró acertadamente en su decisión que la propuesta de iniciativa ciudadana europea estaba claramente fuera del ámbito de sus competencias", concluye el fallo.
Tras conocer el fallo, el Consell per la República y la ANC han anunciado que no descartan recurrirlo de nuevo o presentar una nueva iniciativa ciudadana con un redactado diferente para obligar a Bruselas a "investigar si las vulneraciones de derechos humanos de las autoridades españolas contra el pueblo catalán suponen una amenaza sistémica contra el Estado de derecho".
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