El Gobierno, dispuesto a asumir el coste político y electoral de los indultos: "Es lo que nos toca"

Pedro Sánchez tiene conciencia de que a él le ha tocado una misión, la de "reconstruir puentes que llevan mucho tiempo destruidos". Los de "Cataluña con el resto de España". Y cumplirá esa misión cueste lo que cueste, ya sean críticas políticas, titulares de prensa o incluso votos: "Es lo que nos toca".

Así lo ha sentenciado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, en la que el dictamen negativo del Supremo ha quedado superado: "Es la hora de la política".

Sánchez siente que tiene que tomar una decisión, la de darle respuesta a la petición de indulto a los 12 políticos y activistas condenados por el procés independentista de 2017. Ahora sabemos que la agenda del reencuentro incluía la palabra indulto, y el empeño del Gobierno es que en la opinión pública cale que la única decisión posible es otorgar la medida de gracia.

Por eso, desde el lunes pasado, Sánchez y el resto de sus ministros han creado un relato que repiten allá donde se les pregunte. Los "valores constitucionales son la concordia y la convivencia" y lo contrario "es la revancha y la venganza".

Desde el miércoles en la sesión de control, se ha añadido el reproche directo al PP de que "fue al Gobierno de Rajoy al que se le escapó Puigdemont y el que no impidió un referéndum ilegal". Y todo para tener armas con las que responder a los palos que ya le estaban llegando desde el partido de Pablo Casado.

De esta forma, Moncloa reescribe su historia e incluso sitúa el inicio del "conflicto catalán", curiosamente, en las fechas de culminación del procés. La ministra Montero así lo ha dicho ante la prensa: "Llevamos muchos años con esta confrontación, que empezó en 2017".

No habrá "brazos cruzados"

Pero ese significante, en realidad, es una herramienta más dentro del relato elaborado para pasar de la mejor manera el trago de indultar a Oriol Junqueras y compañía. Fuentes del Gobierno explican que los populares se quedaron de brazos cruzados y que Sánchez no va a hacer eso.

Total, que la conclusión es que la portavoz ha tenido que desglosar el argumentario en cinco turnos, para no repetirse demasiado, ya que todos los reporteros le han preguntado por lo mismo. Y eso que junto a ella estaban la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro José Luis Escrivá, protagonistas del quinto acuerdo de los ERTE para combatir los efectos en el empleo de la pandemia.

Pero en una de ellas, Montero ha tenido que tragar saliva. Desde la noche del miércoles, nada menos que Felipe González, expresidente; Juan Alberto Belloch, exministro de Justicia y padre del Código Penal; Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha; y Guillermo González Vara, presidente de Extremadura, se han despachado a gusto contra la medida de gracia que prepara el Ejecutivo. "Ya saben cómo es mi partido, plural y diverso", ha tratado de esquivar.

Y ante la insistencia de la cuestión, esta vez añadiéndole que los votantes del PSOE andaluz, al que pertenece Montero, tampoco comparten la decisión, la portavoz ha dejado ver, definitivamente, que Sánchez está dispuesto no sólo a aguantar críticas externas e internas, sino a perder votos "por el bien de España".

Montero ha dicho textualmente: "Los militantes de mi formación política y el conjunto de los ciudadanos saben muy bien que el interés general de España es el que preside a mi formación política". Y a la decisión que tome el presidente, había dicho antes. Así, "ante una situación heredada, que al PP se le escapara Puigdemont y que le hicieran un referéndum ilegal, pero es una prerrogativa del Consejo de Ministros velar por las decisiones que fortalezcan la democracia y la concordia".

Es decir, que sólo falta a fecha.