El Ministerio de Pablo Iglesias todavía no ha recibido el borrador preparado en el departamento de José Luis Ábalos sobre la nueva Ley de Vivienda que ambos deben presentar de manera conjunta al Consejo de Ministros. Según fuentes de Unidas Podemos, Ione Belarra pudo consultarlo la semana pasada pero no le dieron copia.
Hace mes y medio que teóricamente comenzó la negociación de la nueva Ley de Vivienda entre el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales. Las reuniones se suspendieron durante la campaña catalana y, además, ya comenzaron con retraso, porque la norma debía haber sido presentada en el Consejo de Ministros a principios de febrero, para llegar al Congreso la semana que viene, según lo acordado.
Moncloa da por hecho que "pronto habrá pacto en esa ley y la podremos traer el Consejo de Ministros". Pero Unidas Podemos ya ha advertido de que se atiene a lo firmado, y que si el PSOE no incluye la intervención del mercado del alquiler, se encontrará solo en el Parlamento defendiendo la norma, porque tampoco recibirá el apoyo del resto de socios parlamentarios. ERC y Bildu, de hecho, han exigido una comparecencia de Ábalos en el Congreso.
Desde la formación de Iglesias no se rebaja la tensión, y se remiten al pacto del 28 de octubre, en la noche del cierre de los Presupuestos: "Lo aceptaron así y lo pactado obliga... si no, que busquen al PP para que les apruebe la ley".
El acuerdo por el que ambos ministerios serán los coproponentes de la ley, arrancado por el vicepresidente segundo aquel 28 de octubre [consúltelo aquí en PDF], incluía lo que en la banda morada del Gobierno calificaban, felices, de "un gol por la escuadra": el compromiso del PSOE para intervenir el mercado del alquiler de viviendas para "establecer mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes".
Inconstitucional
Pero con razón estaba tan sorprendido Iglesias de haber logrado arrancar semejante medida, "y por escrito", a los socialistas "que si no, a ver quién se fía"... y es que el Ministerio de Ábalos ha ideado un mecanismo completamente distinto, porque cree que el plan de los morados podría acabar siendo inconstitucional, "y todas las leyes que aprobemos deben estar elaboradas siempre con seguridad jurídica".
Es decir, que aunque no se estén cumpliendo los plazos comprometidos, "la fecha no puede ir en detrimento de la seguridad", tal como defendía la ministra portavoz, María Jesús Montero, este martes. De hecho, el Tribunal Constitucional ya sentenció que la ley catalana, en la que se basa la propuesta de Podemos, vulnera la propiedad privada.
Montero defiende la "estabilidad del Gobierno" pese a los "ríos de tinta" por las tensiones.
En todo caso, fuentes de Unidas Podemos explican que la última reunión volvió a concluir sin avances. Y que el negociador del PSOE, David Lucas, lleva dos semanas dando largas, sin ninguna propuesta escrita no sólo en la regulación de los alquileres -el objeto de la polémica-, tampoco sobre vivienda vacía o desahucios.
Fuentes de Transportes explican a este periódico que el objetivo es "exactamente el mismo", es decir, contener los precios abusivos del alquiler en las zonas tensionadas de determinadas grandes ciudades. Pero alegan que el camino de Podemos podría no sólo caer en el Constitucional, sino provocar el "efecto pernicioso de contraer la oferta" porque algunos propietarios se vieran impelidos a "preferir vender la vivienda que a alquilar por debajo de precios de mercado" impuestos por ley.
Firmado... o no
Y que esa salvedad, precisamente, sí estaba en el acuerdo de coalición, y no la intervención del mercado de alquiler. Concretamente, el párrafo tres del punto 2.9.3. del pacto entre PSOE y Unidas Podemos que dio origen al Gobierno dice textualmente [consúltelo aquí en PDF]: "Regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".
Y a eso se agarraba este martes la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para asegurar que "el Gobierno no incumple y no ha cambiado su política, estamos de acuerdo en el objetivo de que la vivienda sea un derecho y de que cumpla la función social que le encomienda la Constitución". De acuerdo con los morados, se entiende, pero "lo que estamos discutiendo ahora es el mejor instrumento para compatibilizar todos los derechos de los ciudadanos, también el de la propiedad privada".
Pero alegan que el "plan alternativo" elige el camino de los "incentivos fiscales para los propietarios que pongan pisos en el mercado por debajo de los índices de referencia que publica el Ministerio", en lugar de forzar las bajadas por ley habilitando "a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas para que puedan establecer su índice de precios" y "declarar una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler".
Pero es que precisamente eso era lo que firmó el PSOE en el acuerdo de Presupuestos, ése que Iglesias tensionó hasta la madrugada entre órdagos y llamadas broncas de Iván Redondo con Juanma del Olmo, los estrategas del lado socialista y morado, respectivamente-.
En todo caso, a los pocos días de aquel 28 de octubre en el que se selló por escrito el pacto, fuentes del entorno de Ábalos advertían a este periódico de que no habría nada seguro, por mucho que un papel lo dijera: "Sobre los alquileres, de aquí a marzo pueden pasar muchas cosas", confesaba un portavoz autorizado del Ministerio de Transportes.