El Gobierno obedece un mandato del Congreso "que incumplió el Ejecutivo señor Rajoy". Pero abre un conflicto directo con la Iglesia Católica. Primero, porque hace pública la lista de bienes inmatriculados, que cifra en 34.961 inmuebles en España entre 1998 y 2015. Y segundo -y más importante-, porque la publicita con solemnidad, sacando a la vicepresidenta primera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y porque la propia Carmen Calvo ha sugerido en varias ocasiones que no está de acuerdo "con la reforma legal que impulsó el Gobierno del señor Aznar".
Este listado, como se encarga de anunciar el propio Ejecutivo, hace "posible la consulta pública del origen de la inmatriculación de estos bienes inmuebles". A lo que añade que esto "podría hacer posible la reclamación de los mismos en caso de conflictos sobre la titularidad de los bienes".
La publicación de esta lista es un compromiso del Gobierno de coalición, y del mismo PSOE desde hace años, que ha provocado rencillas con la Conferencia Episcopal desde la llegada de Sánchez a Moncloa. No en vano, el mandato del Congreso procede del año 2017, cuando el PP de Mariano Rajoy gobernaba en minoría y los socialistas pudieron sacarla adelante.
El Gobierno abre la vía a reclamar los bienes inmatriculados de la Iglesia.
Promesa largamente retrasada
Entonces en la oposición, el líder socialista prometió "acabar con las inmatriculaciones de la Iglesia". Así lo hizo, incluso, en un acto en Córdoba, sede de uno de los edificios más emblemáticos incluidos en la lista, la Mezquita-catedral de Córdoba. Lo mismo exigía el hoy vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuyo grupo de Unidas Podemos ha reclamado en diversas ocasiones "acabar con las inmatriculaciones de la Iglesia".
Si bien la iniciativa de recabar esta información fue del PSOE, una vez que Sánchez llegó al Gobierno rechazó hacer pública la lista. Y el mismo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid le dio la razón al Ministerio de Justicia, que se negaba a entregar al Portal de Transparencia el listado.
Después, tras las elecciones del 10-N de 2019, el acuerdo de coalición con Unidas Podemos recogió el compromiso de hacer pública esta lista. Y no ha sido hasta ahora que se ha cumplido la promesa de unos y otros.
La intención del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos de darle importancia a esta publicación quedó evidenciada, también, nada más acabar la comparecencia de Calvo junto a María Jesús Montero este martes. La Secretaría de Estado de Comunicación envió una nota de prensa a los medios de comunicación. Y esto tampoco es lo habitual tras las comparecencias que siguen al Consejo de Ministros.
Concretamente, este comunicado expresa que "la modificación de la Ley Hipotecaria hizo posible que desde 1998 se pudieran inscribir los bienes eclesiásticos destinados al culto con la simple certificación expedida por el diocesano correspondiente". Según el Gobierno de Pedro Sánchez, "esta circunstancia, unida a que mantuviese el privilegio de la inscripción mediante certificación diocesana, supuso una masiva inscripción en el Registro de la Propiedad de estos bienes a favor de la Iglesia".
¿Actuó ilegalmente la Iglesia?
En el discurso de investidura del pasado mes de enero, Pedro Sánchez llegó a asegurar que estas inmatriculaciones incluso eran ilegales: "No tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y de igualdad".
Sin embargo, Calvo sostiene ahora que las inmatriculaciones "se han hecho con arreglo a la legalidad", eso sí, aclarando que esto es así "más allá de que se esté más o menos de acuerdo con esa reforma del señor Aznar".
Lo que también ha remarcado es que con esta información ya disponible, "se podrán abrir dos vías legales para reclamar" si hay discrepancias en cuanto a la titularidad de las más de 34.000 fincas que la Iglesia hizo constar como propias entre 1998 y 2015: "La puramente administrativa, para investigar si hay dudas, y la jurídica, para dilucidar en el juzgado las discrepancias".
También llama la atención que haya sido Carmen Calvo la encargada de presentar el informe al Consejo de Ministros y de defenderlo en la rueda de prensa. En España, las competencias en materia de relaciones con las comunidades religiosas son del Ministerio de Justicia. Y, de hecho, fue la extitular de este ramo y hoy fiscal general, Dolores Delgado, la que justificó ante el Senado, en noviembre de 2018, que su departamento estaba "trabajando para tener la información disponible y, además, para hacerla pública".
Reclamaciones privadas y públicas
El listado enumera los bienes inmatriculados (inscripción realizada por primera vez) por la Iglesia en el Registro de la Propiedad desde 1998, que fue la fecha en la que, bajo el Gobierno de José María Aznar, se reformó la Ley Hipotecaria. Esta ley permitió a la Iglesia registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica.
La Iglesia siempre ha defendido que aquella reforma se limitaba a dar una vía legal para poder inscribir edificios de culto que nunca habían precisado de registro público, o que por su antigüedad fueron construidos antes de que éste existiera.
El acuerdo de la Comisión de Justicia del Congreso, en 2017, instó al Ejecutivo a que elaborara el informe analizando los documentos acreditativos de la propiedad utilizados por la Iglesia. Y que, en caso de no ser suficientes ni válidos, se reclamase la propiedad de estos bienes y de aquellos considerados de dominio público que también hayan sido inmatriculados, como la mencionada Mezquita de Córdoba.
El informe será enviado ahora por el Ejecutivo al Congreso de los Diputados, institución que se lo encargó. Además, tanto los particulares como las Administraciones públicas podrán presentar las reclamaciones que consideren oportunas al estimar que tienen derechos previos sobre su propiedad.