Puigdemont tendrá que refutar en la Eurocámara la similitud entre el asalto al Capitolio y el 1-O catalán

Pasados más de tres años desde el referéndum ilegal del 1-O de 2017, Carles Puigdemont empieza este jueves a sentir la presión en su refugio legal del Parlamento Europeo. Tanto el expresidente catalán como sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí comparecerán ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara que debe decidir sobre el suplicatorio para tramitar la euroorden de detención que pesa contra ellos.

La misión de esta comisión es, única y exclusivamente, dirimir si los delitos por los que se pide levantarles la inmunidad están relacionados con el ejercicio de su cargo como eurodiputados o si el proceso judicial busca minar su labor en el Parlamento Europeo. De ahí que los argumentos esgrimidos por los tres independentistas huidos de la Justicia española hasta ahora -el Tribunal Supremo "no es competente", los cargos "son exagerados"...- no tengan cabida en la vista, según el presidente de la comisión, el español Adrián Vázquez, de Ciudadanos.

Tras la declaración de independencia con freno y marcha atrás, su destitución al aplicarse el artículo 155 de la Constitución, la rocambolesca fuga del expresident primero a Bruselas y después a Waterloo y de que, acogiéndose a subterfugios legales los tres lograran acceder al acta de eurodiputados, la Eurocámara por fin escuchará sus alegaciones contra el levantamiento de su inmunidad.

Golpe desde el poder

Aquel golpe desde el poder ha sido revivido en la Eurocámara con el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Fuentes parlamentarias recuerdan que las revoluciones ya no son con tanques y pistolas, y que Donald Trump alentando a sus seguidores para revertir el resultado electoral tiene paralelismos evidentes con la aprobación de las leyes de desconexión y de transición a la república catalana del 26 y 27 de septiembre de 2017 en el Parlament. "Cosas así nunca habrían pasado en el Parlamento Europeo, aquí se cumplen las leyes", apunta Vázquez. 

A pesar de que sólo hace año y medio que ocupa el escaño, el diputado Vázquez, del grupo liberal de Renew por Cs, ocupa un puesto institucional más importante que veteranos como Luis Garicano, Jordi Cañas o José Ramón Bauzá, y es que lleva años como responsable de Internacional, asesoró personalmente a Albert Rivera y fue jefe de gabinete del entonces portavoz adjunto del grupo, Javier Nart.

Esa experiencia le ha permitido preparar "con esmero" todo el proceso, no sólo para que sea pulcro desde el punto de vista legal, sino para desactivar la campaña propagandística "incansable" de los independentistas. Por ejemplo, otra de las acusaciones de Puigdemont, Ponsatí y Comín: su presunta "parcialidad ideológica" como presidente de la comisión. "Mi única labor es velar por el cumplimiento del reglamento y asegurarme que las reuniones se llevan a cabo sin alteraciones y en respeto con las normas del Parlamento", alega él en respuesta.

Acusaciones

Tanto Puigdemont como Comín están procesados por sedición y malversación; Ponsatí sólo lo está por sedición, pero los tres políticos independentistas catalanes están amparados por la inmunidad parlamentaria fuera de España. Si pisaran nuestro país, al estar ya procesados, podrían ser detenidos sin ninguna cortapisa.

Esto es así desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el 19 de diciembre de 2019 reconoció que el líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado en firme a 13 años de cárcel por sedición y malversación, era europarlamentario desde la proclamación de los resultados de las elecciones europeas de mayo del mismo año, cuando se encontraba en prisión provisional a la espera de sentencia.

A quien también señala con victimismo Puigdemont es al ponente que elaborará el informe sobre si procede o no darle curso a la petición impulsada por el Tribunal Supremo en España. El líder independentista fugado señala al búlgaro Anjel Dzhambazki, del grupo conservador ECR, porque en él también está encuadrado Vox.

Pero esta supuesta "parcialidad" de Dzhambazki por ser socio político de Santiago Abascal, también se desmonta por sí sola: en esa misma familia están integrados los nacionalistas flamencos del NVA, socios expresos de Puigdemont.

Además, su elección fue del todo transparente. En declaraciones a EL ESPAÑOL, Vázquez explica que el asunto le cayó al búlgaro "en el reparto por turnos". El eurodiputado liberal recuerda que "las únicas condiciones para saltarse el turno, según el reglamento son que el ponente del caso sea del mismo país que los concernidos o del mismo grupo político".

Por un lado, Dzhambazki es búlgaro. Y, por el otro, los tres políticos encausados no han logrado que se les acepte en ninguna de las siete familias de la Eurocámara.

Pronóstico favorable

Ése es precisamente uno de los síntomas de que muy probablemente el proceso termine con el levantamiento de la inmunidad para los políticos catalanes huidos. Si ningún grupo político los ha aceptado, apuntan fuentes de la Eurocámara, es porque la pedagogía de pasillos ha logrado desactivar la propaganda victimista del independentismo catalán.

Otra de las razones para el optimismo en el Supremo es que el grupo de los Populares, el de los Socialistas, el liberal Renew y el ECR ya han sugerido que prevén apoyar el suplicatorio. Pero Vázquez quiere seguir con la pulcritud: "Aún falta que cada uno de ellos se explique, que discutamos, que se elabore el informe, que lo votemos en comisión y que luego vaya al pleno".

Es cierto que lo habitual es que la Eurocámara conceda los suplicatorios que se le piden. En la última legislatura (2014-2019) fueron adelante 53 de las 59 solicitudes.

Pero tampoco sería la primera vez que la Justicia belga rechaza cumplir con la Euroorden -la semana pasada se denegó la entrega del exconsejero Lluís Puig- ni que es condenada por ello: en noviembre de 2020, los tribunales de Bélgica debieron entregar a España a la etarra Natividad Jáuregui, después de rechazar su extradición hasta tres veces (2004, 2015 y 2015). Tras 15 años de conflicto judicial, en 2019, el Tribunal de Estrasburgo rechazó que España fuera a "violar sus derechos humanos".