La noche del domingo 14 de febrero de 2021, fecha más que probable de las próximas elecciones autonómicas catalanas, volverá a oírse en boca de los portavoces de los partidos constitucionalistas una u otra variante del famoso "yo no mandé mis barcos a luchar contra los elementos" de Felipe II.

Esos elementos son dos: la abstención y la ley electoral. En Cataluña, ambos benefician a las formaciones nacionalistas.

La asociación constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC) ha empezado a trabajar para que el domingo de las elecciones ese lamento pase al olvido. Lo ha hecho lanzando una campaña que llama a la participación electoral y recordando que una nueva victoria independentista, que los sondeos dan por casi segura, implicará "más fractura, empobrecimiento y discriminación en Cataluña". 

La campaña, que se desarrollará durante la segunda quincena de octubre, tiene como lema "Si tú no votas, ellos lo volverán a hacer". Una frase que recuerda aquel polémico "Si tú no vas, ellos vuelven" que utilizó el PSC en las elecciones generales de 2008 –acompañado de los dibujos de Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana– y que llevó al partido hasta los 25 diputados, sus mejores resultados en Cataluña. 

Contra la desmovilización

El mensaje de SCC apela a todos esos catalanes que en 2017 votaron por algún partido constitucionalista y que ahora, a la vista de los sondeos y del previsible retroceso de Ciudadanos, ganador de los comicios convocados ese año por el presidente del Gobierno tras aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, podrían estar planteándose la abstención.

El optimismo de SCC es impermeable a los sondeos. "Se dan las condiciones objetivas para una derrota del independentismo" ha afirmado el presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa. "Nosotros nunca diremos a quién votar. Sólo queremos poner a los catalanes ante su responsabilidad histórica y animarles a votar. Cataluña se juega el futuro de una generación. Cuatro años más de procés y nos vamos por el desagüe". 

La campaña de SCC intenta combatir la tendencia a la desmovilización constitucionalista que han detectado varios sondeos preelectorales. Una desmovilización que, sumada al plus que la ley electoral concede al nacionalismo –el 21 de diciembre de 2017, el 47,5% de los votos le dio a los partidos separatistas el 52% de los escaños–, pone muy cuesta arriba una victoria del bloque constitucionalista.

Sin ley electoral propia  

Es la misma ley electoral que los partidos nacionalistas se han negado a sustituir por una ley propia, convirtiendo Cataluña en la única comunidad autónoma española que carece de ella. Algo chocante, teniendo en cuenta el afán soberanista del nacionalismo y su empeño en borrar cualquier rastro de legislación estatal en Cataluña. 

La paradoja tiene fácil explicación. El sistema actual se basa en lo establecido en el primer Estatuto de Autonomía catalán, que se limitó a determinar las cuatro circunscripciones electorales catalanas y el número de escaños que le corresponde a cada una de ellas. En todo lo restante, la ley de aplicación en Cataluña es la Ley de Régimen Electoral (LOREG) de 1985. 

La combinación de ambos factores produce un resultado claramente beneficioso para el nacionalismo. Algo que ha dificultado sobremanera la posibilidad de una alternancia constitucionalista en Cataluña y que, a día de hoy, convierte en casi imposible que los partidos leales a la Constitución, los más votados en entornos urbanos, sumen más escaños que los nacionalistas, los más votados en entornos rurales. 

Provincias sobrerrepresentadas

La pieza clave del desequilibrio es el número de escaños asignados a cada una de las cuatro provincias catalanas. A Barcelona, de acuerdo al sistema actual, le corresponden 85 diputados. A Tarragona, 18. A Gerona, 17. Y a Lérida, 15. 

Pero esas cuatro cifras no se corresponden ni por asomo con el verdadero peso demográfico de las cuatro circunscripciones electorales. Las provincias más nacionalistas, Gerona y Lérida, están sobrerrepresentadas.

Tarragona, una provincia menos nacionalista que las dos anteriores, pero más soberanista que Barcelona, también está sobrerrepresentada, aunque no tanto como Gerona y Lérida.

Barcelona, la provincia menos nacionalista, está muy infrarrepresentada. 

La clave es Barcelona

Barcelona concentra el 74,83% del censo electoral. De acuerdo a un reparto de escaños verdaderamente proporcional, a Barcelona le corresponderían 101,02 escaños en vez de los 85 que tiene ahora.

A Tarragona, el 10,20% del censo, le corresponderían 13,77 escaños. Ahora tiene 18.

A Gerona, el 9,32% del censo, 12,58 escaños. Ahora tiene 17.

A Lérida, el 5,65% del censo, 7,63 escaños. Ahora tiene 15.

Redondeando a favor de las provincias menores, un reparto verdaderamente proporcional quedaría así:

Barcelona, 100 escaños; Tarragona, 14; Gerona, 13; Lérida, 8.

En total, 135 escaños. 

Ese reparto injusto de los escaños tiene consecuencias clave en Cataluña. La principal, el hecho de que las minorías rurales nacionalistas de las provincias menos productivas y con menor peso económico impongan su voluntad sobre las mayorías urbanas constitucionalistas, más productivas y con mayor peso económico. El resultado han sido cuarenta años de gobiernos nacionalistas.  

Un hombre, 4 votos

La infrarrepresentación de Barcelona tiene una segunda consecuencia injusta. Rompiendo el principio de "un hombre, un voto", los escaños en Barcelona pueden llegar a costar hasta 48.000 votos, por los 13.000 votos que cuestan en Lérida. Hacen falta cuatro votos barceloneses para obtener la representatividad política que un leridano consigue con un solo voto. 

O expresado en sentido recto: en Cataluña, el principio "un hombre, un voto" ha sido sustituido por el principio "un hombre rural, cuatro votos". 

En las elecciones de 2017, el coste medio de un escaño en Barcelona fue de 40.564 votos. En Gerona fue de 24.067. En Tarragona, de 23.165. En Lérida, de 15.341. 

Si los escaños en el Parlamento regional catalán se hubieran distribuido de acuerdo al verdadero peso demográfico de las cuatro provincias catalanas, los resultados de 2017 habrían sido ligeramente diferentes. El gran beneficiado habría sido el PSC, el partido catalán que mejor equilibra sus votos entre áreas urbanas y rurales. 

En 2017, el resultado de las elecciones, en escaños, fue el siguiente: 

Ciudadanos, 36; JxCAT, 34; ERC, 32; PSC, 17; Podemos, 8; PP, 4; CUP, 4. 

De acuerdo a una representación verdaderamente proporcional, el resultado en 2017 habría sido este: 

Ciudadanos, 36; JxCAT, 32; ERC, 31; PSC, 20; Podemos, 8; PP, 4; CUP, 4.

El análisis es fácil. El bloque separatista habría perdido tres escaños que habría ganado el bloque constitucionalista. Esos tres escaños habrían pasado de forma íntegra al PSC. El cambio, en un escenario tan equilibrado como el catalán, habría tenido enormes consecuencias. Porque el bloque separatista habría pasado de los 70 escaños a los 67, uno por debajo de la mayoría absoluta. 

Dicho de otra manera. El separatismo no habría podido formar gobierno y Ciudadanos habría tenido su oportunidad, con el permiso de Podemos.

Con un sistema electoral como ese, el coste de los escaños no corregiría la enorme desigualdad entre las provincias más y menos pobladas, pero sí lo rectificaría un poco. El escaño en Barcelona pasaría a costar 33.290 votos, por los 29.052 de Gerona, los 27.569 de Lérida y los 27.089 de Tarragona. Una diferencia apreciable, pero no escandalosa como la actual. 

De acuerdo a un escenario de circunscripción única y en el que todos los escaños se repartieran de forma estrictamente proporcional, el resultado habría sido aún más claro para el constitucionalismo: 

Ciudadanos, 35; JxCAT, 30; ERC, 30; PSC, 19; Podemos, 10; PP, 5; CUP, 6.

Es decir, únicamente 66 escaños para el separatismo. Dos por debajo de la mayoría absoluta. 

La pregunta surge sola. ¿Por qué el PSC, el partido que más se beneficiaría de una ley electoral catalana verdaderamente proporcional, se ha negado siempre a tramitarla, incluso cuando ha podido hacerlo desde la Generalidad, durante las presidencias de Pasqual Maragall y José Montilla?

Fin del plazo legal

El presidente del Parlamento autonómico catalán, Roger Torrent, comunicará el próximo miércoles al pleno de la Cámara el agotamiento del plazo legal de diez días para la presentación de un candidato a la presidencia de la Generalidad sin que nadie haya dado un paso adelante. 

Una vez comunicada dicha circunstancia en la sesión ordinaria del 21 de octubre, se iniciará el plazo de dos meses previos a la disolución automática del Parlamento.

Si en ese plazo no se produce ninguna investidura con éxito, y nada hace pensar que eso pueda ocurrir, el Gobierno regional publicará el decreto de convocatoria de elecciones, que se celebrarán el próximo 14 de febrero de 2021. 

Los sondeos, todavía muy prematuros, insisten en presentar de nuevo un equilibrio casi perfecto entre el bloque separatista y el constitucionalista, con leves variaciones de apenas unos pocos escaños que suelen ser interpretadas por los medios regionales como movimientos de profundo calado.

En realidad, el único movimiento demoscópico de consideración, más allá de la ya mencionada tendencia a la abstención constitucionalista, es el trasvase de votantes de Ciudadanos al PSC, el PP y Vox.

La victoria de ERC se da casi por segura y los únicos puntos de interés político son la posibilidad de que el independentismo pueda superar el 51% de los votos, algo que sería interpretado sin duda alguna por el nacionalismo como un aval para la secesión, y la de que los resultados le concedan a ERC dos posibilidades de tripartito en vez de una sola. La primera, junto a PSC y Podemos. La segunda, junto a JxCAT y la CUP.

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