El Gobierno de España anda buscando dinero por debajo de todas las piedras del Estado. Y ha encontrado alrededor de 15.000 millones en las cuentas bancarias de los Ayuntamientos, que llevan desde 2012 obligados por ley a presentar cuentas saneadas. Tanto que los 8.130 consistorios de España han acumulado esa cantidad en remanentes de tesorería en estos siete ejercicios. Ahora, Pedro Sánchez ha impuesto a las corporaciones municipales que le entreguen "voluntariamente" esas cantidades con el compromiso de ir devolviéndoselas de aquí a 2032.
Y se puede decir que es Sánchez, y no el Gobierno, porque la decisión se ha tomado sin el acuerdo de Pablo Iglesias y los suyos. Unidas Podemos sigue exigiendo "el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de coalición". Es decir, la derogación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y acabar con las limitaciones de la regla de gasto que prohíben a los Ayuntamientos endeudarse e incluso recurrir a los remanentes por el superávit de ejercicios pasados.
Eso se prometió el viernes de madrugada, tal como informó EL ESPAÑOL, pero al final no se cumplió. Y se impuso Moncloa.
La Administración Central del Estado, por iniciativa de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha impuesto que esos fondos -que, para entendernos, suponen por ejemplo más del 10% de los 140.000 millones que le tocaron a España en el reparto de la UE- le sean prestados al Tesoro Público. Posteriormente, el Estado los irá devolviendo en cómodos plazos de 12 años y a un interés "que no podrá superar el coste equivalente de financiación de la Deuda del Estado".
La decisión la ha tomado en solitario el PSOE, en contra de los representantes del PP, de Cs y de JxCat. Se rompe así por primera vez el tradicional consenso en los acuerdos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En ese foro siempre se han tomado las decisiones por acuerdo unánime, con el voto a favor del total de sus 25 directivos.
Pero en esta ocasión sólo han votado a favor del acuerdo -si se le puede llamar así- los 12 representantes socialistas, con el rechazo de los 10 del PP, el de Cs y el de JxCat. Unidas Podemos finalmente se ha abstenido.
El acuerdo se ha impuesto por disciplina de partido del PSOE, gracias al voto de calidad del presidente, Abel Caballero, alcalde de Vigo. Una situación tan indeseada que había provocado la suspensión de la Junta directiva de la FEMP ya en dos ocasiones en las últimas dos semanas, ya que la oferta de Hacienda a los alcaldes no lograba el apoyo ni siquiera de los de Unidas Podemos. De hecho, su representante, Pedro del Cura, primer edil por IU de Rivas (Madrid), era el más batallador.
Situación "desesperada"
Ante las pérdidas de ingresos y la enorme subida de los gastos provocada por la emergencia socioeconómica, y viendo cómo a las Comunidades Autónomas le caían 16.000 millones de euros a fondo perdido, los alcaldes de toda España reclamaron su parte. Y nunca mejor dicho "su parte": poder acceder a los alrededor de 15.000 millones de euros que tienen paralizados en los bancos de partidas no ejecutadas en los últimos años. Pero Hacienda se negó, alegando que "ni la ley de estabilidad presupuestaria ni la Constitución misma lo permiten".
La situación en los Ayuntamientos es "desesperada", explica Del Cura. "Los que tienen remanentes o superávit de 2019 no podían utilizarlo. Así que estaban como el resto, como Zaragoza por ejemplo, con una enorme deuda, que les cuesta hasta cumplir pagos...". Ahora, con el texto acordado -al que ha tenido acceso este periódico-, los consistorios tienen hasta el 15 de septiembre para comunicar a Hacienda que "voluntariamente" adquieren el "compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir esos recursos". Es decir, los 15.000 millones.
A cambio, los consistorios donantes recibirán de vuelta un total de 2.000 millones este ejercicio y hasta 3.000 en 2021. El resto, los otros 10.000 millones se irán librando en los siguientes 10 años, hasta 2032.
Los que no tienen
¿Y los que no tienen esos sobrantes, cómo atienden las caídas de ingresos y la subida de gastos del coronavirus? El documento aprobado habla genéricamente de "mecanismos de apoyo" como la "colaboración con las Diputaciones Provinciales" mediante préstamos, transferencias o la revisión de las condiciones de los préstamos ya formalizados con el Fondo de Financiación a las Entidades Locales. Pero sin poner una cifra negro sobre blanco.
Los alcaldes sí han conseguido, al menos, que se les deje de aplicar "excepcionalmente" la regla de gasto en 2020, del mismo modo que a las CCAA se les ha relajado el límite de déficit, y al Gobierno central Bruselas le ha abierto la mano con la senda de estabilidad.
Pero el cisma sigue abierto. En Unidas Podemos dicen haber aceptado la abstención como un gesto de "lealtad" al Ejecutivo central, pero el mismo Del Cura afirma en conversación con este periódico que "aún queda una segunda vuelta en el Congreso". Una frase que es, a su vez, la segunda vuelta de otra en la que el mismo alcalde de Rivas le explicaba a EL ESPAÑOL que "si llegamos al consenso en la FEMP, llevar un decreto al Congreso es un paseo militar".
Ahora, esta imposición promete alimentar una nueva pelea interna dentro del seno del Ejecutivo. Y Podemos ya advertía, a propósito de la reunión con Ciudadanos de este lunes, que no participará en un Gobierno "que mire a la derecha".