El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha opinado este lunes que el caso de Lérida, donde una jueza ha rechazado ratificar el confinamiento de la comarca del Segrià ordenado por la Generalitat, muestra, como decía el Gobierno, que "no hay plan B" al estado de alarma, el elemento que permite regular esas situaciones.
En un desayuno informativo organizado por EP, Campo ha estimado que sería "inadmisible" que, como ministro de Justicia, valorara el escrito del fiscal o el auto de la jueza rechazando las medidas de la Generalitat; ha recordado que cabe recurso y se ha mostrado convencido de que, "de la mejor manera, se tomarán las medidas que sean pertinentes" y se hará "en tiempo récord".
Pero ha recordado que el Ejecutivo siempre sostuvo que no había plan B al estado de alarma y ha criticado que se utilizara "como instrumento de crispación".
"No, era una realidad", ha subrayado Campo, quien ha hecho hincapié en que "no era gratuito" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sometiera ese estado de alarma cada 15 días al parecer del Congreso, con responsabilidad.
El titular de Justicia ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y no ha respondido cuando se le ha preguntado si la Generalitat debe pedir al Ejecutivo central que instaure el estado de alarma en el Segrià.
Convencido de que se tomarán "las mejores decisiones", ha pedido dejar reflexionar a cada gobierno, ver qué hace la Generalitat, que tiene abierta la vía del recurso, y ver también la decisión que toma el Gobierno de la nación.
Campo ha reconocido la necesidad de contar con una herramienta legal que permita tomar medidas que afecten a una región o comarca sin tener que aplicar el estado de alarma, desarrollado en un decreto que data de 1981 y que ha demostrado que tiene déficits.
Ha dicho que se está estudiando esa opción, pero ha hecho también hincapié en que el estado de alarma no quita a nadie competencias ni suspende ningún derecho.
Aunque con el auto de la jueza de Lérida el confinamiento no sea obligatorio, Campo ha recordado que en estos meses ha quedado demostrado el sentido de responsabilidad de los ciudadanos y se ha mostrado convencido de que la población se va a contener, consciente de que su decisión individual puede provocar un daño al otro.