El gobierno en funciones de Pedro Sánchez de la legislatura fallida batió todos los récords de decretos hechos por un Ejecutivo (49 en 19 meses) y, ahora, empiezan a conocerse el impacto de algunos de ellos sobre la deuda pública, como fueron los llamados “viernes sociales”.
Estas medidas urgentes de cariz social que no pasaban la supervisión de las Cortes se llevaron a cabo de febrero a abril de 2019, antes de que Sánchez convocara elecciones el 10 de noviembre, y contribuyeron a empeorar el déficit del primer semestre de 2019 en 2.300 millones de euros, según las estimaciones de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
A la misma conclusión llegaron desde EAE Business School y su informe sobre Deuda Pública 2019, que refleja cómo el desequilibrio ha “empeorado de manera relevante a lo largo del primer semestre de 2019, en gran medida por los llamados viernes sociales, alcanzando en este periodo un acumulado de -12.594 millones de euros”.
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Si este montante se une a los 14.117 millones pagados en ese mismo período en concepto de intereses de deuda, hacen un total de 26.711 millones de euros de déficit público acumulado (un 18,1% más respecto del mismo periodo de 2018) y que representa el 2,18% del PIB.
“Fue una medida preelectoral del Gobierno en funciones, que agravaron el déficit al imponer más gasto con unos presupuestos prorrogados”, explica a este medio el autor del informe, Juan Carlos Higueras.
Aumento del gasto
De acuerdo con los datos de IGAE de entre febrero y abril, cuando se celebraron los viernes sociales, los ingresos públicos del Gobierno central aumentaron en un 0,7% frente al mismo periodo del ejercicio de 2018, mientras que los gastos lo hicieron a un mayor ritmo (una subida del 2,3%).
Hasta abril de 2019, se estima que las necesidades financieras aumentaron en 0,17 puntos porcentuales del PIB con respecto al mismo período del año anterior. Este es el período en el que se aprobaron importantes paquetes de gasto englobados en los decretos, sin el correspondiente aumento de ingresos y/o recorte de otras partidas presupuestarias.
El economista de la Universidad de Santiago de Compostela y colaborador del Instituto Juan de Mariana, Santiago Calvo, explica que “hasta el mes de abril, al menos, se puede comprobar que las necesidades financieras del Gobierno aumentaron en 2.300 millones con respecto al ejercicio 2019, a pesar de que los ingresos públicos crecieron en unos 400 millones de euros”.
“Es decir, los viernes sociales, han tenido un efecto evidente en el deterioro de las cuentas públicas, las cuales se prevé que mantendrán los niveles de déficit del año 2018”, concluye.
Por su parte, el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza, confirma que “la deuda pública ha ido subiendo con un Gobierno en funciones”, pero añade que “no solo por los viernes sociales”. “La deuda pública ha ido subiendo progresivamente desde los ochenta”, matiza.
Los economistas consultados aseguran que el “efecto neto” de los viernes sociales es difícil de precisar, pero el dato más ajustado son estos 2.300 millones, si se tiene en cuenta que los ingresos crecieron en este periodo en más de 400 millones, pero el déficit, en cambio, no se recortó.
“Si el déficit aumenta a pesar de que los ingresos crecen implica que apenas se redujeron los gastos en otras partidas para compensar los viernes sociales”, añade Calvo.
Seis decretos
Estas seis medidas urgentes aprobadas durante los llamados viernes sociales contaron con el voto a favor de los aliados del Gobierno en la diputación permanente, órgano que cuenta de 65 diputados.
Salieron adelante con los votos de PSOE (15); Unidas Podemos (12); Grupo Mixto --PDeCAT, Compromís, UPN y EH Bildu-- (4); ERC (2) y PNV (1).
El primer decreto consistió en la ampliación de los permisos de paternidad. El segundo, en la ampliación de los subsidios para desempleados mayores de 52 años y el registro de los horarios. El tercero era relativo a la vivienda y el alquiler, con una ley que ampliaba de 3 a 5 años los plazos de prórroga del contrato. El cuarto implementaba un cambio en la contratación de los estibadores; el quinto planteó un plan de medidas contra el Brexit y el sexto el destino del superávit de ayuntamientos y comunidades para inversiones financieramente sostenibles.