Errejón incluye en su lista a la administradora de una sociedad que estafó 240.000 euros

Corría el año 2006 y el despacho de arquitectos de José Manuel Dávila y Francisco Martínez vieron el cielo abierto gracias a una casualidad. Adolfo Pastor, amigo de la infancia de uno de ellos, ex concejal de Urbanismo y teniente alcalde en el Ayuntamiento de Madrid coincidió con él por azares del destino. Tantos años sin verse, conversación, abrazos, risas y recuerdos... y una conversación que acaba en cosas de trabajo. "Oye, tengo unos proyectos para los que necesito unos buenos arquitectos, es mucho dinero, y en vuestro campo de experiencia", "pues aquí nos tienes, quedamos y lo vemos".

En pocos meses, el estudio había quedado arruinado, los dos socios sin ahorros y el amigo de la infancia poniendo "excusas de mal pagador", nunca mejor dicho, tal como explica Dávila a EL ESPAÑOL. María Pastor Valdés, militante de Equo, y número 14 de la lista de Íñigo Errejón para las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, es hija de Adolfo. Un hecho que no sería noticia si no fuera porque es su firma la que consta en todos los contratos y pagarés, como correspondía legalmente, al ser ella la administradora única de Leroisa Salud y Turismo SL, la empresa implicada en la estafa.

"Ella era imprescindible para la estafa", señala Dávila sentado en su mesa del despacho, donde recibe a este periódico. "Es su firma la que dio legalidad a todo, la que está en los contratos y en los pagarés". Los honorarios prometidos alcanzaban los 1,8 millones de euros en cinco años.

El arquitecto estafado recuerda la escena del día de la firma: "Ella estaba ahí sentada", señala la mesa frente al periodista, "y le decía a su padre 'no retrases esto, hay que cerrarlo hoy que yo mañana me voy a Cuba'... ¡A Cuba! Nos sacó 240.000 euros y se fue a disfrutarlos a Cuba al día siguiente".

El 'modus operandi'

Después de perder la demanda con la sociedad financiera y tener que afrontar los pagos y las costas judiciales, Dávila y Martínez denunciaron a Adolfo y María Pastor por estafa.

La sentencia contra Pastor -cabeza de lista del PCE al Ayuntamiento en 1983 y miembro del equipo de gobierno del socialista Enrique Tierno Galván en esa legislatura- fue meridiana: "Hubo ánimo de sustraer el dinero", explica a este periódico Dávila, entonces vicedecano del Colegio de Arquitectos de Madrid y uno de los dos profesionales estafados. Su socio hoy está ingresado en estado grave, y él trata de sacar a la luz el caso "no por hacerle daño a nadie ni perjudicar a ningún candidato, sino porque pasados los años no hemos visto un céntimo".

El juez de la Audiencia Provincial de Madrid vio el delito, al reconocer el modus operandi de engaños y la sucesión de fechas, y sentenció a Adolfo Pastor a resarcir los daños económicos, "que llegaron a los 240.000 euros, aparte de intereses y gastos", y a cumplir tres años y medio de prisión. Le dio un plazo de tres meses para devolver el dinero antes de ordenar su ingreso en prisión. "Pero en ese intervalo de tiempo, tuvimos la mala suerte de que Pastor murió. Y de ella, como había quedado incomprensiblemente limpia, nunca más supimos", continúa Dávila.

Vista a posteriori, la estafa fue sencillísima y fácilmente evitable. "Pero operó la confianza con un viejo amigo, su condición de persona conocida, que había sido el jefe de urbanismo y teniente alcalde... ¿cómo no te vas a fiar?", alega el afectado. Pastor les había embarcado en una serie de proyectos pero les había insistido en que era imprescindible que adquirieran una participación de la empresa contratante, Leroisa "para poder justificar ante sus socios que nos contrataran en exclusividad, nos dijo".

El caso es que Dávila y Martínez extendieron seis pagarés cada uno por valor de 20.000 euros para hacerse con el 5% de la compañía. "Y él nos aseguró que no habría ningún problema porque nos extendía al mismo tiempo la misma cantidad de pagarés pero por 30.000 euros y vencederos un mes antes, con lo que ya íbamos cobrando honorarios, a razón de 10.000 euros cada uno al mes".

La sorpresa vino cuando, ya comenzados los trabajos, los dos arquitectos no pudieron ejecutar ni el primero de los documentos de pago: no había fondos. "Pero lo peor estaba por llegar cuando lo llamamos y nos dijo que él ya había cobrado todos, a través de una sociedad de descuento, Fideco, que en todo su derecho nos reclamaba los 240.000 euros en total, y por vía judicial".

De las condenas a la lista de Errejón

Pero, ¿por qué si el trabajo lo encargaba Adolfo Pastor era su hija María la que firmaba todos los documentos? ¿Y por qué si ella era la firmante y administradora de la empresa estafadora no fue condenada? "La explicación es que Adolfo ya estaba inhabilitado por condenas anteriores... eso lo supimos después, claro, al meter su nombre en Google". Y que la sentencia la exonerara, "eso por el gran trabajo de su abogado, que convenció al juez de que el padre había engañado a la chica", aclara Dávila.

La realidad es que él no podía representar a Leroisa, de la que era dueño al 100% a través de otra mercantil Yatova Uno SL. "No tenía que convencer a ningún socio para contratarnos en exclusividad, el ánimo de estafarnos lo vio el juez clarísimo", zanja Dávila.

Además, son varias las sentencias judiciales por casos parecidos en las que Adolfo Pastor y su hija estuvieron involucrados en aquellos años. El diario ABC ha publicado recientemente un alzamiento de bienes en el que, esta vez sí, ella fue condenada. Se trata de una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo con fecha de 12 de marzo de 2010 en la que Adolfo Pastor es declarado culpable del vaciado de su empresa constructora Jamadal SL en favor de Promociones y Viviendas Cantorano SL, de la que era consejera su hija, María Pastor.

El fallo judicial sentenciaba a los Pastor y a otro consejero, Javier del Río Vizcaíno, al pago de 944.484,91 euros por daños y perjuicios. Y al padre de la candidata de Errejón a 15 años de inhabilitación para gestionar bienes ajenos o representar intereses de personas físicas o jurídicas. 

María Pastor alega, en contacto con este periódico, que ha hecho frente a las obligaciones heredadas de la actividad empresarial en la que la implicó su padre. "Sin ser mías las decisiones que mi padre tomaba en sus empresas, he asumido las consecuencias y afrontado personal y económicamente las deudas que han llegado", ha respondido a EL ESPAÑOL a través de un portavoz de la candidatura de Errejón.

"No hemos visto un céntimo"

Sin embargo, no ha sido así en el caso de la estafa al despacho de Dávila y Martínez. "Si dice que está asumiendo las responsabilidades, que se acerque por aquí, que de los 240.000 euros que nos estafó su empresa no hemos visto un céntimo". El estudio quedó completamente descapitalizado y con problemas para acceder a financiación hasta que salió la sentencia "y eso fue mucho tiempo, porque lo alargaron incluso llevando un recurso al Tribunal Supremo, que por suerte en 2012 lo rechazó de plano".

Dávila recuerda que la estafa ocurrió justo antes de que sobreviniera la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria. "Todo nuestro sector sufrió muchísimo, nosotros tuvimos que despedir a colaboradores que llevaban muchos años... la cosa habría sido un poco más fácil de haber contado con ese dinero y sin haber tenido que gastar otro tanto en abogados", señala Dávila.

Desde la candidatura de Errejón señalan en descargo de su integrante que María Pastor Valdés es trabajadora social, y lleva años implicada en el activismo ecologista, "nada que ver con negocios inmobiliarios". Y en su defensa, ella añade que en 2003, "cuando tenía 18 años", accedió a ayudar a su padre "con sus empresas porque estaba en una situación difícil económicamente".