El Gobierno ya ha comenzado a entregar las cartas de despido a los 94 funcionarios interinos que componen el refuerzo de la Oficina de Asilo y Refugio (AOR) desde hace tres años. El departamento de Fernando Grande Marlaska cumple así con su intención de no renovarles por 12 meses más, como prevé la ley, a pesar del colapso "insoportable" que tiene el departamento, con más de 60.000 expedientes acumulados sólo en 2018, a los que hay que sumar los 5.000 que se arrastran de ejercicios anteriores. "Y no se prevé que se reduzca el ritmo", advierten los trabajadores, "al contrario, esto va a explotar" porque prevén que al cierre de este año la montaña alcance los 70.000 pliegos sin resolver.
Este martes, EL ESPAÑOL publicaba las quejas de uno de sus representantes, Alberto Víctor Lima, quien presentaba junto a Ione Belarra, portavoz de Unidos Podemos, una Proposición no de Ley (PNL) en el registro de la Cámara Baja para hacer frente a esta "emergencia".
El 30 de octubre de 2015, el Ministerio entonces dirigido por el popular Jorge Fernández Díaz atendía la emergencia migratoria que había aumentado el tapón de 5.000 a 15.000 expedientes de golpe, en plena crisis de refugiados procedentes de la guerra de Siria y otras regiones de Oriente Próximo. Desde entonces, los 94 funcionarios interinos que se incorporaron a la AOR poco más de un mes después -el 9 de diciembre de 2015- han batallado contra un aumento exponencial de las solicitudes de asilo, a más de 100 diarias.
Cientos de personas hacen cola ante las instalaciones del CIE de Aluche para su solicitud de asilo.
En los últimos días han sido noticia las enormes colas que se han formado frente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid). Cientos de personas, familias con niños y ancianos incluidos, han tenido que pasar noches enteras al raso con lluvia y con temperaturas muy bajas simplemente para pedir una cita. "Y esas citas se están dando para dentro de dos años, otoño de 2020", denunciaba Belarra en los pasillos del Congreso.
La cita, en todo caso y por mucho que se alargue en el tiempo, no es para que se les entregue el reconocimiento de su condición de asilados o refugiados políticos, sino para una entrevista en la que se empiece a estudiar su caso. "Las mafias han visto cómo está el sistema de colapsado en España", denuncian los funcionarios salientes, "y el empeño del ministro Marlaska por ser legalista y por no renovar nuestra estancia en la AOR le está haciendo el trabajo a los traficantes de personas".
La crisis de refugiados en 2015
La realidad es que el texto aprobado hace ahora tres años preveía la contratación urgente de una bolsa de funcionarios interinos para hacer frente a la crisis desatada en aquel verano de huida y muerte en el Mediterráneo. La Comisión Europea de Jean-Claude Juncker logró imponer unas cuotas de reasentamiento de refugiados por cada país miembro de la Unión Europea, y concedió unos fondos extraordinarios para los trámites. De ellos se ha tirado desde entonces para renovar año a año a estos casi 100 expertos en migraciones, gestión pública e idiomas que ahora se van a la calle, a pesar de sus quejas y de las denuncias de Unidos Podemos, el socio preferente del Gobierno que los despide.
"La ley le permite al Ministerio a renovarlos por 12 meses más y queremos forzarles a actuar", denunciaba Ione Belarra este lunes, al tiempo que fuentes internas de la dirección del partido morado acusaban a Marlaska de liderar "el ala derecha" del Ejecutivo.
Alberto Víctor Lima, junto a Ione Belarra, portavoz de Unidos Podemos, en el registro del Congreso.
El funcionario Lima recordaba que éste que él ocupa es un puesto de especial sensibilidad: "Yo tardé seis meses en poder ocuparme autónomamente de mis expedientes, a pesar de mis conocimientos y experiencia". Sin embargo, Interior está sustituyendo a estos trabajadores cualificados por funcionarios procedentes de una bolsa genérica de la última oferta de empleo público "sin exigencia de idiomas ni de gestión en asuntos de migraciones".
La carta de despido
La carta de despido [vea aquí el documento] admite que estas 94 personas fueron contratadas por "razones de extrema necesidad y urgencia" pero alega que a fecha de 8 de diciembre "finaliza la ejecución del programa temporal" para el que fueron reclutadas. Esa misma extrema necesidad y urgencia es la terminología que prevé la ley para poder aprobar un real decreto, la figura jurídica por la que la normativa -el artículo 10.1.c) del texto refundido aprobado por el Gobierno del PP- permitiría su renovación por 12 meses más de manera excepcional.
Y a pesar de que contra la resolución cabe recurso contencioso-administrativo, los plazos de dos meses para la presentación de alegaciones y los más meses que sin duda se tardaría en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolviera los casos significarían como mínimo 3.000 nuevos expedientes acumulados cada mes en "la enorme bola de nieve que no deja de caer sobre la Oficina de Asilo y Refugio desde hace mucho tiempo", en palabras de los denunciantes.
Los recortes del PP
Podemos quiso dejar claro su descontento con la actitud del Ministerio de Marlaska este lunes, pero no dejó de señalar al Partido Popular por su "mal uso de los fondos europeos". Según se quejó Ione Belarra, el departamento de Jorge Fernández, en 2015, "utilizó fondos excepcionales europeos para cubrir puestos que debían ser estructurales". Y por esa razón, alegan desde el partido morado, se ha dado la situación de que una cuestión administrativa empeore una situación que ya es "de emergencia".
Según denunció Belarra, en el momento de mayor colapso de la AOR, con colas kilométricas en varios centros de registro, se están "vulnerando los derechos humanos de estas personas y la normativa europea" y ahora se irá a peor. De ahí la PNL presentada este lunes, que reclamaba la renovación por 12 meses más de estos funcionarios a los que ya se está despidiendo y que las solicitudes de cita se puedan volver a tramitar por vía telemática: "Es indecente que un país moderno obligue a miles de personas a pasar noches enteras con frío simplemente para concertar una cita administrativa", concluía la portavoz de Podemos.
Los expedientes acumulados se han multiplicado entres años por más de 10 -de 5.000 a, al menos, 60.000-, según las cifras que manejan los propios profesionales consultados por este periódico. Con la salida de estos casi 100 profesionales que ha empezado a tramitar Interior, a pesar de unas imágenes que han sido reproducidas en los telediarios y en la prensa, la situación "sólo empeorará". Y las mafias seguirán haciendo su agosto "con mano de obra esclava porque un solicitante de asilo en espera está en el limbo, ni tiene derecho a trabajar legalmente ni puede irse a otro país de la UE a buscarse la vida".