El Estado de las Autonomías, sellado con la transferencia de numerosas competencias a las Comunidades, ofrece algunas paradojas. Una de ellas, reseñable por el impacto directo en la vida cotidiana del ciudadano, emerge cuando la Sanidad -materia controlada por el Ejecutivo regional de turno- choca con la Hacienda o el Tráfico -regidas por el Gobierno central salvo en contadas excepciones-. Si un radar caza a un conductor en una CC.AA distinta a la suya, la multa llegará a su casa ipso facto, previa labor de un sofisticado sistema informático. Pero si un diabético catalán cae desmayado en Sevilla, el médico que le atienda no podrá acceder a su historial clínico de modo automático. Deberá hablar con su familia o llamar al hospital de procedencia.
La Sanidad fue transferida a todas las Comunidades. Hacienda sólo se delegó al País Vasco con su cupo y a Navarra a través de sus fueros. Aparte Cataluña y Euskadi, Tráfico permanece en manos de Moncloa. O dicho más llanamente: el currículum de los españoles navega por todo el país cuando tiene que ver con la recaudación y la circulación, pero no si se trata de su salud. Este martes, Ciudadanos instará al Gobierno de Pedro Sánchez a revertir la situación. Los naranjas solicitarán la implantación de una tarjeta sanitaria única, la extensión de la receta electrónica y la confección de un historial clínico accesible desde cualquier punto del país.
El grupo parlamentario de Ciudadanos, liderado por Francisco Igea en cuestiones de Sanidad, maneja un gráfico desolador. Menciona los nueve documentos sanitarios más relevantes y descifra si actualmente son compartidos por cada Comunidad Autónoma. Entre ellos, la Historia Clínica Resumida, el Informe de Atención Primaria o el Informe de Urgencias. Tan sólo Baleares ofrece todos los datos al resto de Autonomías. Cataluña, en cambio, no facilita ninguno. "De los 44 millones de españoles -desgranan fuentes de Ciudadanos- tan sólo un 64% está cubierto por la Historia Clínica Resumida". A grandes rasgos, la formación naranja propone trabajar en busca de un Big Data que unifique sistemas y permita el acceso absoluto en las distintas CC.AA.
Cuando un español radicado en San Sebastián se traslada a Madrid un par de meses por cuestiones de trabajo, deberá solicitar la condición de desplazado. "Ningún español debería ser adjetivado así en su país. Buscamos que nadie tenga que ir por ahí con sus informes impresos encima", narra un portavoz del equipo naranja que ha preparado esta propuesta. "También queremos potenciar la libertad de elección de centros. ¿Cómo es posible que una empresa no sea capaz de facturarse a sí misma independientemente del territorio?".
Arrimadas, en la farmacia
A modo de prólogo, una anécdota de Inés Arrimadas: cuando la líder del partido en Cataluña se mudo allí, acudió a la farmacia con una tarjeta sanitaria expedida en su Andalucía natal. "Ilusa de mí, entregué la receta para comprar un medicamento. Se quedaron como si les hubiera dado la tarjeta de una discoteca".
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la tarjeta única en 2013 y fijó un plazo legal para implantarla, que se consumirá el próximo 4 de octubre. A día de hoy, resalta Ciudadanos en el texto de su propuesta, todavía no la han implementado "Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid o Cataluña". El proyecto del PP mencionó la "interoperabilidad", que viene a ser una suerte de apertura de fronteras digitales entre las Comunidades.
De momento, la "interoperabilidad" referida a las recetas farmacéuticas ha llegado a todas las autonomías salvo Madrid, Andalucía, Ceuta y Melilla. Aun así, la estadística no es halagüeña: más de diez millones de españoles deben prever sus desplazamientos y calcular las dosis para cargar provisiones en la farmacia. No podrán validar sus prescripciones en el lugar de destino.
El Ejecutivo anterior se guardó las espaldas. Incluyó esta coletilla en el proyecto aprobado: la tarjeta única se implantará "siempre que las disponibilidades presupuestarias de las diferentes Administraciones Públicas lo permitan". Y llegado octubre, a eso podría agarrarse el Gobierno entrante para justificar el retraso. El objetivo de la formación de Rivera es el siguiente: "Cualquier ciudadano debe poder ser atendido y recibir sus medicamentos en cualquier punto de España". Sobre la situación actual, los naranjas diagnostican: "Es el problema de la compartimentalización de la Salud en 17 sistemas distintos".
Turismo con una chapa al cuello
La Propuesta No de Ley de Ciudadanos (PNL) -no tendrá carácter vinculante en caso de ser aprobada- va más allá de la tarjeta única. También apuesta por la digitalización de las historias de los pacientes de cara a que puedan ser consultadas en cualquier hospital de España. "Lo vemos muy difícil. Es una cuestión de infraestructura informática. Eso sí, sería ideal", coinciden una farmacéutica y una médico en conversación con este diario.
"Si a mí, por ejemplo, me llega un hombre de Benidorm, no podré ver sus antecedentes. A no ser que él trajera impresos los informes. Debería llamar al hospital para solicitar esa información", cuenta una de estas fuentes. De ahí que miles de diabéticos y enfermos cardiovasculares hagan turismo con una chapa al cuello que recoge sus datos imprescindibles.
Véase el caso de R.C.T, un catalán de 63 años residente en Granada, en hemodiálisis semanal desde 2016. Quiso trasladarse a Lleida el pasado junio. Pidió recibir allí su tratamiento, pero el Hospital Universitario Arnau de Vilanova le respondió: "No ofrecemos plazas a pacientes en vacaciones". Como alternativa y debido a la marcha de otro usuario, se le ofreció cobijo a partir del 11 de julio, tan sólo hasta la vuelta del "titular". Ciudadanos, en el mismo tono que ahora emplea en esta propuesta, preguntó a la Generalitat en el Parlament y manifestó su desacuerdo con el fragmentado sistema sanitario.
Ciudadanos también llama al Gobierno del PSOE a "la creación de una cartera única de servicios comunes". "Si las prestaciones en cada Comunidad son distintas, los españoles nunca serán libres e iguales. ¿Qué pasa con las enfermedades raras o las inmunodeficiencias? ¿Cómo es posible que en un sitio la Seguridad Social te cubra más que en otro?", cuenta un portavoz de Cs a este periódico.
"De verdad, creemos que se puede", insisten los de Rivera. En la oposición, su misión pasa por convencer a los distintos grupos de las bondades de este proyecto. Si queda aprobada, Pedro Sánchez tendrá la obligación moral de cumplirla. Si no, gobernará en contra de la Cámara.