El Ayuntamiento de Madrid ilegalizará el 95% de las viviendas turísticas del distrito Centro al exigir, entre los requisitos, un acceso independiente desde la calle, ha avanzado este jueves el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
Locales vivienda, el último negocio inmobiliario
El edil ha informado de que el plan de usos de alojamientos turísticos pasará por Junta de Gobierno el próximo mes para aprobarse definitivamente en Pleno en los meses de noviembre o diciembre. Con el plan se exigirá a las viviendas de uso turístico que cumplan los mismos requisitos que hoteles y apartamentos turísticos, a los que se les demanda un acceso independiente desde la calle.
El mismo plan establecerá áreas de actuación para hacer frente al mobbing inmobiliario en edificios residenciales, práctica con la que se pretende expulsar a los vecinos. "En el peor de los casos tendrán que mantener el uso residencial y no vacacional", ha indicado Calvo.
En función de esta nueva división, el Área 1 correspondería al distrito de Centro; el Área 2 afectaría a los distritos de Chamberí, Arganzuela, parte de los distritos de Salamanca y Retiro y el barrio de Argüelles en el distrito de Moncloa-Aravaca; el Área 3 atañería al resto de la almendra central y zonas de Puerta del Ángel, Príncipe Pío y Chamartín y, finalmente, al área 4 pertenecería el resto de la ciudad de Madrid. El plan valora una regulación más o menos restrictiva para cada una de las nuevas áreas .
Las medidas que en estos momentos se están planteando incluyen la prohibición total de cambio de uso residencial a terciario en las zonas A1 y A2, la prohibición de abrir cualquier tipo de vivienda turística en edificios de uso residencial salvo que cuente con acceso independiente desde la calle o la exigencia de un plan especial autorizado por el ayuntamiento para los cambios de uso en el resto de áreas.
Mientras se redacta y aprueba el nuevo plan especial, la Junta de Gobierno aprobó el pasado mes de enero una moratoria que comprendía la suspensión durante un año de la concesión de licencias para todas las modalidades de alojamiento turístico (establecimientos hoteleros, albergues, hostels, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico).