La Eurocámara pide a Cataluña que explique por qué margina al castellano en la escuela

El debate sobre la discriminación lingüística en Cataluña ha llegado este martes a la Eurocámara. La comisión de Peticiones ha examinado dos quejas sobre el sistema de inmersión lingüística en la educación catalana y las multas a los comerciantes que no rotulan en catalán en sus negocios, respectivamente. Los eurodiputados del PP, Ciudadanos y UPyD han apoyado a los denunciantes, mientras que el representante de ERC ha negado que en Cataluña se discrimine por motivos de lengua. Al término del debate, la comisión de Peticiones ha acordado enviar una carta a la Generalitat pidiéndole explicaciones sobre el incumplimiento de los fallos del Tribunal Supremo que imponen que un 25% de las clases en los colegios financiados con dinero público sean en castellano.

"Nos podemos poner más o menos emotivos sobre esta cuestión, pero las sentencias hay que cumplirlas", ha zanjado la presidenta de la comisión de Peticiones, la liberal sueca Cecilia Wikström. Wikström se ha referido a la situación de las familias que deben mudarse a Cataluña durante un corto periodo de tiempo y que no tienen por qué renunciar a su lengua materna. "Restringir el libre movimiento de familias va contra los valores de la UE", ha resaltado. Las dos peticiones se mantienen abiertas a la espera de las explicaciones. La Eurocámara estudia además enviar una misión a Barcelona para examinar la política lingüística de la Generalitat.

En contraste con el activismo de la Eurocámara, la Comisión Europea se ha lavado las manos. Alega que tanto la inmersión lingüística en la enseñanza como las multas a los comercios que no rotulen en catalán son cuestiones de competencia exclusivamente nacional y que por tanto deben resolverse en España. "La elección de la lengua en la enseñanza o el uso de las lenguas en la educación son una competencia exclusiva de los Estados miembros, la Comisión no puede inmiscuirse", ha señalado el portavoz del Ejecutivo comunitario que ha intervenido en el debate.

La petición contra la inmersión lingüística ha sido defendida en Bruselas por Ana Losada, representante de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. "La administración catalana no respeta los derechos lingüísticos de los alumnos de los alumnos castellanohablantes", ha denunciado Losada. La inmersión lingüística obligatoria en catalán es discriminatoria para los niños cuyos padres tienen que desplazarse temporalmente a Cataluña por trabajo y se traduce en una mayor tasa de abandono escolar entre los niños castellanoparlantes, ha sostenido.

La lengua como instrumento de construcción nacional

Para la eurodiputada liberal Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos, "las personas que hablan castellano están discriminadas en Cataluña" y "el Estado les ha fallado porque no ha hecho lo suficiente para evitarlo". La popular Rosa Estarás ha arremetido también contra el modelo de inmersión lingüística porque "significa que una de los dos lenguas sufre y se atenta contra un derecho fundamental". Por su parte, Teresa Giménez Barbat, de Ciudadanos, ha acusado a los independentistas de "utilizar la lengua como instrumento de construcción nacional".

El representante de Esquerra Republicana en el debate, Josep Maria Terricabras, ha acusado a los denunciantes de "fabricar un problema inexistente". Asegura que la inmersión lingüística fue votada por el PP y que los niños catalanes salen de la escuela conociendo el castellano mejor que la media de niños españoles. Terricabras ha pedido que se cierre la petición y no se envíe ninguna carta a la Generalitat. Por su parte, la eurodiputada socialista Soledad Cabezón ha acusado al PP y a Ciudadanos de hacer electoralismo con este debate para ganar más votos en las elecciones municipales. En contraste, su compañero de partido, Juan Fernando López Aguilar, ha aceptado mantener abierta la queja por respeto a los denunciantes.

La presidenta Wikström se ha mostrado sorprendida por lo acalorado del debate y ha pedido a los eurodiputados españoles que le expliquen en detalle cuáles son las diferencias entre el castellano y el catalán y si son equiparables a las que existen entre el sueco y noruego, cuyos hablantes pueden entenderse entre ellos. "¿Por qué tanto problema si se pueden entender?", se ha preguntado.

"El problema es el nacionalismo", le ha contestado el otro peticionario, Carlos Silva, de la asociación Impulso Ciudadano. Silva sostiene que las multas lingüísticas de la Generalitat constituyen una vulneración de la libertad de empresa y vulneran los derechos de los consumidores castellanohablantes.