En el seno del Gobierno la palabra es resignación. La mayor parte del Consejo de Ministros confiaba en que hubiera Presupuestos en 2018. Pero la gravedad de la crisis en Cataluña y las consecuencias políticas de la misma hacen pensar que Mariano Rajoy ha tirado la toalla. El presidente se dispone a llevar la legislatura tan lejos como pueda aprovechando el ciclo económico expansivo.
Sin embargo, varios expertos políticos y económicos consultados por EL ESPAÑOL alertan de los mensajes que Rajoy y los ministros están dejando caer sobre la intrascendencia de tener o no presupuestos. Es cierto que no es la primera vez que los Presupuestos están prorrogados, pero tampoco hay precedentes de pasar tres de los cuatro años de una legislatura con la ley más importante para el funcionamiento del Estado prorrogada.
El Gobierno dice que no tiene sentido presentar Presupuestos sin apoyos
España crece, el gasto no
A esta situación inédita se une además la coyuntura económica favorable. Los Presupuestos del 2017 no puede considerarse todavía los de la recuperación. Su objetivo prioritario, dicen los analistas consultados, sigue siendo el cumplimiento de la senda de reducción déficit. Pero España mantiene un ritmo de crecimiento en el entorno del 3% que sin presupuestos no se verá reflejado en un mayor gasto en políticas públicas acorde al ciclo expansivo. Es decir, mientras el Gobierno vende recuperación económica, funciona como un país en la ruina. España, aseguran, está perdiendo muchos trenes.
La sugerencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que se pueden aprobar determinadas medidas vía decreto es una verdad a medias. Es cierto que se pueden cambiar algunas prioridades de gasto, pero, según los expertos, hay límites que serán imposibles de superar. Lo que de facto supone congelar la inversión en Sanidad, Educación, infraestructuras, la reforma fiscal o cooperación al desarrollo. El gasto de los ministerios, por ejemplo, está congelado desde principios de año.
El País Vasco, por ejemplo, tampoco podrá estrenar su recién aprobada ley quinquenal del cupo. Y estos atrasos acaban generando facturas como la de 1.400 millones que el Gobierno central pagó al vasco por el anterior cupo. En ayuda al desarrollo, tras un recorte del 70% hace cinco años, nuestro aportación seguirá en el entorno del 0,12 del PIB. Hubo un tiempo en el que superó el 0,6%, muy cerca del objetivo del 0,7% que España se marcó como país.
Una década perdida
Las fuentes consultadas advierten de que España está a punto de completar una década perdida en políticas públicas. Es el período que va desde el ciclo 2009- 2010, fecha en la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó los primeros recortes severos al gasto público ante la gravedad de la crisis económica, hasta hoy. En 2011, PP y PSOE introdujeron la limitación del déficit en la Constitución.
La coincidencia es que la maquinaria del Estado está en funciones desde el 2015. La repetición electoral y la compleja aritmética parlamentaria han reducido la producción legislativa del Gobierno y las Cortes a la mínima expresión. La sensación en gran parte del Gobierno es que "no hay manera de hacer nada". España se expone a varias multas ante la cola de directivas y reglamentos europeos pendientes de trasponer. Y un año más, salvo milagro de última hora, Montoro no presentará a tiempo su proyecto económico a Europa.