El último Consejo de Ministros del curso ha servido para que Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del reglamento aprobada este jueves por el Parlamento de Cataluña. Mariano Rajoy ha comparecido en rueda de prensa para hacer un balance del curso que finaliza y ha centrado su discurso en reiterar que la ley se cumplirá, que el Gobierno vela por la legalidad y que en Cataluña no se celebrará referéndum el 1 de octubre. "La única intención de esa reforma es aprobar por trámite de urgencia las leyes con las que pretende liquidar la soberanía nacional, la sociedad española y el propio estatuto de autonomía", adelantó el presidente del Gobierno.
El Parlament, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, aprobó un nuevo reglamento que permite sacar adelante un paquete de leyes de ruptura con España en 24 horas. El Consejo de Estado considera que esta reforma "puede suponer una vulneración de derecho de participación política de la minoría parlamentaria en condiciones de igualdad". Una circunstancia, dice el documento, que afecta al artículo 23.2 de la Constitución y el 29 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El jefe del Ejecutivo recordó que "se puede estar vulnerando el derecho de participación política de la minoría parlamentaria en condiciones de igualdad". Por ello, asegura que el Gobierno cumple con su "obligación de velar por la legalidad" presentando este recurso. Rajoy y Carles Puigdemont han mantenido una conversación telefónica durante la mañana de este viernes, pero únicamente han centrado su discurso en el accidente ferroviario en Barcelona. Ninguno pronunció ni una sola palabra sobre el referéndum.
"Contraria al derecho"
La admisión a trámite por parte del TC supondría la paralización de la reforma reglamentaria, que permite aprobar en un solo día, mediante el trámite de lectura única, las llamadas leyes de desconexión. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reunirá el lunes 31 de julio a las 17.30 horas. Rajoy ha argumentado que con este recurso el Gobierno cumple con su obligación de velar por la legalidad, defendiendo a la vez a las instituciones autonómicas catalanas y a sus funcionarios, que "no pueden ser utilizados al servicio de una actuación abiertamente contraria al derecho".
Y es que, según ha señalado, la reforma del reglamento del Parlamento catalán tiene como objetivo aprobar por el trámite de urgencia "y sin las elementales garantías democráticas" las leyes con las que se pretende liquidar la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía. Así, se puede estar vulnerando el derecho de participación política, en las condiciones de igualdad que garantiza el ordenamiento jurídico.
Abierto al diálogo
Rajoy insistió en la idea de que el Gobierno de España mantiene la determinación "de defender la ley con la serenidad y la mesura" que le brindan los instrumentos del Estado de derecho. El jefe del Ejecutivo recordó que él siempre ha estado dispuesto a dialogar "y mantengo esa disposición hoy, pero nadie puede pretender que negocie la ruptura de una Constitución que no es patrimonio mío, ni del Gobierno, ni siquiera del Parlamento. Es del conjunto de todos los españoles".