San Jorge, el día grande de Aragón, luce como siempre. Los aragoneses sacuden su bandera durante el día del dragón y el santo para explicar qué es ser aragonés. Un pueblo histórico que dio vida a la España que conocemos, una tierra reivindicativa en sus derechos y en su historia milenaria o una comunidad autónoma “olvidada” cada año por los Presupuestos Generales del Estado. Son múltiples las formas de expresar qué es ser aragonés.

Sin embargo, la bandera ondea de una manera distinta en función del color político que preside el Gobierno cada legislatura. Actualmente, las políticas impulsadas por el Gobierno de Aragón (PSOE – Chunta Aragonesista), presidido por el socialista Javier Lambán, buscan construir un “aragonesismo moderno”.

Desde esa idea de Aragón, el Gobierno socialista está pivotando sus políticas sobre la inmersión lingüística del aragonés y el “catalán de Aragón”, la creación de una Hacienda propia, la actualización de los derechos históricos o la reclamación de la deuda histórica del Estado con Aragón.

Durante la festividad de San Jorge, el Gobierno pretende “promocionar las tres lenguas propias de la Comunidad” durante los actos institucionales por todo el territorio. Aragón celebra su día grande al “estilo Sant Jordi”: reivindicar al Estado desde el nacionalismo.

ARAGÓN TRILINGÜE

La política aragonesa nunca ha sido capaz de mantener un consenso sobre el modelo lingüístico de la comunidad. En estos momentos todavía sigue vigente la Ley de Lenguas aprobada por el anterior Gobierno de Aragón (PP-PAR). Mientras el Gobierno aragonés del PSOE redacta otra Ley del Lenguas, introdujo argucia legal en los primeros meses de gobierno para instaurar el catalán como lengua propia en Aragón. De esa manera, Aragón es una comunidad con realidad trilingüe: castellano, aragonés y catalán.

Hasta la aprobación definitiva de una ley marco autonómica, la política lingüística es uno de los pilares de la política del Gobierno. Un Aragón trilingüe de abajo arriba. Desde los ayuntamientos hasta la creación de una ley autonómica.

Actualmente, según un censo del Seminario aragonés de sociolingüística de la Universidad de Zaragoza, más de 81.000 aragoneses saben hablar catalán o aragonés. , aproximadamente un 6% de la población total de Aragón. El citado estudio también indica el carácter de extinción del aragonés y el retroceso del catalán. Un censo sociolingüístico que sirve de guía al Gobierno para potencias las lenguas que considera en deterioro.

Hace pocos días, el Gobierno anunció la creación de la Academia de la Lengua. Un organismo de regulación lingüística para sus lenguas minoritarias: el aragonés y el “catalán de Aragón”. Es una las estrategias que plantea el gobierno aragonés para enraizar una realidad trilingüe. El ejecutivo ha reservado en los presupuestos autonómicos cerca de 15.000 euros para dotar de contenido dicha Academia de la Lengua.

Según cuentan a EL ESPAÑOL desde el Gobierno aragonés, la Academia de la Lengua “servirá para crear una estrategia propia para expandir el uso del aragonés y el catalán de Aragón” y aseguran que “estará representada por diez académicos, cinco de ellos nombrados por el Gobierno PSOE-CHA y el resto por las Cortes de Aragón”.

LA PLANIFICACIÓN LINGÜISTICA

La intención de planificar u orquestar la realidad lingüística en la región que lidera Lambán se inició desde el primer momento de su mandato. El Gobierno de Aragón creó la Dirección General de Política Lingüística fruto de los acuerdos del PSOE con Chunta Aragonesista y el beneplácito de Podemos e IU. En los presupuestos autonómicos de 2017 se dota a la Dirección General con cerca de 600.000 euros para aumentar las líneas de fomento del aragonés y el catalán como lenguas propias de la comunidad.

Hace pocos días, el Director General de Política Lingüística, Ignacio López Susín, reivindicó en el Senado que “Aragón promueve la dignificación y recuperación de los derechos de los hablantes de las lenguas minoritarias de Aragón”, en referencia al aragonés y al catalán.

Y defendió la política lingüística emprendida por el Ejecutivo de Javier Lambán: la aprobación de los currículos educativos de ambas lenguas, la convocatoria de subvenciones y ayudas y la creación de nuevos programas de difusión de ambas lenguas, la creación de premios honoríficos para reconocer la trayectoria de personas y entidades vinculadas a estas modalidades lingüísticas, y también la puesta en marcha de la página de una página web para promocionar dichas políticas.

Según adelantó EL ESPAÑOL, Aragón anticipa su ley de lenguas subvencionando a quien rotule en catalán o aragonés. Una línea de subvenciones dotada con 50.000 euros. Precisamente, 25.000 se reparten entre ayuntamientos, comarcas, mancomunidades o entidades locales menores; y los 25.000 euros restantes entre aquellas asociaciones que lo requieran.

El objetivo de dicha línea de ayudas es: realizar actividades que fomenten el aragonés o el catalán, tales como espectáculos de artes escénicas, rotulación y cartelería, concursos, certámenes y exposiciones, jornadas y congresos; y, en general, “cualquier actividad destinada a la promoción y sensibilización” del aragonés y del “catalán de Aragón”.

DE ABAJO A ARRIBA

Según ha podido conocer este diario, al menos tres comarcas [Sobrarbe, Hoya de Huesca y Alto Gallego] y más de 20 municipios aragoneses [Zaragoza, Jaca, Almudevar, Santa Cilia o Boltaña, entre otros] se han considerado “zona de uso predominante del aragonés”.

El objetivo, según aseguran en cada una de las mociones aprobadas en sus respectivos plenos, es declarar la zona como de “utilización histórica de esa lengua”, y expresan en sus mociones que instan “a todos los municipios de su ámbito a adherirse”.

Curiosamente, todas las mociones presentadas en dichas zonas aragonesas se argumentan bajo una ley aprobada por el anterior Gobierno PP-PAR. Es la ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. En dicha ley, en su artículo 5, se especifica que se puede declarar “zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa” y por ende, en su artículo 6, detalla que el Gobierno de Aragón podrá “declarar las zonas y municipios” a instancia de los ayuntamientos o comarcas.

Todas las mociones presentadas en dichos municipios y comarcas han sido a propuesta de Chunta Aragonesista o la órbita de Podemos, con el apoyo del PSOE y en ocasiones la aprobación del PP.

EL CATALÁN EN LA EDUCACIÓN

Desde el presente curso escolar (2016-2017) el catalán es considerado “lengua vehicular” en los centros educativos de Aragón, junto con el aragonés. Es decir, aquellos centros educativos que lo deseen pueden impartir las distintas materias en catalán, en vez de en castellano. Y deberá estar presente más de dos horas lectivas a la semana por cada aula, pudiendo ampliar el horario si lo consideran oportuno.

Los centros públicos que deseen impartir el catalán como “lengua vehicular” deberán tener previa autorización de la Consejería de Educación. Una decisión política diseñada para los centros de enseñanza de las comarcas aragonesas próximas a Cataluña, lo que el independentismo catalán denomina “Franja de Ponent”, territorio aragonés incluido en los “países catalanes”.

La principal entidad que combate contra la inmersión lingüística en Aragón es la plataforma “No hablamos catalán en Aragón”. Su presidente, Luis Miguel López, atiende a EL ESPAÑOL para definir la política lingüística del Gobierno de Javier Lambán. “Introducir el catalán de esta manera perjudica a los dialectos que se hablan en el Aragón oriental. El PSOE cree que puede hacer lo que quiera solo por un pacto con la Chunta”, y entiende que “el catalán puede ser un caballo de Troya para Aragón en un futuro”.

DEUDA HISTÓRICA Y HACIENDA PROPIA

En los días previos al día de San Jorge, Lambán reivindicó en un acto público una relación de “bilateralidad económica” con el Estado, así como la creación de una agencia tributaria propia para la gestión de tributos autonómicos y aquellos cedidos por el Estado.

El presidente autonómico destacó que el Estatuto de Autonomía de Aragón plantea la posibilidad de habilitar alguna modalidad de “concierto” con el Estado para poder gestionar los recursos financieros que tiene la comunidad. Y reconoció que esta situación está relacionada con “la deuda histórica” que tiene el Estado con el Gobierno aragonés, así como “la creación de una agencia tributaria propia”.

La deuda histórica fue anunciada por el Gobierno hace pocos meses. Una cifra abultada, que supera los 7.500 millones de euros. A juicio del Gobierno de Aragón, el Estado le debe 835 millones por mermas tributarias, 535 como déficit por la no-financiación del gasto comprometido en dependencia, 76,6 en materia de educación –a los que hay que sumar 5,6 millones por la implantación de la LOMCE-, 4.887 millones por infraestructuras y, finalmente, 1.227 millones en sanidad. Desde el ejecutivo aragonés reconocen que “se tiene que hacer ya en la próxima Comisión Bilateral Aragón-Estado”.