La empresa pantalla del ático de González ocultó el alquiler a Hacienda

Hacienda no tuvo nunca conocimiento de que Ignacio González abonaba cada trimestre 6.000 euros por el alquiler de una casa de lujo en Marbella. Y no lo tuvo porque los responsables de la empresa propietaria del inmueble -que según la tesis de la Policía Nacional trabajaron en realidad para encubrir la titularidad del político- nunca declararon esos ingresos. Durante más de tres años, la sociedad Coast Investors giró facturas al expresidente madrileño para justificar el supuesto pago del alquiler. Pero ese dinero quedó siempre a espaldas de Hacienda. De hecho, la sociedad pantalla no informó siquiera de su inversión en la Costa del Sol.

La anomalía fue detectada por la Policía Nacional en un informe remitido el pasado mes de febrero al juzgado de Estepona encargado del caso. "No consta presentación de ninguna declaración ni autoliquidación por los rendimientos obtenidos por el alquiler del inmueble, como entidad no residente sin establecimiento permanente. Tampoco habría presentado el Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles por la tenencia de inmuebles situados en España", confirma el documento policial, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Los datos sobre el negocio de Coast Investors en España permanecieron bajo el radar del fisco hasta que el 17 de diciembre de 2012, la Agencia Tributaria abrió una investigación sobre las actividades de la empresa en la Costa del Sol. Es la documentación aportada en ese procedimiento la que ha servido a los investigadores para seguir la pista de los pagos realizados en la cuenta de la compañía, y cotejarlos con las entradas y salidas en las cuentas bancarias de González y su mujer. El resultado, a juicio de los investigadores, es que las cuentas no cuadran y solo caben dos opciones: o la empresa entregó mal la documentación a Hacienda, o González, en realidad, no pagaba el alquiler.

Un canje por la pintura

El contrato firmado por la mujer de González con el testaferro Rudy Valner en julio de 2008 establecía un pago de 6.000 euros al trimestre como alquiler, que debía ser abonado por trimestres anticipado. Tras los requerimientos de Hacienda, la sociedad presentó catorce facturas y trece justificantes de pago. Trece ingresos en UsBank procedentes de las cuentas del expresidente autonómico en Cajamadrid y el Barklays Bank entre otros. Hasta ahí, todo correcto. El problema a juicio policial es que González también ocupaba la vivienda en 2012, pero no hay facturas de ese período.

Lo primero que identificó la UDEF al analizar los datos es que tres de las facturas fueron emitida pero nunca cobradas. Es decir, que González dejó de pagar hasta 2011 18.000 euros. "De todo lo anterior, a juicio de los investigadores, se deducen dos posibilidades. La primera sería que Coast Inverstors no aportó toda la documentación que le fue requerida por Hacienda y que la aportada no se encuentra suficientemente justificada. La segunda posibilidad sería que no existe realmente correspondencia entre las facturas y las transferencias, encontrándonos ante una simulación, en la que se efectuarían ciertos pagos al objeto de dar apariencia de verosimilitud", explican los agentes en su informe al juzgado de Estepona. 

Tras la remisión del informe, tanto Rudy Valner como Ignacio González han aportado su versión sobre la falta de ingresos en las cuentas de la sociedad pantalla. Fiduciario y político han asegurado que el dinero que falta fue canjeado por el pago de unos pintores para mejorar la propiedad. Algo de lo que también dudan los agentes.

Sin constancia del anuncio

La mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, ha mantenido siempre que decidió alquilar el ático después de ver una anuncio en prensa. Sin embargo, no hay una sola prueba de la publicación del mismo. Ni una factura de su impresión, ni la fecha de publicación ni el nombre del periódico o web que alojó el anuncio. De hecho a los agentes les llama la atención incluso que fuera el propio Valner, residente en EEUU, quien desde el otro lado del globo se encargara personalmente del anuncio, sin utilizar "a un intermediario local".