Oleguer Pujol se esforzó para que el banco en el que cobraba comisiones millonarias desde Luxemburgo no tuviera un celo especial por sus negocios. Y lo hizo mintiendo en su calificación bancaria a la hora de abrir la cuenta. Sus gestores en el ducado centroeuropeo (de la empresa ITPS) remitieron en 2012 la documentación para que la entidad bancaria ING abriera una cuenta a nombre de una sociedad llamada BMD. Como beneficiarios reales del depósito aparecen tanto Oleguer Pujol como su socio Luis Iglesias. Y en la declaración de relaciones políticas, el hijo menor de los Pujol consta en la documentación bancaria como "No PEP (Politically Exposed Person)", es decir: sin vinculaciones con cargos electos.
La entidad bancaria reconoce en el documento desvelado ahora por EL ESPAÑOL e incautado por la policía Nacional en Luxemburgo que toma esa información como cierta ya que ha sido aportada por los propios gestores. No realiza más averiguaciones. Si el banco hubiera calificado al hijo menor del clan Pujol como PEP, habría llevado a cabo una investigación mucho más detallada acerca de la procedencia de los fondos y tendría una especial vigilancia sobre ese depósito.
La información aportada por ITPS al banco refleja mal incluso el nombre de su padre, al que identifica como "Jordi Oleguer" en lugar de Jordi Pujol i Solei. Por eso, ni el banco ni la propia empresa encuentran información cuando tratan de buscar datos sobre el expresidente autonómico relacionados con su hijo. Según la ficha bancaria, la fortuna del joven empresario catalán procede de sus actividades personales "como inversor y empresario" tras trabajar en Morgan Stanley y abrir una línea de bienes raíces en 2001 llamada Inmoclick, que fue vendida a una empresa cotizada en el Nasdaq.
Según el documento, en 2004 Pujol e Iglesias abren Draco Capital y después otro fondo de inversión en Guersney, gestionado por Mare Nostrum. El escrito reconoce que el menor de los Pujol mantiene también patrimonio adquirido "como hijo de Jordi Oleguer, expresidente de Cataluña".
Un segundo informe PEP
Según la investigación de la causa, esta cuenta abierta en ING sirvió entre otras cosas para canalizar comisiones millonarias recibidas por Oleguer Pujol, que declaró 4,5 millones de euros en la última amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy. La documentación incautada por la Audiencia Nacional a sus gestores en Luxemburgo revela que los agentes tenían un segundo informe sobre la procedencia de los fondos de Oleguer Pujol, un análisis de riesgo solicitado en la firma World Check, considerada uno de los estándares de investigación financiera para este tipo de operaciones bancarias.
El documento, solicitado a la base de datos israelí en 2015, refleja que Oleguer Pujol sí debería tener la calificación PEP y analiza tanto las investigaciones judiciales que se llevan en su contra como distintas fuentes abiertas que le relacionan desde 2012 con operaciones financieras vinculadas a cargos políticos en Cataluña. El documento se encontró anexo a una carpeta donde los gestores luxemburgueses guardaban un centenar de noticias sobre las investigaciones judiciales en España y cómo la Policía Nacional iba desgranando las distintas sociedades del Holding (39 hasta la fecha) para llegar a ellos.
La documentación localizada en Luxemburgo revela que fue la firma de abogados española Gómez Acebo y Pombo quien avaló a Oleguer Pujol como cliente de fiar en una carta de recomendación. "Consideramos al señor Pujol una persona fiable", reflejaba la misiva enviada en 2007 a ITPS. El mismo despacho de abogados realizó en 2015 un informe confidencial sobre la investigación que se estaba siguiendo en España contra Oleguer Pujol y Luis Iglesias por parte de la Audiencia Nacional. El documento, que fue localizado también en manos de los gestores en Luxemburgo, prevé que, pese a que las principales pesquisas se centraban en determinar si el empresario Luis Iglesias era residente fiscal en España y no en Inglaterra como él afirmaba, el caso se tornaría tarde o temprano sobre los negocios de Oleguer Pujol. "El fiscal ha sugerido una distinción entre el señor Pujol, el señor Iglesias y Drago Capital, destacando que el señor Pujol es el principal objeto de la investigación", revela el documento.
Los abogados dibujan además la que será su estrategia de defensa: alegar que el caso se centra únicamente en delitos fiscales para que la Audiencia Nacional no sea el tribunal competente y el caso pase a los juzgados ordinarios. Algo que casi consiguieron cuando Luis Iglesias fue desimputado y su procedimiento trasladado a los juzgados de Madrid. Sin embargo, en enero de este año el juez José de la Mata le citó de nuevo como imputado para responder por un presunto delito de blanqueo de capitales.