Decenas de ayuntamientos valencianos, entre los que se encuentran los de Valencia y Alicante, están enojados por la última misiva del ministerio que dirige Cristóbal Montoro en la que les recuerda que aquellas empresas municipales que sean deficitarias debían haber sido liquidadas a lo largo de 2015 e insta a este cumplimiento. El dardo ha llegado incluso a la EMT de la capital del Turia, la empresa de transporte de la tercera ciudad española, con una flota de 480 autobuses, una plantilla de 1.465 personas y casi 86 millones de usuarios. El Ministerio de Hacienda ha apuntado, ante la sublevación e indignación de los consistorios, que no tiene intención de cerrar empresas públicas, sino que se trata solo de cartas informativas. Pero la aclaración no ha menguado los ánimos en los ayuntamientos afectados porque, además, la misiva acaba con amenazas de apercibimiento.
El gobierno valenciano activó la alarma el pasado domingo al advertir del envío masivo de cartas a los ayuntamientos valencianos instando al cierre de los organismos deficitarios. El Consell ha reclamado al Ejecutivo un listado completo de los afectados, puesto que las cartas siguen llegando cada día. La delegación del Gobierno en Valencia asegura que, en total, se han distribuido 300 por todo el territorio nacional pero apuntan que no hay datos concretos por comunidades. La guerra, no obstante, se ha declarado en la Comunidad Valenciana.
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) contabiliza, por el momento, en medio centenar los consistorios objeto de la correspondencia de Hacienda. “Es un goteo, siguen llegando cada día”, afirman. La FVMP se queja del momento elegido (verano y con muchos ayuntamientos sin personal) porque el plazo de 15 días dado para alegar podría acabar sin que ni tan siquiera se tuviera conocimiento de la requisitoria. “Nos quejamos de cómo se ha llevado el procedimiento, está generando indefensión”, dicen.
ARGUMENTOS PARA EL CIERRE
La carta de Montoro es un recordatorio de las obligaciones recogidas en la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Este texto contempla la “disolución automática” de las entidades dependientes de los ayuntamientos que estén en situación de desequilibrio financiero y que no se haya corregido a fecha del 31 de diciembre de 2014. La propia ley determinaba la disolución automática el 1 de diciembre de 2015 si el consistorio no lo hacía formalmente. Así que, a partir de esa fecha, la empresa pública debía estar en fase de liquidación y sin actividad. La ley amplía el plazo al 1 de diciembre de 2016 en el caso de las empresas que presten servicios esenciales como el de transporte público, abastecimiento y depuración de aguas o recogida de basuras.
En el caso de la EMT, por ejemplo, Hacienda ha recordado al Ayuntamiento que dirige el nacionalista Joan Ribó que no ha informado de la disolución “que se ha debido producir”. Por ello, le da 15 días para que informe sobre “la extinción de las entidades dependientes citadas (además de la EMT cita el Consell Agrari)”. De no ser así, el departamento de Montoro recuerda que podrá adoptar medidas que van desde la supervisión estatal de todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta “la posible responsabilidad personal que corresponda”.
La EMT cerró 2013 con una deuda acumulada de 57 millones, tal y como consta en el último informe de la Sindicatura de Cuentas valenciana. Ribó niega que la empresa haya tenido dos ejercicios continuados con pérdidas y se ha sublevado ante Montoro. “No voy a permitir que se cierre la EMT, sería un caos circulatorio, es una empresa pública fundamental en todos los temas del estado del bienestar y por tanto este alcalde lo va a defender hasta las últimas consecuencias”, ha dicho este miércoles el regidor de Valencia.
La misma posición ha tomado el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri. “No es que me niegue porque me niegue (a la disolución), es que el señor Montoro está equivocado”, dijo ayer. El ayuntamiento de Castellón no ha recibido ninguna carta hasta la fecha.
PLENOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR
Las cartas nombran empresas tan relevantes como la del transporte de la ciudad de Valencia pero también a entidades más pequeñas. Es el caso de Pedreguer, un municipio de algo más de 7.000 habitantes, situado en la provincia deAlicante. Allí, la misiva de Hacienda ha instado a la liquidación de una fundación para una escuela infantil. “Es un organismo autónomo con un déficit de 12.000 euros, en sí tiene desequilibrio financiero pero el ayuntamiento está en situación de estabilidad presupuestaria”, explica una técnico del consistorio. Según apunta, este mismo jueves se ha convocado un pleno extraordinario para dar cumplimiento y proceder a la liquidación.
La escuela, que también atiende a niños en agosto, no cerrará. Desde el consistorio explican que se reconvertirá en guardería municipal. En la práctica, dicen, será lo mismo pero sin la autonomía presupuestaria de ahora.
Otros consistorios que también han recibido la carta ya habían liquidado las empresas deficitarias o estaban en proceso de hacerlo.
La FVMP mantiene por su parte que están a la espera de conocer cuántos consistorios están afectados para iniciar acciones coordinadas ante la carta de Montoro, a la que califican como “ataque” a los ayuntamientos.