Varapalo judicial para el Ayuntamiento de San Javier. El Tribunal Superior de Justicia avala suspender el proceso de adjudicación del contrato del agua de la localidad valorado en 246 millones y que había recaído en la empresa Aqualia para los próximos veinte años.
El Partido Popular de San Javier aprobó en el Pleno de febrero, plantar cara a la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que anulaba la adjudicación de este contrato a Aqualia, para gestionar el servicio de agua potable y alcantarillado. Para evitar repetir todo el proceso de licitación, el equipo de Gobierno local que lidera el PP acordó presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, pero el TSJ ha tumbado ese recurso a través de un auto judicial.
"En nuestro caso, no podemos obviar que la suspensión del acto recurrido, supondría a su vez la ejecución de la resolución del Ayuntamiento que fue anulada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Esto es, anulada la adjudicación del contrato por el Tribunal Especial, al suspender su ejecución, autorizaríamos la ejecución de un acto ya anulado antes de que nos pronunciemos sobre la validez de la resolución recurrida", tal y como argumenta el auto del TSJ.
"Partiendo de estas premisas, las alegaciones de la actora sobre la necesidad de llevar a cabo la contratación e iniciar la ejecución del contrato adjudicado a Aqualia, de forma inmediata, no dejan de ser meras alegaciones de parte, al no quedar acreditado que las deficiencias que se conocen de las instalaciones de agua potable y alcantarillado del municipio no tengan otra forma de solventarse en este momento que mediante la ejecución de un contrato, cuya adjudicación fue anulada por el Tribunal especial creado para garantizar la corrección de la contratación administrativa".
Párrafo a párrafo, el TSJ echa para atrás el grueso de los argumentos expuestos por el equipo de Gobierno popular de San Javier. "El interés general representado por la correcta prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado está garantizado, mediante la prórroga del contrato celebrado con Hidrogea".
No se daña el Mar Menor
"El daño al medioambiente, y en concreto al Mar Menor, no queda en absoluto acreditado sin que una encuesta sobre la percepción de los ciudadanos pueda resultar concluyente sobre dicha cuestión".
"Las deficiencias en las infraestructuras son conocidas, según pone de manifiesto el propio Ayuntamiento, desde 2019, y en 2021 se hicieron constar en un informe redactado por la Universidad Politécnica, por lo que ha existido tiempo suficiente para adoptar las medidas correspondientes, de ser tan imperiosa la necesidad". El TSJ tampoco acepta el argumento monetario: "No se puede aludir a la falta de recursos económicos del Ayuntamiento, para justificar la puesta en marcha de un contrato administrativo, cuya adjudicación ha sido anulada [...]".
"Valorando, en consecuencia, los intereses en conflicto y ante la falta de prueba de daños irreversibles o de pérdida de la finalidad legítima del recurso, debe denegarse la suspensión solicitada, sin que sea posible adelantar el fallo del presente recurso, como en realidad se está pretendiendo, dejando sin efecto la resolución adoptada por un órgano independiente y especializado". Todo ello, lleva al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia a fallar lo siguiente: "No dar lugar a suspensión del acto impugnado el presente recurso contencioso administrativo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en el proceso".
Desde el PSOE, su portavoz, Pedro Górriz, subraya que "después de la anulación del contrato del agua, este segundo varapalo judicial pone de manifiesto que las cosas no se están haciendo bien". Górriz concluye que "se está despilfarrando el dinero de los vecinos después de adjudicar un contrato a dedo, para la solicitud de las desestimadas medidas cautelares, por valor de 18.000 euros".