El Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia le ha aguado al Partido Popular el aniversario del Trasvase Tajo-Segura. A la misma hora que este jueves, en el Palacio de San Esteban, se estaban conmemorando los 44 años de vida del acueducto, paralelamente, se hacía público el auto para juzgar al expresidente murciano, Ramón Luis Valcárcel: el político que brindó las mayores victorias electorales al PP, con el eslogan del 'Agua para todos', y que por ironías del destino, se sentará en el banquillo de los acusados por una desaladora. En concreto: la planta de Escombreras.
El Ministerio Público solicita para Valcárcel una pena de 11 años de cárcel, por causar un supuesto perjuicio a las arcas públicas de 74 millones de euros, a raíz del contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras que se firmó durante su etapa al frente del Gobierno de la Región de Murcia.
El escrito de conclusiones provisionales lo firma Juan Pablo Lozano: el fiscal Anticorrupción que ya logró que condenasen a 3 años de cárcel al expresidente murciano, el popular Pedro Antonio Sánchez, por un delito continuado de prevaricación, en concurso con uno de falsedad, en las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras, la localidad de la que fue alcalde de 2003 a 2013 -antes de llegar al Palacio de San Esteban-.
El fiscal Juan Pablo Lozano ha conseguido llevar a juicio a Ramón Luis Valcárcel, por el 'caso La Sal', después de que la magistrada Ana Isabel Navarro haya dictado un auto de procedimiento abreviado donde avala los argumentos y pruebas aportadas por Anticorrupción, así como los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales.
El expresidente de Murcia condenado a tres años de cárcel, Pedro Antonio Sánchez, y el expresidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que próximamente será juzgado, en una imagen de archivo, en la que Sánchez, por aquel entonces alcalde de Puerto Lumbreras, fue recibido por Valcárcel, jefe del Ejecutivo autonómico, para presentarle el proyecto de rehabilitación de la denominada 'Casa del Cura'.
EL ESPAÑOL ha accedido al escrito del fiscal y al auto de la juez que han provocado un terremoto en Murcia, a dos meses de las elecciones autonómicas, puesto que se juzgará a un tótem político para el PP, como Ramón Luis Valcárcel, por los delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos.
En el 'caso La Sal', se le acusa de haber permitido durante su presidencia una "operativa" para favorecer supuestamente la construcción de la desaladora de Escombreras. Todo ello, en plena burbuja inmobiliaria, para garantizar el abastecimiento hídrico que necesitan obligatoriamente los desarrollos urbanísticos de los planes generales y que solo podían ser frenados por los informes vinculantes de la Confederación Hidrográfica del Segura: un organismo que en aquel momento dependía del Gobierno de España, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Para la construcción de una desaladora valorada en 111 millones de euros no se convocó un concurso público ni se recurrió a una concesión administrativa. El proyecto se ejecutó por la vía privada, con la supuesta intención de lucrarse con fondos públicos a través de un supuesto entramado de sociedades públicas y privadas y de contratos públicos y privados que tienen su génesis en el Ente Público del Agua:
El Gobierno autonómico de Ramón Luis Valcárcel constituyó el Ente Público del Agua (EPA), y nombró como presidente del EPA, al entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá. A través del citado ente, se constituyó la empresa pública Hidronostrum, cuyo Consejo de Administración lo componían miembros de las distintas consejerías, y que compró el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras S.A.: una sociedad creada para explotar la planta, por parte de la constructora de las instalaciones, Hydromanagement. A su vez, esta mercantil estaba compuesta por varias empresas que suscribieron un contrato con el Grupo ACS.
Vista aérea de la desaladora de Escombreras, ubicada en el término municipal de Cartagena.
El Ejecutivo murciano apostó por la fórmula de comprar acciones a una empresa privada, para satisfacer con agua desalada las necesidades de abastecimiento humano, a pesar de que esa mercantil estaba "cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros". La guinda a la adquisición del accionariado y al mencionado entramado de relaciones entre sociedades públicas y privadas, la expone el fiscal Anticorrupción en la página 95 de su escrito de conclusiones provisionales, donde también solicita 47 años de inhabilitación para el popular Valcárcel:
"A cambio, las empresas privadas Hydromanagement y Tedagua, obtuvieron contratos suscritos y garantizados con cargo a fondos públicos, con condiciones abusivas y leoninas y por 25 años, que aseguraban a las empresas de ACS importantes beneficios".
"La parte privada se encargó de contratar la construcción y asegurarse el mantenimiento del servicio durante 25 años, estableciendo gravosas cláusulas en esos contratos, entonces privados, carentes de sentido entre empresas del mismo grupo de sociedades, a sabiendas, en realidad, de que tales contratos iban a ser objeto de subrogación por la parte pública, sólo adquiriendo sentido la fijación de esas 96 cláusulas gravosas, por saber que iban a ser trasladadas a terceros ajenos".
Tal concatenación de decisiones se produjo -supuestamente- sin que se solicitasen informes a la intervención de la Comunidad Autónoma ni a sus servicios jurídicos. Así lo expone la juez Ana Isabel Navarro, en un auto que no admite recurso y que encamina a una vista oral a un político de primer nivel: llegó a ser vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, como premio a su hoja de servicios con el PP. Valcárcel deberá responder en el juicio al contenido de algunos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que afirman lo siguiente:
"Resultaría, según un informe de la UDEF, que al amparo de la ley del Ente Público del Agua se crearía una estructura societaria vertical que se pretendía ubicar en el derecho privado, pero que estaba controlada por el EPA y la Consejería de Agricultura y Agua, y por ende, por el aquí investigado (dada su posición de garante como presidente del Consejo de Gobierno) y que se nutría de fondos 100% públicos, derivándose estos del EPA a Hidronostrum y de Hidronostrum a Desaladora de Escombreras S. A.".
Ramón Luis Valcárcel llegó a ser vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones (CDR).
El juicio al que se enfrentará el expresidente de Murcia es fruto de la pieza separada que se inició el 31 de julio de 2019, a petición del Ministerio Fiscal, a raíz de la información recabada en las diligencias abiertas tres años antes y que tienen su origen en la querella presentada por el abogado murciano Diego de Ramón, por las irregularidades destapadas en la desaladora de Escombreras en un informe del Tribunal de Cuentas.
Prueba de ello es lo que dice la magistrada, al inicio de su extenso auto, donde recuerda que esta vista oral emana de una pieza del 'caso La Sal' en la que hay once investigados, entre ellos, el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, a la sazón, presidente del famoso Ente Público del Agua:
"De dicha documental analizada, en el informe de 29 de enero de 2018 de la UDEF y de la denuncia del Ministerio Fiscal, se desprende la cronología real de todos los contratos celebrados en torno al proyecto de la desaladora de Escombreras y la presunta connivencia de la parte pública y privada, esto es, el concierto entre la Comunidad Autónoma de Murcia (siendo el investigado don Ramón Luis Valcárcel Siso, presidente del Consejo de Gobierno), por medio de la Consejería de Agricultura y Agua (dependiente jerárquicamente del investigado) y las empresas privadas Hydromanagement y grupo empresarial ACS, investigados todos ellos en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia".
De aquellos lodos vienen estos fangos porque el letrado Diego de Ramón ejercerá la acusación popular contra Valcárcel. De esta forma podrá defender en la sala de vistas muchas de las acusaciones que ha venido enarbolando, como que la desaladora de Escombreras se creó para "recalificar 180 millones de metros cuadrados" en los municipios de los 26 ayuntamientos que firmaron el convenio de aprovisionamiento con el Ente Público del Agua. De Ramón solicita una condena de 15 años de cárcel para el expresidente murciano, así como una multa equivalente al séxtuple del dinero supuestamente defraudado a las arcas autonómicas.
A lo largo del auto judicial se desgranan fechas y acuerdos que están bajo sospecha: la firma la plasmaban otros, pero siempre sobrevolaba la figura del presidente murciano como garante del cumplimiento de la legalidad de lo que hacía su Gobierno: "El 13 de enero 2006, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma (presidido por el aquí investigado), cede gratuitamente al EPA una parcela, con una superficie de 35.100 metros cuadrados, situada en el Valle de Escombreras, "para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus fines", donde después se va a realizar la desaladora (finalidad supuestamente conocida por el investigado)".
El entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, inaugurando la depuradora de aguas residuales de Cañada de Gallego, acompañado del alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, y el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, también investigado en el 'caso La Sal'.
"El 25 de enero de 2006 se constituye en escritura pública la Desaladora de Escombreras (DE), siendo sus únicos socios Cobra Instalaciones y Servicios y Monocobra S. A., pertenecientes al Grupo ACS. Esta sería la primera mercantil instrumental necesaria para el desarrollo del proyecto previamente concebido, creada para cumplir con la finalidad pretendida por el Ente Público del Agua (EPA), pues se crearía a sabiendas de que sería participada por "empresas públicas", las cuales eran esenciales para el negocio planeado, que sería sufragado por aquellas, liberando a la parte privada de los costes y riesgos de la operación".
"Otro documento que refuerza la idea de que este proyecto, finalmente, tan gravoso para el erario público, ya había sido ideado desde un principio entre la parte pública y privada, es el hallado en la sede de Hydromanagement, en el despacho de José C. S. Se trata de un borrador de contrato marco de colaboración, para el proyecto de desarrollo de una planta desaladora y obra civil, suscrito entre el Ente Público del Agua de la Comunidad Autónoma de Murcia (EPA) y la sociedad Hydromanagement".
"Ello supone que tanto la fórmula del negocio como los plazos se habrían impuesto desde el EPA, desde primeros de diciembre de 2005. Por tanto, conocían la operativa desde esta fecha, anterior a la firma de todos los contratos entre las empresas privadas y además serían los que dieron la fórmula definitiva", según sostiene la magistrada. Y lo hace en alusión, por ejemplo, al acuerdo suscrito por los fundadores de Hydromanagement para la compraventa de participaciones con empresas del Grupo ACS, para comercializar el agua a largo plazo, con un contrato take or pay, con un comprador de agua de solvencia: la Comunidad Autónoma de Murcia.
"Según resulta del informe de la UDEF, cuando el grupo empresarial ACS compró el proyecto en junio de 2005, presuntamente ya estaba de acuerdo con el Ente Público del Agua (EPA), cuya intervención era aceptada por los socios de Hidromanagement". Página a página, la magistrada también hace un repaso a los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno que presidía Ramón Luis Valcárcel y que siempre iban en la misma ilícita dirección:
"El 17 de febrero de 2006, el Consejo de Gobierno de la Comunidad autoriza al EPA a constituir una sociedad mercantil Hidronostrum, segunda sociedad instrumental presuntamente concebida con un solo objetivo, que era adquirir la Desaladora de Escombreras (finalidad supuestamente conocida por el investigado)".
Valcárcel, bebiendo agua, en la sede regional del PP, en su etapa como presidente de los populares murcianos.
Tales párrafos, recogidos en el auto de procedimiento abreviado, ponen de manifiesto que la magistrada ha encontrado solidez en los argumentos expuestos por el fiscal Anticorrupción para solicitar la apertura de juicio oral contra Valcárcel. Valga como botón de muestra esta afirmación que realiza Juan Pablo Lozano sobre el modo de actuar que supuestamente siguió el Ejecutivo regional, desde que la construcción de la planta desaladora de Escombreras comenzó a gestarse:
"Obviando para ello, de modo intencionado, la legislación de contratación pública y la intervención funcionarial de la Comunidad Autónoma, amparados en informes de asesores privados, contratados ilícitamente, y asumiendo un sobrecoste fundado en el modelo de adquisición elegido, y enormemente perjudicial para las arcas públicas, concretamente, con un sobrecoste de 74.194.332,55 euros, sólo en lo relativo al contrato de arrendamiento. Despreciando intencionadamente la necesidad de preceptivas licencias y autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, al ser el agua desalada parte del dominio público hidráulico".
La vista oral tendrá su dosis de morbo político porque también intervendrá la Comunidad Autónoma, personada en la causa como actor civil. No le cabía más remedio, a la vista de la tensión que sufrieron las arcas públicas por el contrato suscrito tras la compra de las acciones de la Desaladora de Escombreras S. A., a través de la empresa pública Hidronostrum, y que solo en el año 2013 provocaron que el Gobierno murciano no pudiese afrontar el pago de 14 millones de euros.
Esta desaladora fue uno de los proyectos estrella del Gobierno de Valcárcel. Así lo prueba que se anunció a bombo y platillo, en una rueda de prensa ofrecida en enero de 2006, por el entonces portavoz del Ejecutivo, Fernando de la Cierva, anunciando la cesión de unos terrenos en el Valle de Escombreras, para albergar una inversión de 100 millones de euros en una planta desaladora. Tal anuncio viene recogido por el auto y contrasta con algunas de las conclusiones demoledores que realiza la magistrada:
"Se habría ideado todo el proyecto en base a los cuantiosos beneficios económicos que la parte privada iba a obtener, y a la urgencia de la parte pública por dar forma a un proyecto que asegurara las nuevas demandas de agua, nacidas de la expansión urbanística, ante la eventualidad de que el Ministerio [PSOE] no las atendiera".
"El negocio era inviable y ruinoso desde un primer momento, pues las partes implicadas eran perfectamente conocedoras de que los supuestos destinatarios del agua desalada que se ofrecía, esto es, los ayuntamientos, no iban a ser capaces de asumir el coste financiero soportado por la Desaladora de Escombreras Sociedad Anónima".
La desaladora de Escombreras tiene capacidad para suministrar 60.000 metros cúbicos al día de agua desalada.
El expresidente autonómico y otrora líder de los populares murcianos siempre se desmarcó de esta planta, con capacidad para suministrar 60.000 metros cúbicos de agua desalada al día. Así lo hizo a lo largo de la instrucción judicial, pero esa estrategia de desvincularse de cualquier decisión que afectase al proyecto en su etapa al frente del Palacio de San Esteban, no le ha funcionado a la vista de la decisión de la juez de sentarlo en el banquillo de los acusados:
"El investigado, don Ramón Luis Valcárcel Siso, fue presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y máximo responsable del Gobierno Regional desde el 26 de junio de 1995 hasta el 10 de abril de 2014, (los hechos que se le imputan en la denuncia de Fiscalía se refieren al período comprendido entre el 2005 y finales del 2014) y existen indicios de su presunta intervención, por acción y/o por omisión, en el sostenido concierto fraudulento entre la Comunidad Autónoma, por medio de la Consejería de Agricultura y Agua, y las empresas privadas Hydromanagement S. L. y grupo empresarial ACS, en torno al proyecto de construcción, financiación y explotación de la desaladora de Escombreras".
De modo que Valcárcel deberá responder ante la Justicia: "Por el deliberado apartamento de la legalidad y la ausencia del adecuado control jurídico, económico y financiero del proyecto globalmente considerado; por las decisiones presuntamente adoptadas en pro de dicho concierto; por la gestión consentida del EPA y sociedades vinculadas al "proyecto agua", así como la omisión y el retraso de las actuaciones necesarias para evitar el mantenimiento del daño al erario regional".