El Gobierno de Murcia ha tildado de "paripé" el recurso que ha presentado el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana contra el nuevo Plan del Tajo. Así de crítico se ha mostrado el consejero de Presidencia murciano, Marcos Ortuño, al asegurar que el presidente valenciano, Ximo Puig, ha planteado esa acción al Tribunal Supremo porque "no quiere molestar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Los socialistas anteponen los intereses partidistas a los de los ciudadanos".
Tales declaraciones del portavoz se producen justo en el día en el que el Consejo de Gobierno de Murcia ha aprobado otro recurso contra el nuevo Plan del Tajo, ante la misma instancia: el Tribunal Supremo. Tanto la comunidad murciana como la valenciana están afectadas por el recorte que sufrirá el Trasvase Tajo-Segura, pero ambos territorios están en plena precampaña de las elecciones autonómicas y los populares de Fernando López Miras marcan distancia con los socialistas de Ximo Puig.
Ortuño ha insistido en que el Gobierno valenciano ha interpuesto un "recursito" para no molestar al Ejecutivo central de coalición de PSOE y Podemos. De hecho, el portavoz regional ha afeado la decisión de la Monlcoa de aprobar el Plan del Tajo, a pesar del dictamen del Consejo de Estado, obligando a la comunidad murciana a recurrir a la Justicia ordinaria: "Es una pena tener que acudir a los juzgados para reclamar solidaridad".
Durante la rueda de prensa, el consejero ha criticado que la planificación hidrológica del Tajo supone un "hachazo con grave impacto económico y medioambiental en esta región". Incluso ha alertado de que se trata de "una bomba" la subida de los caudales ecológicos del Tajo, de 6 metros cúbicos a 8,65, a partir de 2027, lo que provocará un recorte de 105 hectómetros al trasvase. "Las consecuencias las pagaremos todos los murcianos", según ha lamentado.
A lo largo de su intervención de este jueves, posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz autonómico ha incidido en la idea de que el Ejecutivo murciano hará "todo lo posible" para frenar el Plan del Tajo. También ha remarcado que el acueducto es una infraestructura hídrica "irrenunciable" para los intereses económicos y sociales del Levante.
El portavoz del ejecutivo regional, Marcos Ortuño
Ortuño ha aprovechado su comparecencia para dirigirse también al Gobierno de España, acusándole de tomar una "decisión sectaria e ideológica", que "enfrenta a unas comunidades con otras". El portavoz murciano ha criticado la "dejación de funciones" que está ejerciendo la Moncloa en un asunto como el agua: "un problema de estado". Prueba de ello es que ha reclamado al Ejecutivo central que trabaje con todas las autonomías para acordar un "acuerdo nacional por el agua".
Los recursos judiciales que presentarán la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana contra el nuevo Plan del Tajo, han provocado que el presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page, convoque un Consejo de Gobierno extraordinario para defender la subida de los caudales ecológicos del Tajo.
"Si en el Levante español piensan que pueden echar atrás un acuerdo tan de sentido común y tan respetuoso con las sentencias del Supremo, con las directivas europeas y con el cambio climático, si piensan que pueden paralizarlo, nosotros nos veríamos obligados a ir a exigir el cien por cien de lo que han dicho los tribunales", tal y como ha advertido el socialista García-Paje, durante la presentación de la II Jornada 'Castilla-La Mancha, tierra de futuro', celebrada en Talavera de la Reina.