La guerra del agua por el trasvase suma un nuevo capítulo. En el Palacio de San Esteban ya conocen el contenido del dictamen emitido por el Consejo de Estado, sobre el nuevo Plan del Tajo y el incremento de sus caudales ecológicos. El pleno de este órgano -con relevancia constitucional- aprueba el proyecto de Real Decreto para la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, pero en su dictamen emite una serie de consideraciones de calado respecto a la planificación del Tajo que la Moncloa debe tener en cuenta antes de darle luz verde.
"El Consejo de Estado considera que puede ser aprobado el proyecto de Real Decreto consultado, sin perjuicio de la conveniencia de considerar las observaciones formuladas en este dictamen", tal y como recoge el documento emitido por al máximo órgano consultivo del Gobierno.
Tales observaciones tienen en la diana el diseño del nuevo Plan del Tajo y la disposición adicional novena que prevé elevar los caudales ecológicos, de 6 metros cúbicos, a 8,65 metros cúbicos, a partir de 2027, recortando en 105 hectómetros las aportaciones que recibe el Trasvase Tajo-Segura para regar fincas agrícolas de Murcia, Alicante y Almería. El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, pero deja señalada la política hídrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el papel desempeñado por el número 2 de este departamento: Hugo Morán.
"En el asunto sometido a consulta, se aprecia una falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura que el proyecto de Real Decreto no solventa, y que puede provocar, no solamente una falta de coherencia entre los planes de cada confederación hidrográfica, sino también a una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional, como es el Trasvase del Tajo-Segura", tal y como alerta el dictamen ddel Consejo de Estado al Ministerio -en su página 59-.
El número 2 del Ministerio es nombrado por el Consejo de Estado, cuando analiza el cambio de la disposición adicional novena del Real Decreto para la revisión de los planes hidrológicos. Tal disposición fue el detonante de la manifestación celebrada en Madrid, el 11 de diciembre, y que movilizó a 7.000 agricultores en defensa del acueducto. Todo se remonta al último Consejo Nacional del Agua donde el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, modificó el acuerdo que había alcanzado con los dirigentes socialistas de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana, José Vélez y Ximo Puig, respectivamente.
El pacto consistía en acatar una subida de los caudales ecológicos, de 6 a 7 metros cúbicos, pero el 1 de enero de 2026 se revisaría la calidad del agua del río Tajo, y si era óptima, no se volverían a elevar los caudales ecológicos, manteniéndose fijos esos 7 metros. Sin embargo, en el último Consejo Nacional del Agua se modificó la disposición adicional novena, de forma que los caudales ecológicos del Tajo se elevarían cada año, hasta llegar a 8,65 metros cúbicos en el año 2027. Y el dictamen del Consejo de Estado, en su página 43, critica la actuación de Hugo Morán:
"De la lectura del expediente remitido al Consejo de Estado se desprende que, en efecto, el debate y la votación en el Consejo Nacional del Agua no se desarrollaron con la claridad y la transparencia con las que debieran haber transcurrido. Ello se infiere, sobre todo, de las explicaciones de voto que se adjuntan al informe del Consejo Nacional del Agua. En varias de ellas se pone de relieve que existió cierta confusión acerca de si el texto de la disposición adicional novena que se votaba era la original o el propuesto in voce por el secretario de Estado de Medio Ambiente, por lo que algunos de los votos se emitieron condicionados a que la redacción fuera una u otra".
"A juicio de este Consejo, habría sido deseable que la votación en el seno del Consejo Nacional del Agua se hubiera producido sobre una propuesta clara y concreta del texto del proyecto, preferentemente por escrito, y de modo especial, en relación con un aspecto tan relevante como el tratado en la disposición adicional novena, que afecta a varias cuencas hidrográficas y del que se derivan notables efectos socioeconómicos y medioambientales".
"Sentada la anterior conclusión en cuanto a la disposición adicional novena del proyecto, este Consejo considera que resulta necesario arbitrar un mecanismo eficaz para la coordinación de los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y del Segura, entre sí y en relación con la normativa reguladora del trasvase. Esta coordinación le corresponde, en último término, al Gobierno de la nación, que debe aprobar los planes hidrológicos, como más arriba se ha recordado en los términos que estime procedentes en función del interés general".
"A juicio de este Consejo, la satisfacción del interés general demanda que el régimen de caudales ecológicos, completo y vinculante, que el Plan del Tajo tiene necesariamente que establecer, se haga compatible con un elemento de la planificación hidrológica nacional como el del trasvase, mediante el acueducto del Tajo-Segura".
"Sin embargo, en la redacción actual, dicha disposición adicional carece de la funcionalidad suficiente para llevar a cabo dicha coordinación y de armonizar las necesarias exigencias de contar con caudales ecológicos en el plan del Tajo, con el funcionamiento del Trasvase del Tajo-Segura", según prosigue el Consejo de Estado, insistiendo en la necesidad de que el Ministerio establezca un incremento de los caudales ecológicos que responda a una cuestión objetiva.
"Debiera también considerarse la procedencia de establecer criterios técnicos y metodologías más detalladas para la determinación de los caudales ecológicos, fijándose por vía normativa criterios comunes para todas las demarcaciones hidrográficas".
El Ejecutivo de la Región de Murcia recurrió al máximo órgano consultivo del Gobierno de España, con el objetivo de frenar la subida de los caudales ecológicos que contempla el nuevo Plan del Tajo, pediente de ser aprobado en el Consejo de Ministros. De forma que este viernes, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha subrayado que el dictamen "asume las alegaciones" presentadas por su Gobierno.
López Miras ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica a que se base "en una metodología concreta" y "en criterios técnicos", el incremento de los caudales ecológicos del Tajo, a fin de evitar el recorte del 50% en las aportaciones que la Cuenca del Segura recibe a través del acueducto. "Todo este proceso ha sido poco transparente y opaco", tal y como ha criticado desde Fitur, donde el stand de la Región de Murcia ha recibido la visita del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
"Los planes de cuenca del Tajo y del Segura son incompatibles, por tanto, aquí tenemos un problema importante para aplicar esos caudales ecológicos", según ha reflexionado López Miras. "Si Pedro Sánchez, su Gobierno y sus 22 ministros, la próxima semana, deciden recortar el Trasvase Tajo-Segura, será definitivamente una cuestión política y sectaria porque en el informe del Consejo de Estado tienen la justificación para no aprobar el recorte del trasvase".