La decisión del Consejo Nacional del Agua de mantener la subida progresiva de los caudales ecológicos, previsto en el nuevo Plan del Tajo, ha provocado un sonoro enfrentamiento entre el Ejecutivo murciano y el Gobierno central. También ha roto el frente hídrico que tenía la Región de Murcia con la Comunidad Valenciana para defender el Trasvase Tajo-Segura. El presidente regional, Fernando López Miras, ha criticado con dureza a la Moncloa y a su homólogo valenciano, Ximo Puig, porque esa decisión supone recortar hasta 105 hectómetros cúbicos en el acueducto.
"Es la mayor afrenta de los últimos tiempos a la Región de Murcia, por parte del Gobierno de España, por parte del Gobierno del señor Sánchez", tal y como ha denunciado el presidente murciano, este miércoles, desde Bruselas, donde se ha desplazado para reunirse con Marcos Alonso, embajador permanente de España ante la Unión Europea, y para asistir al Pleno del Comité Europeo de las Regiones.
"Esto es un engaño porque han jugado con los agricultores y los regantes, no era un recorte menor del 20%, como estaban vendiendo, si no un hachazo del 50% al Trasvase Tajo-Segura: una infraestructura esencial para producir alimentos y para el abastecimiento de los hogares", según ha reflexionado el popular Fernando López Miras.
Tales manifestaciones contrastan con las realizadas por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que ha celebrado esta decisión "histórica" del Consejo Nacional del Agua que servirá para "salvar al Tajo de verdad". El Ejecutivo castellanomanchego sostiene que al ser avalado el nuevo Plan de Tajo se producirá un incremento de los caudales ecológicos, de forma que a partir de 2027 llegarán a los 8,65 metros cúbicos por segundo, en Aranjuez, a 17,25 en Toledo, y a 18 en Talavera de la Reina.
La citada subida se traducirá a partir de 2027, según los cálculos de la Consejería de Agricultura y Agua de Murcia, en una reducción anual de 105 hectómetros cúbicos en las transferencias del Tajo al Segura a través del trasvase. De forma que la medida afectará a territorios del Levante distribuidos por Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
"Han mentido a los murcianos, a los andaluces y a los valencianos y esto no podemos permitirlo", tal y como ha proseguido Fernando López Miras, al tiempo que ha advertido a la Moncloa de que esta decisión tendrá consecuencias. "Desde luego no vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que este golpe y este hachazo del Gobierno de España a la Región de Murcia no se perpetúe".
La subida de los caudales ecológicos del nuevo Plan del Tajo tiene que ser ratificada por el Consejero de Ministros y si esa decisión llega, el Gobierno de Murcia recurrirá a la vía legal: "Vamos a agotar todos los recursos judiciales y administrativos a nuestro alcance, y desde el plano institucional y político, vamos a tratar de hacer entrar en razón al Partido Socialista de que esto es un hachazo para el futuro de esta comunidad".
La decisión del Consejo Nacional del Agua también ha tenido consecuencias políticas en el frente hídrico que mantenían la Región de Murcia y la Comunidad Valencia en defensa del acueducto, ante el Gobierno central. El presidente murciano ha puesto en duda la implicación de su homólogo valenciano, Ximo Puig: "No sé si ese frente está roto o si ese frente existió alguna vez, lo que sé es que desde el primer momento, la Región de Murcia ha estado defendiendo el trasvase y a los agricultores".
"Desde el primer momento dijimos que un recorte a esta infraestructura, por poco que fuera, sería una mala noticia para los murcianos, pero hay otros que aplaudieron que el recorte era poco", según ha subrayado el popular López Miras, en clara alusión al socialista Puig. "Todo lo que decía el Ministerio para la Transición Ecológica y el PSOE ha sido una mentira porque tenían una idea clara que era lo que dijo Pedro Sánchez en 2018: cerrar el Trasvase Tajo-Segura. Para ello quieren empezar con este recorte del 50% que se aprobó este martes en el Consejo Nacional del Agua".
La reunión de este martes del Consejo Nacional del Agua estuvo marcada por la presencia de decenas de agricultores para reivindicar el trasvase. Hasta Madrid también se desplazaron el secretario general de los populares murcianos, José Miguel Luengo, el consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Luengo, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez.
Agricultores en Madrid
La movilización que se vivió en la capital de España evidencia la crispación política y social que genera el futuro del trasvase. De hecho, López Miras ha advertido de que el Gobierno está enfrentando a las comunidades autónomas afectadas por esta infraestructura hídrica: Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
"Si se respetan principios básicos, como la Constitución, la vertebración de España y la cohesión social, no habrá conflictos entre comunidades, ahora, si lo que queremos es dividir España y enfrentar unos territorios con otros y no respetar la Constitución, enarbolando principios inexistentes, como que el agua es de la comunidad autónoma por donde pasa un río determinado, desde luego estaremos abocados a este tipo de enfrentamientos", tal y como ha advertido el presidente murciano.
"Si lo que estamos haciendo es apropiarnos de la visión que tienen otras autonomías en algunos asuntos, como puede ser Cataluña o el País Vasco, que lo que hacen es dividir y romper el país enfrentándonos los unos con los otros, desde luego la polémica estará servida. Nosotros entendemos que los recursos energéticos, los alimentos y el agua, que también es un recurso básico, se tienen que repartir siguiendo criterios con todos los españoles".