En el argumentario del PSOE de Murcia hay un mantra que se repite desde que en 2016 el Mar Menor se convirtió en una 'sopa verde': el PP es el culpable de este ecocidio, por sus políticas agrícolas, urbanísticas y medioambientales al frente del Gobierno autonómico. Este martes, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, tenían la posibilidad de plasmar esa responsabilidad en el informe sobre la misión que Bruselas realizó a la albufera para inspeccionarla, pero el Grupo de Socialistas y Demócratas se ha abstenido salvando a los populares murcianos.
El citado informe se ha sometido a votación en la Comisión de Peticiones para abordar las 103 enmiendas que habían presentado los europarlamentarios que en febrero, durante tres días, se recorrieron el litoral marmenorense y se reunieron con organizaciones ecologistas, plataformas activistas, científicos, agricultores, políticos, empresarios y sindicatos, con el objetivo de evaluar el estado del Mar Menor.
El documento deja claro que entre los factores que han llevado a la albufera a sufrir dos episodios de anoxia y de mortandad masiva de peces, se encuentra el desarrollo sin control del urbanismo y de la agroindustria por el Campo de Cartagena, así como los vertidos de nitratos. Pero la enmienda número 2, presentada por la eurodiputada de IU-Verdes, Sira Rego, solicitaba al Parlamento Europeo que en el informe también se hiciera constar la "pasividad" demostrada por el Gobierno autonómico, liderado por el PP de Murcia, permitiendo la crisis ambiental que sufre el Mar Menor.
"El enorme deterioro medioambiental es consecuencia directa de un modelo insostenible de explotación de los recursos, incluida la extracción masiva de aguas subterráneas y el abuso de productos agroquímicos, y de un cambio desordenado y salvaje en el uso del suelo. Todo ello se ha producido a pesar de la existencia de numerosas y exhaustivas normativas europeas, estatales y autonómicas", tal y como arranca el texto presentado por la eurodiputada de izquierdas, donde se alude a las competencias del Ejecutivo murciano en agricultura y urbanismo.
"Así, las malas prácticas llevadas a cabo durante años, especialmente por una gran parte de la agroindustria, pero también las malas prácticas urbanísticas de promotores y de los municipios, se han visto agravadas por la pasividad de las Administraciones, y en particular, de la Administración autonómica, que tiene la mayor parte de las competencias necesarias para frenar esta situación".
La enmienda número 2 de IU-Verdes acusa al Gobierno murciano, bajo la dirección del Partido Popular en los últimos 28 años, de no haber hecho nada para frenar la degradación del ecosistema marmenorense hasta convertirse en una 'sopa verde'. Prueba de ello es que el texto alude al 'Caso Topillo', donde será juzgado el que antaño fue consejero de Agricultura, el popular Antonio Cerdá, por un delito de prevaricación ambiental.
"Esta dejación de funciones ha adquirido tintes penales, como ha quedado de manifiesto en la instrucción del denominado 'Caso Topillo'. En este proceso penal se está juzgando la contaminación por nitratos del Mar Menor, procedente de las desalinizadoras ilegales instaladas en el Campo de Cartagena, en un período comprendido entre 2012 y 2017; el caso afecta a 38 administradores y gestores de empresas agrícolas y a los responsables de las Administraciones que debían impedir que esto ocurriera: la Consejería de Agricultura del Gobierno de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura".
"La gravedad y persistencia del daño ambiental y las prácticas que lo han hecho posible, así como el valor y la singularidad medioambiental del Mar Menor, a escala europea, nos sitúan en un nivel más elevado de daño ambiental, por lo que no es descabellado hablar de ecocidio, término que ya han utilizado funcionarios de la Comisión Europea para referirse a este caso".
En la reunión de la Comisión de Peticiones había 31 votos nominativos y para que saliera adelante la enmienda de IU-Verdes para señalar al Gobierno de Murcia, como responsable del "ecocidio" de la albufera, solo eran necesarios los votos del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas -donde se incluye el PSOE-. De hecho, uno de los europarlamentarios es el murciano Marcos Ros, que formó parte de la misión que inspeccionó el Mar Menor y que siempre ha sido muy crítico con la gestión del PP en la albufera.
La enmienda no ha salido adelante porque solo ha registrado 9 votos a favor, de IU-Los Verdes y Ciudadanos, entre otros, frente a 14 votos en contra de los europarlamentarios de derecha y extrema derecha, y 9 abstenciones, de las cuales 7 pertenecen al grupo donde se incluye el Partido Socialista. Sira Rego ha calificado de "decepcionante" la abstención del PSOE, entre otros motivos, porque en los días previos a la reunión de la Comisión de Peticiones solicitó su apoyo para sacar la enmienda adelante con 16 votos.
"El Gobierno regional del PP se ha escapado de ser señalado como responsable de la situación, por la abstención del PSOE a una de nuestras enmiendas", tal y como ha criticado la europarlamentaria Sira Rego, a preguntas de EL ESPAÑOL. El sufragio socialista exonera de recoger explícitamente en el informe, la responsabilidad que tiene en la crisis del Mar Menor el Ejecutivo murciano del PP, y encima lo hace con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina: en mayo de 2023.
El europarlamentario murciano del PSOE, Marcos Ros, ha justificado la abstención a la enmienda de IU-Los Verdes que dejaba al pie de los caballos al PP de Murcia, porque presentaba "contradicciones" y "solo iba a figurar en la parte declarativa del informe final, no en la parte de las recomendaciones que nos parece más importante".
Ros ha defendido la labor de los socialistas europeos, al recordar que en el documento final de la inspección a la albufera, se incluirán dos enmiendas del PSOE: la número 85, que exige al Gobierno de Murcia que cumpla la ley del Mar Menor, y la número 91, para aplicar el principio de quien contamina paga, ya sean agricultores o empresarios.
"Nosotros hemos ido a por la responsabilidad del Ejecutivo regional que lleva dos años sin cumplir una ley que tiene guardada en un cajón", tal y como ha defendido. "Hemos sido más ambiciosos que la enmienda de IU".