El expresidente de Murcia (PP) juzgado por el 'caso Auditorio': "Yo no era el jefe político de la obra"

Vestido con traje oscuro, camisa blanca, y con rictus serio. De esta forma ha llegado al Palacio de Justicia el que fue presidente de la Región de Murcia y líder del PP murciano para ser juzgado por el 'caso Auditorio'. Pedro Antonio Sánchez se ha sentado en el banquillo de los acusados siete años después del inicio de las diligencias por supuestas irregularidades en la redacción, adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras: una localidad de la que fue alcalde de 2003 a 2013, antes de situarse al frente del Palacio de San Esteban.

"Voy a retrotraerme hasta donde la memoria me permita", tal y como ha indicado Pedro Antonio Sánchez, al inicio de la minuciosa interpelación que durante más de una hora le ha realizado el fiscal Juan Pablo Lozano. La primera de las quince sesiones contra este licenciado en Ciencias Políticas, que fue hombre fuerte del PP, se ha saldado a favor del exdirigente popular porque el Ministerio Público le ha retirado el delito de fraude de subvenciones. Tal decisión se debe a una reforma legislativa que establece que dicho fraude solo puede ser cometido por un particular ante la Administración y –Sánchez actuaba como regidor del Ayuntamiento-.

De forma que Pedro Antonio Sánchez, conocido políticamente con el sobrenombre de 'PAS', ha comenzado la vista oral evitando una multa de seis millones de euros y dos años de cárcel por fraude de subvenciones: el expresidente de Murcia solo tendrá que responder por los delitos de prevaricación continuada y fraude a la administración por la construcción del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras.

El fiscal Anticorrupción -en su escrito de acusación de cincuenta páginas- sostiene que el proyecto subvencionado por la Comunidad Autónoma se lo encargó verbalmente el entonces alcalde, Pedro Antonio Sánchez, al arquitecto Martín Lejarraga. Pero el expresidente ha negado tal extremo tras acogerse al inicio de su declaración, a su derecho a no responder a las preguntas de la acusación popular que ejercen PSOE y Podemos.

"Nunca hubo un encargo del equipo de Gobierno al señor Lejarraga y como nunca hubo un encargo, no hubo un contrato y nunca hubo un pago", según ha afirmado categórico Pedro Antonio Sánchez, bajo la atenta mirada de su abogado defensor: José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional y que en su currículum judicial atesora haber redactado la sentencia que condenó a Mario Conde.

"Es a través del concejal de Obras como yo me entero de que han propuesto unas ideas para hacer un Auditorio en Puerto Lumbreras". El edil de Obras al que se ha referido Pedro Antonio Sánchez es Eliseo Sánchez Plazas: fallecido en 2019, a los 62 años. El exjefe del Ejecutivo regional y expresidente del PP ha aludido al difunto unas seis veces.

Básicamente, el exdirigente autonómico ha descargado parte del proceso que está en la diana de la Audiencia Provincial sobre el difunto Eliseo: concejal del PP de Puerto Lumbreras que estuvo al frente de urbanismo desde 2007. "La Concejalía de Obras impulsaba el proyecto".

El fiscal ha intentado demostrar que 'PAS' encargó el Auditorio sin convocar un concurso público de adjudicación. Para ello ha aportado pruebas documentales. Primero, un anuario de septiembre de 2005 donde figura una recreación del proyecto, en una parcela en la Rambla de Nogalte, y se cita al arquitecto Martín Lejarraga. Todo ello, antes de que en diciembre de 2006, el Gobierno de la Región de Murcia le otorgase una subvención de seis millones de euros. Y en segundo lugar, ha aportado un documento que se envió en junio de 2006 a la Dirección General de Cultura con la memoria justificativa y el anteproyecto de Lejarraga.

- Fiscal: Usted sale en el 80% de las páginas de ese anuario. ¿Esa memoria es consecuencia del encargo del proyecto al señor Lejarraga en septiembre de 2005?

- Pedro Antonio Sánchez: Ese anuario es publicidad. Eso no lo pagaba el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y no está firmado por mí. No hay ningún encargo. Yo no hice ningún encargo ni me consta que lo encargase ningún miembro del equipo de Gobierno. Ese documento surge a iniciativa individual y profesional del señor Lejarraga. Eso se le envió a la Comunidad Autónoma y pasaría por alguna concejalía. La Alcaldía no es un órgano administrativo. En los ayuntamientos pequeños los papeles pasan de una mesa a otra mesa, no por comunicaciones interiores.

- Fiscal: ¿Usted no leyó ese documento que envió a la Comunidad Autónoma?

- Pedro Antonio Sánchez: No leí ni ese documento ni ninguno similar. Mi labor era dar traslado del trabajo que había hecho la concejalía correspondiente.

La raíz del 'caso Auditorio' es una queja que el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia presentó al proyecto de marras. De hecho, el Ministerio Público sostiene que el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, con el supuesto apoyo de la secretaria municipal, optó por simular la convocatoria de un concurso y las obras se ejecutaron en unos terrenos distintos a los empleados para diseñar el proyecto y que inicialmente pertenecían a una parcela de la Rambla de Nogalte. Tal situación provocó que el proyecto fuera inviable técnica y económicamente desde su inicio: ejecutándose algo más de un 61%.

Durante el tenso interrogatorio, el expresidente regional y exlíder de los populares murcianos ha negado cada uno de los extremos de la acusación de Lozano. "Ni el Ayuntamiento ni yo nunca planteamos hacerlo allí [en la Rambla de Nogalte]. No hay ningún papel con esa localización que usted habla. Por tanto, el señor Martín Lejarraga no recibió ningún encargo ni información privilegiada". Sánchez ha recalcado que se presentaron tres proyectos al concurso y un jurado escogió uno de ellos: el del arquitecto Lejarraga. "Fue anónimo completamente".

'PAS' ha defendido su inocencia a capa y espada: "Yo no era el jefe político de la obra, yo le daba impulso político". Las obras del Teatro-Auditorio no se recepcionaron hasta el 20 de septiembre de 2011, debido a que fue necesario acometer una modificación del proyecto inicial, para solventar diversos problemas, como el estudio geotécnico, una de las cuestiones denunciadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia.

- Fiscal: ¿Usted era consciente de que se recepcionaban dos edificios casi terminados y un tercero a medio hacer?

- Pedro Antonio Sánchez: Se recepcionó la obra que era el 100% del proyecto modificado, aprobado, y que coincidía con la cuantía de la subvención.

El juicio por el 'caso Auditorio' proseguirá el 3 de octubre con la declaración de los otros encausados: la secretaria municipal, Caridad García Vidal, acusada de prevaricación continuada y fraude en concurso con prevaricación; el arquitecto Martín Lejarraga, que debe responder por los mismos ilícitos, y el representante de la constructora Ecisa, Vicente Gimeno, como sospechoso de fraude y prevaricación. A lo largo de las siguientes sesiones deben comparecer unos cuarenta testigos y una decena de peritos.

El expresidente de Murcia ya salió absuelto del 'caso Pasarela', por un error en la tramitación del proceso que le permitió evitar tres años y medio de prisión. El ‘caso Auditorio’ podría acabar por los mismos derroteros, ya que su abogado defensor, José Antonio Choclán, ha planteado como cuestión previa, la prescripción del delito de prevaricación continuada porque han transcurrido once años: "La primera querella del fiscal se produjo tres años después de la acción contencioso-administrativa del Colegio de Arquitectos, contra dos resoluciones del Ayuntamiento, sobre el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras".

Choclán también ha argumentado que este proceso "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva" de Pedro Antonio Sánchez, debido a que la jurisdicción contencioso-administrativa emitió una sentencia donde exponía que "no existió una desviación de poder" del alcalde y que "se ajustó a la legalidad" el proceso del Teatro-Auditorio. "Es atípico que se presente una querella cuando existe un fallo que avala un acto administrativo".

La magistrada ponente de la Audiencia Provincial, María Ángeles Galmes, ha avanzado que tales cuestiones previas serán estudiadas en el momento de redactar el fallo del 'caso Auditorio'. La sentencia a 'PAS' podría generar un tsunami político en la antesala de las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023, de forma que todos los partidos estarán muy pendientes del resultado final de este juicio.