A 48 horas de que concluya el plazo para presentar alegaciones contra el nuevo Plan de Cuenca del Tajo: los regantes del Levante, el Gobierno de Murcia y la Diputación de Alicante, han escenificado un frente común ante el Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de mostrar su rechazo a la previsión de elevar el caudal ecológico del río Tajo.
"Vamos a jugar el partido hasta útlima hora", según ha advertido el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, tras reunirse -este lunes- con el consejero de Agua del Gobierno de la Región de Murcia, Antonio Luengo, y la diputada de ciclo hídrico de la Diputacion de Alicante, Ana Serna.
En este cónclave hídrico han consensuado alegaciones para evitar la subida del caudal ecológico prevista en el Plan del Tajo: a partir de 2022, a 7 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez; en 2026, a 8 metros cúbicos, y en 2027, a 8,6. El motivo de este frente común entre Murcia y Alicante se debe a que tal subida supondrá una merma de 80 hectómetros en las aportaciones que perciben los regantes del Travase Tajo-Segura.
"Los caudales que se van a implementar en algunos tramos del río Tajo responden a presiones políticas de algunas comunidades", ha denunciado Lucas Jiménez, al tiempo que ha avanzado algunas alegaciones que un equipo de ténicos y juristas perfila en representación del Scrats. "Los nuevos caudales ecológicos no están justificados en consonancia con lo que pide la planificación hidrológica española, y lo demostraremos con estudios técnicos más adaptados a la realidad del cambio climático porque los estudios que maneja el Ministerio son del año 2009".
Lucas ha confirmado que las alegaciones se presentarán el martes y entre sus argumentos expondrán que el aumento de los caudales no incluye un estudio sobre su repercusión social y económica. Todo ello, ha llevado el presidente de los regantes levantinos a zanjar que el diseño del Plan del Tajo es erróneo: "Las demandas del alto Tajo están más calculadas y los caudales ecológicos que plantea el Ministerio están mal calculados".
Otro de los argumentos que expondrán, ante el departamento para la Transición Ecológica, es que la Confederación Hidrográfica del Tajo no considera una demanda propia el Travase Tajo-Segura. "No sabemos si es una demanda del Guadalquivir", tal y como ha ironizado Lucas Jiménez, para acto seguido alertar de que eso no cumple con la legalidad: "Nos sitúa en el limbo de la planificación hidrológica española".
Lucas Jiménez, presidente de Scrats, y López Miras en la manifestación por el trasvase celebrada en mayo en Madrid.
Este miércoles concluye el plazo para presentar las alegaciones que serán analizadas por el Ministerio, antes de trasladar el documento al Consejo Nacional del Agua, para que el Plan del Tajo esté aprobado entre la primavera y el verano de 2022. De momento, su tramitación está provocando que los regantes levantinos pongan las espadas en alto con la ministra Teresa Ribera, a la vista de esta reflexión del líder de Scrats:
"El Ministerio se empecina en hacerlo mal, en contra de la lógica, de la técnica y de los intereses generales de un país, y cuando alguien se empeña en hacerlo mal es porque esconde una motivación política".
La ausencia de Ximo Puig
En este punto ha salido a relucir la figura del presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig. "Una vez más tenemos que lamentar que nuestro presidente, Ximo Puig, y su consellera de Agricultura, Mireia Mollà, hayan declinado la invitación", tal y como ha criticado la diputada de ciclo hídrico de la Diputacion de Alicante, Ana Serna, en alusión a que el Ejecutivo valenciano había sido invitado a la reunión con Scrats, al igual que la Junta de Andalucía.
"Los gestos en política son importantes y no han querido participar este lunes en un encuentro donde hemos puesto sobre la mesa las líneas generales de las alegaciones al Plan del Tajo, para marcar una hoja de ruta en común", ha proseguido la popular Serna, antes de remarcar que "es importante hacer un frente común" para paliar la subida de caudales ecológicos que afectará a miles de regantes de Almería, Murcia y Alicante.
"Esto es un problema político que se solucionaría en el ámbito de la política, pero mucho nos tememos que no lo van a hacer: Teresa Ribera es igual que Ximo Puig y Ximo Puig es igual que Teresa Ribera, al final, todos van en la misma línea y este problema se va a agravar porque no van a atender nuestras alegaciones", según ha concluido la parlamentaria alicantina y alcaldesa de Albatera.
El consejero de Agua de Murcia, Antonio Luengo.
El consejero de Agua de Murcia, Antonio Luengo, ha excusado la ausencia de los representantes de la Junta de Andalucía, del mismo color político que el Ejecutivo murciano, "por motivos de agenda". Luengo ha exigido al ministerio de Teresa Ribera que frene la tramitación del Plan del Tajo porque "se han detectado errores" y ha pedido que se reinicien los estudios de planificación hidrológica, por parte de técnicos independientes, que no tengan que ver con las demarcaciones de cuenca.
Dos centímetros más
El consejero murciano apuesta por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas para la elaboración de los estudios del Plan del Tajo.
El CEDEX es un organismo autónomo aplicado a la ingeniería civil, la edificación y el medio ambiente, motivo por el que Luengo defiende esta opción más imparcial para una cuestión que afecta a varias autonomías. "Las conclusiones de expertos en hidrología e hidrogeología exponen que no está justificado que el aumento de los caudales ecológicos del Tajo redunde en una mejora de la biodiversidad o de su impacto paisajístico".
Luengo ha ejemplificado que "por elevar dos centímetros el caudal del Tajo, a su paso por Aranjuez, dejarán de venir casi cien hectómetros cúbicos. La hoja de ruta del Gobierno de España para reducir o cerrar el trasvase Tajo-Segura está totalmente marcada".