El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes que su Ejecutivo está estudiando la posibilidad de presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por las últimas normas aprobadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
"Queremos que la normativa del Gobierno central sea flexible: entre el martes y el miércoles esperamos tener claro cuál es su posicionamiento y, si sigue siendo rígido y obligatorio para todas las comunidades autónomas en cuanto a los horarios de la hostelería, lamentablemente tendremos que presentar un conflicto de competencias", ha sentenciado.
Así lo ha manifestado tras participar en un acto en Santiago, donde ha detallado que la asesoría jurídica de la Xunta "ya tiene avanzada la posición" en relación con las medidas que el Gobierno central publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El presidente gallego ha admitido que la última redacción del Gobierno central es "un poco más amplia que la inicial", al no ser obligatorio para las comunidades seguir los parámetros epidemiológicos -como en la resolución inicial-, lo que supone "un avance".
"Pero seguimos en desacuerdo con que haya un horario rígido para la hostelería y una norma rígida hasta que se consiga la inmunidad por el número de personas vacunadas en España", ha proseguido.
De este modo, la Xunta de Galicia estudia presentar un recurso de incompetencia ante el Tribunal Constitucional, al entender que el Gobierno central está "invadiendo las competencias de una comunidad autónoma".
En todo caso, Núñez Feijóo ha incidido en que le gustaría "no tener que hacerlo", tras lo que ha expresado su voluntad de que, del mismo modo que hubo "una variación en positivo" entre la resolución inicial y lo publicado en el BOE, el Gobierno central y las comunidades "vuelvan otra vez a sentarse a pulir y ajustar esa resolución".
Galicia fue, junto a Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Murcia, una de las comunidades que votó en contra del Documento de Actuaciones de Respuesta Coordinada para el Control de la Transmisión de la Covid-19, aprobado el pasado miércoles en el seno del CISNS.
"Hay varias comunidades, no sólo las que votaron en contra, que están planteando la posibilidad de un ajuste de las medidas a la situación de cada lugar, que es lo lógico: no tiene sentido diseñar unas medidas para el 10 de junio y pensar que van a ser las mismas para el 10 de agosto", ha zanjado.
La comunidad gallega no es la única que ha planteado medidas contra esta última normativa del Gobierno central: la Comunidad de Madrid ha presentado este mismo lunes un recurso ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Sanidad.